Por Alberto Castilla  
 
La historia reciente del movimiento social colombiano puede resumirse en una frase: la persistencia a pesar de la adversidad. A pesar de la violencia que ha acosado al movimiento sindical, del ataque permanente que ha cobrado la vida de varias generaciones de dirigentes campesinos, o de los proyectos etnocidas contra las comunidades indígenas y afrocolombianas, hoy el movimiento social se expresa en calles, resguardos y veredas, mostrando su inconformidad con las políticas que vulneran los derechos de las comunidades.

A pesar de la violencia y la persecución, las comunidades han logrado recomponer su fuerza social para convertirse en parte activa de la sociedad. Sus pliegos de peticiones, sus planes de vida, sus mandatos, son expresión de esa Colombia que busca un país en paz, con justicia social y con respeto a la madre tierra.   

Sin embargo, en las últimas dos semanas el movimiento social colombiano, en especial el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, viene sufriendo una creciente persecución contra sus líderes. Aparte de los habituales asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, el movimiento social hoy vive una oleada de capturas producidas en el marco de montajes judiciales que tienen una doble finalidad: mostrar resultados ante la opinión pública y estigmatizar al movimiento social para frenar su acción política. Por eso desde el movimiento social sostenemos que estos líderes detenidos están siendo víctimas de “falsos positivos judiciales”, para expresar que estamos ante montajes que buscan presentar resultados positivos en la labor investigativa, aunque aún haya profundas dudas sobre los hechos materia de investigación.

Hoy son objeto de captura dirigentes reconocidos por su labor en el movimiento campesino, estudiantil, juvenil, de mujeres y de defensa de los derechos humanos. Tales capturas se han dado con evidente vulneración a la presunción de inocencia y al debido proceso, en tanto el gobierno y los medios ya dan por cierto, sin que haya mediado una investigación judicial apropiada, que estas personas son responsables de los hechos que se les acusa. También se ha vulnerado su derecho a la intimidad y al buen nombre, en tanto los medios de comunicación han utilizado de manera indebida información privada para señalar y estigmatizar a las y los integrantes del movimiento social hoy detenidos. A lo anterior se suma que altos mandos de la Policía han hecho veladas acusaciones contra los abogados defensores de las personas detenidas, cuestionando así el derecho a la defensa y las mínimas garantías constitucionales.

Considero que tales detenciones atentan contra el derecho a la movilización, a la organización y a la protesta, pues buscan menguar el liderazgo social y político que cada una de estas personas ha demostrado en distintos espacios. Como Senador de la República y como dirigente del movimiento campesino, rechazo categóricamente esta persecución contra el movimiento social, y exijo garantías judiciales para las personas.

Preocupa seriamente que mientras el Presidente de la República proponga cambiar el lenguaje para dirigirnos a los actores armados, se viva una arremetida verbal y judicial contra los movimientos sociales que tienen  propuestas de paz. Por eso las actuales detenciones, que suceden cuando se avanza hacia la anhelada solución negociada al conflicto, demuestran la necesidad de que el Gobierno brinde reales garantías al movimiento social y a sus líderes para el libre ejercicio de sus derechos. Solo así será posible una paz con cambios. Y esta última requiere una paz con libertad.
             
Constancia
Plenaria del Senado
21 de julio de 2015