Polo Democrático Alternativo

En la Plataforma Política del Polo Democrático Independiente se establece como propósito central de su acción la contribución en la “construcción, defensa y consolidación del Estado Social de Derecho”; la aspiración por hacer “realidad los postulados básicos la Constitución de 1991”, y su compromiso con la democracia.

La democracia entendida como “procedimiento para participar, decidir y elegir; como método para el tratamiento de todos los asuntos públicos y los diversos conflictos” y “como vía segura hacia la solución de los grandes problemas nacionales”.

La adopción de la “vía democrática” tiene varias implicaciones: la defensa de la institucionalidad democrática que establece una línea divisoria con las soluciones autoritarias expresadas con fuerza en la actualidad por el gobierno del Presidente Uribe; como práctica para la “refundación de la política” que obliga a enfrentar la corrupción y el clientelismo político; y, como método pacífico de solución de conflictos.

Se trata de una definición que establece una diferencia programática radical con aquellas opciones que defienden la lucha armada como factor de transformación política y como expresión de lucha popular para lograr la justicia social.

Las siguientes tesis pretenden contribuir al debate sobre el Programa Político y a la preparación del Congreso fundacional del PDI.

Primera Tesis: La Democracia se ha convertido en un concepto tan amplio que practicamente todas las fuerzas políticas y sociales dicen ser expresión auténtica de ella.

El concepto se presta a múltiples significados, a tal punto que hoy la democracia parece ser “cualquier cosa”. Nelson Mandela señaló en alguna ocasión que por efecto de su generalización, la democracia se ha convertido “en un cascarón vacío”; en una retórica llena de rituales sin sentido (Saramago).

Estas apreciaciones sobre los contenidos ambiguos de la democracia parecen confirmarse con dramatismo en Colombia. Según mediciones confiables solo el 10% de la población nacional se declare satisfecho con su funcionamiento actual. En América Latina, según datos recientes, cerca del 44.9% dijo estar dispuesto a apoyar un gobierno autoritario que resolviera los problemas económicos de su país.

Entonces, a que se refiere la Plataforma del PDI cuando aspira a convertir esta fuerza política en el centro de la lucha por la democracia?

No es difícil concluir que existe un primer acuerdo básico: la democracia tiene un sentido integral que abarca no solo la definición de unas reglas y procedimientos que fijan las condiciones de acceso al poder político (principios, instrumentos y mecanismos, por lo general de carácter electoral), sino que es en si misma un método de solución pacífica de los conflictos, un camino nunca acabado en la búsqueda del consenso para enfrentar los problemas del país. Pero también, cada vez con mayor fuerza, la democracia se define como un sistema social que propugna por la igualación básica de los ciudadanos y las ciudadanas. Por “igualación básica” entendemos un piso de derechos y capacidades que elimine las restricciones materiales al ejercicio de unos derechos y libertades indispensables al ser humano. Sin este último aspecto, el la proclamación de los derechos es un “cascarón vacío”.

Por consiguiente, la democracia no es una categoría que se reduce a la pugna poor transformar el régimen político - lo cual es indispensable-, sino que implica un modo cotidiano de resolución de disputas tendiente a superar la exclusión y la discriminación.

Para el PDI el ejercicio de la democracia no permite disociar los medios de sus fines ni se agota en una definición instrumental de sí misma. Por ello, la democracia se define también en orden a la realización de una proyecto de buena sociedad.

Segunda Tesis: Un régimen político realmente democrático es una condición indispensable de la democracia.

En Colombia, subestimar la necesidad de una reforma sustancial a las reglas de juego que permitan acceder en condiciones de igualdad y transparencia a los poderes del Estado, puede conducir a diluir un aspecto de fondo en la construcción de un orden político democrático: la urgencia de erradicar el clientelismo como sistema de dominación política y como la expresión más grave de la corrupción.

Con alguna frecuencia el reclamo a favor del cambio del régimen político-electoral ha sido minimizada pues se considera un ejercicio limitado y cosmético, puramente “superestructural”, que deja de lado problemas apremiantes de la sociedad.

Sin embargo, las redes clientelistas y el predominio del dinero en el acceso al poder obligan a prestar especial atención a las reglas de juego político-electoral. La ruptura del pacto clientelista-autoritario que se está profundizando, es una condición básica para encarar problemas estructurales como el conflicto interno, la pobreza y la desigualdad económica.

Al PDI le corresponde evaluar el impacto de la reciente reforma política e insistir en la creación de un poder electoral realmente independiente; en el control a la influencia de los grupos económicos en la financiación de las campañas, y en la adopción de medidas que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos y cargos públicos, que hoy son usados en función de la política tradicional.

Sin un cambio en esa realidad que ha conducido a la privatización clientelar del Estado, discusiones como la adopción de un sistema parlamentario para frenar al presidencialismo autoritario y la reelección uribista, quedan reducidas a ejercicios de pura ingeniería constitucional que podrían conducir incluso a reforzar el esquema clientelista y a postergar la construcción de un régimen democrático-representativo.

Tercera Tesis: La democracia necesita de un Estado para todos y todas.

El ejercicio del régimen político y de las relaciones sociales se fundamenta en la existencia de una autoridad pública legítima y organizada que responda a unos propósitos nacionales. En Colombia, la democracia como regulación puramente electoral, no es una realidad que opere en todo el territorio nacional. La existencia de poderes fácticos ilegales como la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y otras formas menos visibles de violencia impiden el ejercicio de la soberanía y, por consiguiente, excluyen a una parte significativa de la población del ejercicio de la democracia.

En varios casos los ejércitos privados del narcotráfico se articulan al gamonalismo político y a las clientelas electorales regionales. En otros, esos mismos actores en competencia con las guerrillas se han apropiado de los poderes estatales regionales y han convertido la democracia electoral en una simulación perversa de elegidos y electores.

Durante los diferentes gobiernos tradicionales, liberal-conservadores, la presencia de las autoridades en estas regiones se han limitado a la regulación predominantemente del “orden público”, sin ninguna conexión con la política social o cuando han intentado respuestas más integrales han quedado atrapadas poor la mediación clientelista.

De hecho en una parte significativa del territorio ni existe el monopolio legítimo del Estado sobre la fuerza, ni tampoco este puede activar algunas de sus funciones básicas como la seguridad, la justicia y los servicios básicos. De allí que el PDI propenda por la presencia legítima de las autoridades en la geografía nacional. El control territorial por el Estado debe incorporar no solo la presencia de la fuerza militar legítima sino tambien servicios sociales básicos, sin la apropiación clientelista tradicional.

Sin esta condición cualquier cambio democrático tendrá un alcance limitado y, poor tanto, profundizara la fragmentación territorial, la desigualdad y las inequidades regionales.

Cuarta Tesis: La Constitución de 1991 es la expresión de un proyecto colectivo, pluralista y democrático.

El Pacto político y social construido poor en la Asamblea Nacional Constituyente no fue producto de una hegemonía excluyente, sino el acuerdo de diversas fuerzas que confluyeron en un proyecto de democracia posible, en una correlación de fuerzas políticas y sociales determinada.

La Constitución abrió las puertas para un nuevo ejercicio político basado en los derechos, en el pluralismo y en una nuevo equilibrio de poderes. Sin embargo, aunque las reglas de acceso al poder fueron objeto de significativas transformaciones, no se logró configurar en definitiva un nuevo régimen político democrático.

El retorno de las fuerzas clientelistas en el período post-constituyente, la fragmentación de alternativas como la Ad-M19, y la decisión de las FARC y el ELN de mantenerse alejados de esta dinámica de cambio pacífico explican esa realidad. El proyecto democrático quedó inconcluso.

Con todo, el orden político tradicional se ha ido resquebrajando en medio de un escenario contradictorio y pendular. Por una parte, han surgido nuevas fuerzas político-electorales y sociales, especialmente nivel regional, con una presencia importante en las principales ciudades; de otra, asistimos a una presión por volver a una manejo autoritario y clientelista de la política.

Entre un viejo orden que no fue totalmente sepultado y un nuevo régimen que no logró su consolidación, hasta ahora la Constitución del 91 no había sido objeto de ataques globales con posibilidad de éxito. Solo la polarización que ha producido la estrategia de armas sin una propuesta política de la guerrilla y el surgimiento del proyecto autoritario que representa Álvaro Uribe han sentado las bases, ahora sí reales, para se esté produciendo un ataque integral contra sus elementos esenciales (derechos, tutela, Corte Constitucional, presidencialismo limitado, regulación de los estados de excepción, etc.).

El PDI debe asumir la defensa integral de la Constitución y profundizar en el desarrollo de sus principios para evitar que su mandato sea reducido a un agregado de buenas intenciones subordinado a un orden institucional autoritario.

Para evitar que se abandone esta Constitución garantista y se adopte una Constitución antiterrorista es indispensable defender el papel de la Corte Constitucional, su independencia en defensa de los derechos fundamentales y su tesis según la cual no es viable que el Congreso o el Ejecutivo desnaturalicen los pilares básicos del acuerdo del 91.

Y allí donde el proyecto autoritario reclama más facultades sin controles, este proyecto de democracia insistirá en los límites del poder; allí en donde se pretenda modificar el elemento esencial de un régimen presidencial controlado creado poor la Constitución por otro que permitan la reelección del Presidente Uribe le corresponderá al PDI defender la divisiónde poderes y el sentido de la democracia constitucional en la cual no basta con invocar la mayoría para cambiar la Constitución, pues su reforma en aspectos sustanciales debe ser producto de un consenso pluralista.

Dos observaciones puntuales: en el aspecto económico la Constitución de 1991 no es la expresión de una imposición hegemónica pues ella permite distintas opciones de política económica. Poor ello, resulta impreciso y políticamente erróneo calificar el pacto del 91 como la expresión de una opción neoliberal. El sesgo a favor del mercado en la prestación de ciertos servicios como la salud y la educación, tiene origen en el curso que tomó la política en el escenario post-constituyente, cuando el gobierno Gaviria optó poor los auxilios parlamentarios para lograr la aprobación de una agenda económica neoliberal y privatizadora, y no por las innovaciones que se incorporaron en la Asamblea Constituyente. Con la Constitución de 1991 se puede avanzar en una política social consonante con los postulados del Estado Social de Derecho.

Finalmente, la defensa “integral” de la Constitución no significa petrificar su contenido democrático. Más aún, en algunos casos sus reformas pueden ser indispensables para avanzar en la democracia. Como todo pacto, la Constitución puede ser objeto de cambios. En estos casos, el PDI reclama que ellos estén en consonancia con los principios y valores fundamentales que dieron lugar a su expedición en 1991.

Quinta Tesis: El PDI debe contribuir al desarrollo de la participación ciudadana como expresión del Estado Social de Derecho, y dirigir sus esfuerzos a la remoción de los obstáculos que se han impuesto para su ejercicio poor los poderes dominantes.

Como reacción a los limites de la representación, la participación es el camino para dar sentido real a la soberanía popular. Como expresión de la Constitución de 1991 apunta a lograr que la ciudadanía influya en los procesos de toma de decisiones del Estado y en el control sobre las mismas.

El fortalecimiento de la democracia participativa ha servido para abrir espacios al multiculturalismo y a la diversidad y para dar algún poder y entidad a sectores de la población tradicionalmente excluidos o discriminados, como las mujeres, los jóvenees, los indígenas y las negritudes.

La participación ciudadana ha tenido un desarrollo desigual: mientras que a nivel nacional sus efectos han sido precarios, en los ámbitos locales y regionales ha logrado desarrollos importantes. Mecanismos como las audiencias públicas ciudadanas, y la elaboración de planes de desarrollo son una expresión abierta de la democracia que permiten abrir nuevos escenarios para el control ciudadano y para el manejo transparente de los recursos. Pero sin duda el más importante de estos mecanismos de participación es el presupuesto participativo.

Sin embargo, la participación corre el riesgo de ser instrumentalizada con propósitos no democráticos. Uno de ellos es su reducción a la pura deliberación simbólica, sin consecuencias vinculantes y sin que se establezca un seguimiento ciudadano eficaz a las decisiones de las que se hace partícipe.

Otros aspecto es el referente a la participación como método para la asignación de recursos. Cómo armonizar las grandes inversiones con los reclamos locales o comunitarios a favor de ciertas urgencias y necesidades. En algunos casos, la respuesta ha sido la asignación de un porcentaje del presupuesto a este tipo de demandas sin sacrificar el cumplimiento de las metas de gobierno respaldadas en las elecciones. En otros, simplemente se ignora la presión ciudadana y se le hace partícipe de una lógica refrendataria.

Durante el gobierno Uribe se han realizado más de 60 “Consejos Comunitarios” a los cuales han acudido cerca de 30.000 personas. En estos consejos se ha puesto en marcha los principios del “Estado Comunitario”.

Más allá de la discusión sobre el carácter autoritario y de inequidad que pueden oscurecer este esquema, el impacto de tales acciones gubernamentales ha sido significativo. De hecho, esta práctica ha venido cambiando el esquema de “hacer política” con un efecto mulpiplicador sobre la acción de los mandatarios locales y en la percepción de diferentes comunidades sobre la eficacia del gobierno nacional para resolver sus problemas.

En los Consejos Comunitarios se establece una relación directa entre el Presidente y las demandas municipales y regionales. De hecho, el impacto que ha tenido esta práctica se evidencia en las acciones de muchos alcaldes y algunos gobernadores que están reproduciendo el mismo modelo “participativo” de la era Uribe. Sin embargo, una mirada atenta muestra que el formato gubernamental desplaza las competencias y responsabilidades de las autoridades locales sobre asuntos de su órbita y crea expectativas desmedidas sobre la capacidad de respuesta del gobierno nacional frente a los problemas planteados. Por ello, la participación que promueve la administración Uribe corresponde a un modelo de populismo de derecha que se conjuga con la restricción sobre las libertades públicas y las garantías ciudadanas.

Algunos sectores señalan que el balance de los consejos es precario dado que menos del 5% del presupuesto de este año ha correspondido a cubrir las prioridades establecidas por los sectores que han participado en estos ejercicio.

Le corresponde al PDI idear un modelo de participación que no se agote en una técnica de gestión para elevar la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos o de refrendación de políticas gubernamentales.

La participación como expresión de la lucha por “democratizar la democracia” deb considerarse como un instrumento de cambio en las relaciones de poder y como mecanismo para el surgimiento de una nueva cultura política en la cual la ciudadanía participe en la decisión de los asuntos públicos y en el control efectivo y vinculante a la gestión de los servidores estatales.

Sexta Tesis: Desde 1991, el proyecto democrático se ha visto afectado por los altos niveles de inequidad y pobreza generados por la aplicación de políticas económicas excluyentes sin atender las demandas a favor de la justicia social.

De hecho, la soberanía de democracia alcanzada se ha reducido por efecto del predominio del capital financiero internacional, del FMI y por el desplazamiento fáctico de las decisiones que corresponden al estado colombiano hacia nuevos centros de poder.

La tendencia creciente hacia la pérdida de legitimidad de la democracia tiene una relación directa con esta situación y no podrá ser revertida si el proyecto democrático no se plantea seriamente un programa que haga compatible los derechos políticos de la ciudadanía con una política de inclusión social (ciudadanía social).

Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un Estado fuerte y legítimo que enfrente adecuadamente los retos de la globalización. Un estado débil, fragmentado y precario, aunque sea autoritario, no puede aspirar a nada diferente de garantizar una democracia puramente electoral. Por ello, el dilema planteado no es entre cúanto Estado y cúanto mercado son necesarios para enfrentar la exclusión, sino cúanto mercado debe permitir la democracia.

En segundo lugar, el PDI debe defender la idea según la cual sin un nivel adecuado de democracia no es posible avanzar en la superación de la injusticia y la desigualdad. En efecto, como lo señala el reciente estudio sobre el desarrollo de la democracia en América Latina, realizado a instancias de Naciones Unidas “sólo en democracia, quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias de la desigualdad pueden reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos”.

Por consiguiente, una opción democrática debe promover la expansión de las libertades públicas como vía para que los sectores excluidos puedan usarlas en su lucha por el reconocimiento material de derechos que le han sido negados por el mercado y el sistema económico.

De otra forma, las políticas orientadas a la erradicación del hambre y la pobreza continuarán capturadas por la distorsión que marca las prácticas clientelistas o paternalistas.

Como se señaló anteriormente, esta lectura sobre el sentido y el alcance de la democra obliga a promover una política que establezca un mínimo de igualdad ciudadana que confiera a todos y todas un rango básico de opciones para elegir y ejercer su autonomía.

Allí caben opciones como las planteadas por el informe del PNUD sobre la democracia, o las que se ventilan en Brasil a favor de una ”renta mínima básica”. Se trata de fórmulas que rompan con el modelo tradicional de ciudadanía de “baja intensidad “ en el cual los derechos de ciudadanía no se pueden ejercer de manera efectiva simplemente porque carecen de derechos sociales y civiles mínimos.

Séptima Tesis: La democracia es una construcción social. Por consiguiente, el PDI debe identificar como fuerza política a qué sectores de la sociedad representa.

Los procesos adelantados en algunos paises de América Latina pueden ser ilustrativa. A nivel municipal la tensión entre la representación social del amplio espectro de los sectores afectados por la política económica favorable al mercado y la voluntad de “ gobernar para todos” no ha conducido a conflictos insolubles. Pero cuando se accede al gobierno nacional y las decisiones que afectan a sectores dominantes a través de medidas como la reforma a la estructura tributaria o impositiva, las relaciones no sólo son más complejas sino que requieren de definiciones muy precisas en relación a la fuerza social que representa una opción democrática y a la definición de los sujetos sociales y políticos del cambio.

En fin, la lucha por “democratizar” la democracia; por establecer una relación activa y creativa hacia este aspecto programático; por rescatar la igualdad política y social frente a las profundas inequidades que se han generado en el período anterior.

Estos son algunos de los aspectos que faciliten la ubicación ideológica del PDI y que podrían contribuir a la construcción de una acuerdo de voluntades para darle fuerza al partido de la democracia.