En Colombia hay tierra para todos. Lo que falta es gobierno para todos.
Cuando la diatriba del presidente Uribe, para decirlo en broma, me sacó del clóset del silencio voluntario en medios, en temas distintos al trabajo de ayudar a organizar el Polo, me sorprendí sobremanera.
Dijo el doctor Uribe que yo era un instigador de la violencia contra su hermano porque había afirmado que don Santiago poseía 250.000 hectáreas.
Busqué en la prensa cuándo había hecho yo tan rimbombante declaración y la verdad, no la encontré. Pero sí encontré que hace año y medio, en el 2005, cuando era candidato presidencial del Polo, había planteado el problema de la distribución de la tierra rural en el país. Dije entonces que de acuerdo con el Dane, un poco más de 13.000 personas naturales eran dueñas de 22 millones de hectáreas y que una de ellas era el inefable hermano del señor Presidente.
Tal vez el doctor Uribe fue mal informado o es un poco flojo en la aritmética, pues 22 millones dividido por 13.000 es un poco mas de 1.700 hectáreas en promedio. Don Santiago tiene un tanto menos, pero para el caso no importa, pues argumenté que la necesaria democratización de la tierra rural, la que podemos llamar Reforma Rural, para no llamarla con el impreciso y desgastado nombre de Reforma Agraria, era una necesidad inaplazable que no se iba a producir en un gobierno como el del doctor Uribe, porque su familia -y podía haber agregado que él mismo- era de finqueros, de dueños de tierra.
El tema rural es un asunto mayor de la agenda democrática del país. La solución de nuestro conflicto armado pasa obligatoriamente por una Reforma Rural integral, incluyendo la democratización de la propiedad de la tierra. Además, si queremos avanzar en el logro de las metas del milenio, lo rural es clave porque es en el campo donde la pobreza extrema es mayor.
Nuestro conflicto interno es histórico y rural. Histórico, porque empezó a finales de los 40 por la virulencia del enfrentamiento político, que después se volvió armado, entre liberales y conservadores. Rural, porque es en el mundo rural donde está su centro de gravedad estratégico. Y como es un conflicto político-militar, la política en el terreno, con la población más próxima a él, es clave en la búsqueda de su solución.
Los campesinos que viven en las llamadas "zonas de colonización", especialmente en el suroriente de Colombia, llegaron allá expulsados por la violencia y por la falta de tierra y oportunidades en su área de origen. Ese pueblo es la base social de la insurgencia, en parte voluntaria y en parte forzada. Mucha gente no ama a las Farc, pero ama bastante menos al Estado. Sin la decisión de esa población, al menos de la mayoría de ella, no hay fuerza militar que pueda forzar una solución del conflicto. Y esa decisión no se consigue simplemente hablando de patria, sino de veras haciendo Patria, logrando que esos campesinos curtidos y sufridos sientan que existe leche y miel para ellos, que tienen por primera vez una oportunidad sobre la Tierra.
Pero la situación en la Costa Caribe es aún peor. Cuando uno va a las vegas del río Sinú en Córdoba, las tierras más fértiles de Colombia y tal vez del mundo, lo deslumbra el verde de los pastos y le sobrecoge el alma la pobreza de los campesinos. Casitas misérrimas de techo de paja y niños famélicos, rodeadas de extensas dehesas de cebúes sobrealimentados. Viven mejor los toros que las gentes. Y la mayoría de los propietarios son finqueros paisas, algunos de apellido Uribe, que están en una nueva colonización hacia el norte. La de hoy, a diferencia de la de hace 100 años en el eje cafetero que se sustentó en el café en pequeñas parcelas, se centra en la gran propiedad, en el hato ganadero y en la desigualdad social extrema. La democracia rural es clave. En Colombia hay tierra para todos. Lo que falta es gobierno para todos.