Polo Democrático Alternativo

Bogotá-. Nadie debe sorprenderse de que nuestra política produzca episodios tan lamentables como el que atribuyó al senador Rafael Pardo una propuesta de alianza antiurbista con las Farc y desembocó finalmente en una retractación asaz mezquina del Presidente y un golpe de desprestigio para varios de sus cercanos colaboradores.

No, nadie debe sorprenderse, porque estaba escrito y anunciado desde el momento en que el Congreso aprobó la reelección presidencial inmediata y convirtió al Jefe de Estado en candidato activo y a los organismos públicos en oficinas de campaña.

La ley de garantías dirá lo que quiera. Dirá que los informes de inteligencia recabados por el Estado no pueden cederse con fines electorales, como ocurrió, y dirá que el Palacio de Nariño no puede ser sede de campaña, como sucede. Nada de eso importa.

Asistimos, tal como lo pronosticamos algunos enemigos de la patria, al deprimente espectáculo de un gobierno en trance de reelección que utiliza sus recursos para aplastar a los rivales.

Juan Manuel Santos, cuya megalomanía conspiratoria lo ha hecho agente de numerosas movidas chuecas, se apuntó a una más. Lo sorprendente es que lo hiciera con datos privativos del gobierno, cuando él es apenas un político sin más derechos que los demás.

¿Quién se los dio? ¿Por qué un ciudadano particular comparte secretos del Estado y se da el lujo de esgrimirlos en la campaña electoral (para no hablar de su reciente viaje al Guaviare con el Presidente)? Si el candidato al que sirve no fuera Álvaro Uribe y la información resultara veraz, ya sería escandaloso. El que haya sido falsa lo ridiculiza, y su propósito de ayudar al candidato presidente multiplica la indignación. Las autoridades están obligadas a investigar cómo conoció Santos el asunto del supuesto cedé de Pardo a Tirofijo y los testimonios de informantes protegidos por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

Estallado el lío, Restrepo se precipitó a auxiliar al atribulado Santos, y desnudó así el dañado y punible ayuntamiento entre el Gobierno y la campaña uribista.

Pero, por si faltaran pruebas, Uribe ’in person’ rectificó la especie y corroboró, con ello, que el entuerto tenía origen palaciego. ¿Para eso pagamos los ciudadanos al presidente? ¿Para eso sostenemos su equipo de funcionarios? ¿Para que traspasen los datos que obtienen como gobernantes a fin de que se empleen en la campaña reelectoral de su candidato?

Pero, repito, que nadie se sorprenda por ello. Quien conozca el mapa genético colombiano podía imaginar que abusos como el que comentamos iban a producirse con la funesta reelección. Y vendrán más, porque, señoras y señoras, la campaña ni siquiera ha comenzado. Empezará el sábado, y ahí sí que habrá que tenerse fino.

Campaña que, entre otras cosas, ya exhibe sus vergüenzas con la presencia de paramilitares, narcopolíticos y otras joyitas en las listas. En este panorama es justo reivindicar el importante, saludable y a menudo silencioso papel que desempeñan muchos políticos de izquierda.

Senadores como Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolf y (mientras duró) Piedad Córdoba han sido estudiosos y valientes. Candidatos como Carlos Gaviria dan un ejemplo de inteligencia y sentido democrático. Gobernantes como Lucho Garzón realizan una brillante gestión.

Mucho se habla del despertar de la izquierda latinoamericana, fenómeno cierto y bienvenido que en otros países ha abierto las puertas del poder ejecutivo. Pese a ser una minoría y de padecer innegables defectos, la izquierda colombiana es de lo mejorcito que uno puede rescatar en ese pantano de podredumbre que es nuestra política, donde se manipula desde Palacio y la renovación consiste en elegir a los hijos de los padres y a las esposas de los vetados.

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