Es un lugar común en los análisis sobre el conflicto armado que se vive en el país desde hace más de cincuenta años -y que si existe- que este tiene sus raíces en un campo antidemocrático, autoritario y profundamente desigual.
Las cifras y la realidad así lo demuestran; en 1985 diez mil propietarios tenían el 30% de la tierra y doce millones de propietarios el 70%, para el año 2003, diez mil propietarios habían aumentado su participación a un 60% y a quince millones de propietarios, le correspondía el restante 40%, estas cifras son la prueba contundente de la alta desigualdad producto de la hiper-concentración de la propiedad rural.
La tierra ha sido el motor y la mayor motivación para el ejercicio de la violencia, lo fue en los años cincuenta, cuando se produjeron trescientos mil muertos, bajo la fachada de una guerra civil entre godos y cachiporros y lo fue entre el año 85 y nuestros días cuando se desplazo de sus parcelas a cuatro millones de colombianas y colombianas, en su gran mayoría, pobres, pero que subsistían en sus parcelas y ahora padecen hambre en las grandes ciudades.
No hubo reforma agraria, -pero si contra reforma- lo que habido es un permanente empujar a los campesinos a nuevos territorios de colonización, para luego aplicarles la política de plata o plomo y nuevamente llevarlos a buscar nuevos territorios, así fue en los años sesenta y setenta, hasta que ya no hubo a donde correr más y se tensionaron los conflictos, que han sido aprovechados por los armados de todas las pelambres para agenciar sus agendas.
Todo este proceso ha sido posible por que no hay voluntad de reformas en las elites del país, por que el campesinado no ha podido estar organizado y representado políticamente y por que el narcotráfico ha sido un gran disolvente de una acción colectiva, agenciado una política de sangre y terror en los campos colombianos.
Cualquier agenda de cambios tiene como punto central, las reformas del campo, lo cual no ha sido posible, por que los terratenientes de viejo y nuevo cuño están sobre-representados en el sistema político colombiano y el campesinado esta disperso, criminalizado y su voz y sus propuestas no tienen mayor eco en la Colombia urbana, a pesar de que desde el autoritarismo rural, se frena y distorsiona el desarrollo de todo el país.
Ejemplos de la tragedia que se vive en el campo hay por miles, para mencionar uno; la marcha que adelantaron campesinos e indígenas desde el Cauca, hace una semana, con una consigna muy diciente “Hay hambre”, y no es exageración, lo que se esta viviendo en muchos territorios del Cauca es que ya no se puede hablar de minifundio, sino de microfundíos, que las comunidades no logran garantizar el mínimo para la subsistencia y que hay grandes extensiones de tierra, que no son adecuadamente explotadas y que pueden ser utilizadas para garantizar la vida digna de miles y miles, que hoy están sometidos a la ignominia.
Lo más paradójico de esta situación, es que un capitalismo moderno pasa por resolver los temas de la propiedad rural y un uso racional de este potencial económico, donde el debate es igualmente pertinente, por que esa minoría de propietarios siempre se han rehusado a una tributación efectiva, optando por posturas parasitarias e ineficientes.
Ahora que se avecina el debate presidencial del 2010, que se discute sobre el momento en que se encuentra el conflicto armado, debemos volver a pensar y debatir sobre los temas agrarios, los cambios que se requieren y sobre todo, como equilibrar la voz y la incidencia de 15 millones de campesinas y campesinos que no merecen seguir subyugados por 10 mil propietarios.
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