Polo Democrático Alternativo

El sector educativo sin duda resulta ser el más afectado. Más de 45 billones de pesos se dejaran de invertir en los próximos ocho años, lanzando prácticamente al vacío la esperanza de un derecho real y efectivo a una educación gratuita, de calidad, para todos y cada uno de las y los colombianos, en particular los más pobres. No bastaron las enérgicas denuncias por parte de amplios sectores de la sociedad colombiana: Senadores y Representantes a la Cámara de la oposición democrática, del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; de la Federación Colombiana de Educadores y de los organismos de control como la Contraloría General y la Procuraduría; los análisis y estudios de prestigiosos Institutos de investigación como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y de otras universidades públicas; los continuos señalamientos de los Gobernadores y Alcaldes de distintos municipios y departamentos del país ó la airada protesta de los estudiantes, padres de familia y de los trabajadores; en fin, todos aquellos que se percataban sobre la encrucijada que le espera a la nación en esta y otras materias con la aprobación de la Reforma a las Transferencias. Las mayorías uribistas “a pupitrazo limpio” ampararon la aprobación de la iniciativa.

La sociedad entera advirtió una y otra vez, casi hasta la saciedad, los gravosos efectos que tendría esta nueva reforma constitucional al vivenciar los innegables resultados adversos que se han derivado del Acto Legislativo 01 de 2.001 y la Ley 715 de 2.002 que en esa época lo reglamentó. No obstante, en un acto que sólo puede calificarse de insulso, la coalición uribista siempre hizo oídos sordos a cualquier consideración y continuó con las directrices del Palacio de Nariño, convertido a la postre en el vocero oficial del Fondo Monetario Internacional quien ha estado animado estos lamentables insucesos y que castigan “de muerte” la educación pública.

El Acuerdo Nacional por la Educación, que supuestamente “mejoraba” en un poco más de $1.4 billones los recursos para el sector de la educación en la fórmula de las transferencias, además de excluyente (pues el mal llamado “Acuerdo” no contó con las voces de FECODE para lograr una salida conciliada), resultó ser otro de los sofismas con lo que se pretendía desviar la atención sobre el problema y desvanecer así el creciente ímpetu que mostraban las movilizaciones sociales que a nivel nacional congregaban fuerzas para rechazar este atentado en contra del Derecho a la Educación.

Los más recientes acontecimientos dejan en claro que, en últimas, la cuestión es la falta de voluntad política para invertir en la educación de los colombianos y que las intenciones del Gobierno por socavar a la educación pública colombiana se mantienen. Aquí no solamente se incumplió la promesa hecha hace 6 años en el sentido de eliminar el funesto régimen que propició el Acto Legislativo 01 de 2.001 (en el 2.008) sino que también se incumplieron los acuerdos que se habían pactado con FECODE quien en un acto de concertación decidió suspender el paro que los mismos docentes habían decretado en forma indefinida.

La respuesta del Gobierno, por el contrario, ha sido la decisión de continuar con la reforma y, en otros escenarios, profundizar la violencia de la mano del Ministerio de Educación Nacional y sus decretos de “ilegalidad” de la protesta y seguir insistiendo con el trato discriminatorio frente a la legítima movilización social. La intransigencia del Gobierno se comparece con el cinismo que ha manifestado recientemente la Ministra de Educación al desconocer la grave crisis del sistema educativo al seguir defendiendo lo indefendible que resulta el recorte a las transferencias.

La lucha no acaba aquí y antes bien continúa por la defensa de nuestro Derecho a la Educación. Sólo la movilización popular y la denuncia pública de estos atentados consolidarán las fuerzas y la unidad necesarias para impedir que se cometan más y mayores abusos por parte del régimen que actualmente nos atropella.

Todos y todas, compañeros y compañeras, somos pieza clave para superar el actual marasmo por el que desafortunadamente atraviesa nuestra Nación colombiana y poder así construir un futuro mejor.