Por Alberto Castilla  
 
La semana pasada se anunció la entrega de resultados del Censo Nacional Agropecuario. La información que se conoce hasta ahora no arroja muchas sorpresas. Por el contrario corrobora las denuncias históricas del movimiento campesino que se ha movilizado con mayor fuerza en los últimos años para exigir una reforma agraria ante la elevadísima concentración de la tierra en Colombia, para denunciar el modelo de agronegocio que ha derivado en el aumento de cultivos permanentes en detrimento de aquellos que garanticen la soberanía alimentaria, y para denunciar el escaso apoyo que los gobiernos han dado a la economía campesina.

Pese a reflejar una historia conocida, las cifras que hasta ahora se conocen del Censo no dejan de ser preocupantes. En primer lugar, la altísima concentración de la tierra: el 69,9% de las Unidades Agropecuarias tiene menos de 5 hectáreas y ocupa menos del 5% del área censada, mientras el 0,4% tiene más de 500 hectáreas y ocupa el 41,1%. Apenas el 6,3% del área rural está cultivada. Y de esta, el 74,8% corresponde a cultivos permanentes, cifra que ha venido aumentando desde el censo de 1960, cuando ocupaba el  43,7%. Todos estos resultados alarmantes, que dan cuenta de un modelo de desarrollo rural profundamente excluyente. Acierta Juan Manuel Santos cuando, rayando en el cinismo, afirma que en el campo “está todo por hacer”, tras cinco años en la Presidencia de la República. 

Pero lo más alarmante del Censo es que no tuvo en cuenta al campesinado colombiano. Aunque suene paradójico, el DANE no contempló dentro de sus categorías al campesino ni a la campesina al momento de formular las cerca de 180 preguntas que hicieron parte del cuestionario. Aunque las directivas del DANE afirmen que el Censo Nacional Agropecuario no es un censo poblacional, ya que su finalidad es contar con información sobre la situación del campo colombiano, el Censo sí debería reconocer a quienes son sus principales habitantes, máxime si se tiene en cuenta que dentro de sus categorías, el DANE sí indagó por el número de “productores agropecuarios” y no de campesinos propiamente, con lo cual se desconoció la relación que el campesinado tiene con la tierra y la producción social del territorio campesino. Desconocer e invisibilizar a los campesinos y campesinas tiene profundos efectos políticos sobre la manera como el gobierno y distintas instancias se relacionan con el campo, el agro y sus sujetos.

No sorprende que luego de las movilizaciones agrarias, en las que el Presidente de la República se atreviera a asegurar la inexistencia de los paros y protestas, se continué desconociendo a sus principales actores. También preocupa que luego de tres años de iniciadas estas movilizaciones y de haber establecido canales de negociación con el campesinado colombiano, el gobierno continúe negando su existencia, ubicándolos en categorías en las que la mayoría de ellos no se reconoce. Una de las principales demandas campesinas en la actualidad, tanto a nivel mundial como nacional, está relacionada con la exigencia de que se reconozca al campesino, no como un simple productor sino como un sujeto colectivo que reivindica una identidad propia, en virtud de la cual demanda unos derechos específicos y políticas que reflejen su situación.

Teniendo en cuenta que el Censo Nacional Agropecuario es una herramienta para el diseño de políticas púbicas ajustadas a la realidad del campo, es previsible que sus resultados se utilicen para favorecer la visión modernizadora y excluyente del sector agrario (como la que impulsa el proyecto de las Zidres), si no se reconoce la existencia misma de los campesinos que se ven afectados por este modelo. Es por ello urgente impulsar políticas que reconozcan la identidad campesina a aquellas personas que alimentan la nación y que protegen nuestros suelos, aguas y semillas, aunque con preocupación constatamos que el gobierno nacional avanza en dirección contraria.