Polo Democrático Alternativo

Un coronel de la Policía fue ascendido hace unas horas a general. Se trata del más alto honor para los uniformados que se han distinguido por la rectitud de sus actos en defensa de la Nación y de sus habitantes cuya seguridad y vidas, juró defender.Preguntarán ustedes qué tiene de raro un ascenso. Haré el resumen de lo que provocaría rechazo social en cualquier parte del mundo menos en Colombia, y me entenderán. Ocurrió en Medellín en el año 1997 y siguientes:

Caso: investigación disciplinaria.

Motivo de la investigación: 1.449 interceptaciones telefónicas ilegales que posteriormente alguien trató de regularizar mediante la falsificación de las firmas de, al menos, dos fiscales.

Implicados: miembros del grupo Gaula de la Policía de Medellín y un funcionario de las Empresas Públicas de esa misma ciudad (EPM).

Hechos: En octubre del 2000, unos funcionarios enviados por la Procuraduría para investigar la desaparición forzada de dos jóvenes, hicieron una visita especial a la Oficina de Vigilancia y Control de EPM, sitio donde se reciben las órdenes judiciales para interceptar teléfonos. Los investigadores querían buscar pistas de los desaparecidos en la memoria de sus celulares. En efecto, hallaron cosas tremendamente sospechosas:

Una, que los jóvenes desaparecieron cuando andaban tras la pista de familiares que también habían desaparecido. Dos, que se los llevaron a la fuerza cuando salían de una cita en la Fiscalía, cita que habían concertado precisamente a través de su celular. Tres, que el mismo grupo de policías había realizado miles de interceptaciones telefónicas con el mismo procedimiento.

Posteriormente los investigadores descubrieron un agravante más: que las firmas de dos fiscales, necesarias para legalizar las órdenes, eran falsificadas. Pese a que los fiscales declararon que su rúbrica había sido suplantada, la Fiscalía General, entonces a cargo de Luis Camilo Osorio, cerró el caso sin preguntar siquiera por los desaparecidos y la relación que podía haber entre las interceptaciones y la desaparición.

No ocurrió lo mismo con la Procuraduría. Con las pruebas que tenían los investigadores se demostró que los miembros del Gaula eran responsables por el manejo ilegal de las escuchas. El comandante del Gaula en esa época y jefe de los anteriores funcionarios, era un coronel que hoy es un flamante general: Mauricio Santoyo, quien con el paso de los años no sólo ha logrado evadir la sanción que le impuso el Procurador –destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por cinco años– sino que fue ‘premiado’ con el cargo de Jefe de Seguridad del Presidente de la República y ahora, con este ascenso.

Los abogados de Santoyo interpusieron toda clase de acciones, muchas improcedentes, para entorpecer y evitar la sanción, incluyendo leguleyas como las de no dejarse notificar; seis o siete tutelas, todas negadas por los jueces, y finalmente, recursos ante el Consejo de Estado. Pese a que todos los policías que trabajaban con él sí fueron sancionados (vaya paradoja), él salió indemne y logró que le suspendieran la destitución, al menos temporalmente. Hados políticos lo tocaron con su varita mágica de poder. Pero hay algo que no podrán ocultar: la vergüenza para el país y para la propia Policía Nacional.