Barrancabermeja-. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha definido la venta de la quinta parte de ECOPETROL, o sea el 20% de sus acciones al “sector solidario o al capital transnacional”.
El negocio se ha presentado como la democratización de la empresa estatal más grande del país, con la venta de sus acciones progresivamente pasará de ser hoy, propiedad de 41 millones de colombianos a unos cuantos propietarios particulares nacionales y unos monopolios multinacionales mañana. Esa es la forma retorcida de la democracia que concibe Uribe por eso su gobierno está claramente probado como una plutocracia, término utilizado para definir lo que es gobernar para los ricos.
Ahora están oportunos a presentarse a la compra de las acciones de ECOPETROL los importadores de baterías reciclables, los asesores de la banca de inversión, los testaferros de los funcionarios del Banco Mundial, es decir, los Fernandos Londoños de segunda generación.
Para tal efecto, en estos días anunciaban el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía y el presidente de ECOPETROL, Isaac Yanovich - ahora en tránsito de regreso al sector privado al que siempre pertenecieron y representaron en el gobierno- que en una de sus últimas reuniones como ministro y presidente saliente de la compañía acordaron con el gobierno la venta del 20% de las acciones de ECOPETROL al sector privado y para cuidar la forma informaron que éstas inicialmente se ofrecían al sector solidario.
La medida entraña un golpe artero a la soberanía económica de la nación y un asalto a los colombianos porque la venta de una quinta parte de ECOPETROL es el inicio de la privatización total de la principal empresa del país, pero es además una falta a la palabra comprometida del gobierno dicha en publico y escrita en documentos de que la empresa no sería privatizada.
El 27 de junio de 2003, veinticuatro horas después de firmado el decreto 1760 que dio lugar a división de ECOPETROL para crear de este fraccionamiento la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la transformación de ECOPETROL por acciones y la Promotora de Energía de Colombia S.A, el presidente Uribe expresó lo siguiente ”El decreto 1760 no se expidió para privatizar a ECOPETROL, se hizo para mejorar la capacidad de la empresa que le permita desarrollar sus actividades, el gobierno garantiza que las tres empresas serán 100 por ciento públicas, tendrán como accionistas a entidades oficiales y quedaran blindadas para impedir que puedan ser privatizadas. ( ver: Pág. Web presidencia de la república, Centro de información SNE de la fecha). Igualmente en acta de acuerdo que permitió el levantamiento de la huelga del 2004, el gobierno a través de sus representantes en esa negociación, firmaron el compromiso de no privatizar a ECOPETROL.
Está decisión obedece a unas exigencias norteamericana en materia de hidrocarburos al Estado colombiano luego no es una determinación autónoma sino impuesta y acogida mansamente por Uribe, pero igualmente presionada por el ministro saliente y el presidente de ECOPETROL, claramente interesados en estos negocios con los privados, las multinacionales y el Banco Mundial
La venta de estas acciones de ECOPETROL significará transferir cerca de 7,5 billones de pesos en términos de propiedad de los activos de ECOPETROL a los privados, o 2, 7 billones de pesos en relación al patrimonio de la empresas, con la cesión a participar en todos los rendimientos que estos activos tienen en el ciclo productivo de la empresa. Los trabajadores de ECOPETROL ya no trabajarán para una empresa que es de los colombianos sino que lo harán para unos particulares y sus intereses y las utilidades de la empresa ya no serán 100 por ciento para la nación sino que ésta recibirá una parte y los privados la otra y para estos últimos la parte de la torta será mayor en la medida en que mas acciones obtengan porque el negocio es tener todo no una porción, sino ¿para que autonomía si el gobierno mantiene el control? Es aquí donde está el engaño del gobierno.
En conclusión el gobierno quiere privatizar a ECOPETROL, solo que tiene el obstáculo de que esta empresa es patrimonio de todos los colombianos, que tiene arraigo en sus gentes dispuestas a defenderla como uno de los más altos intereses de la patria, hagamos de la oposición firme a este nefasto proyecto la mejor acción de la democracia, movilicemos todos los sectores en defensa de la soberanía nacional, sus recursos naturales y las empresas del estado.