Por Alberto Castilla Salazar  

El abandono histórico que ha sufrido el campo colombiano, se expresa también en el presupuesto público que se le ha asignado al sector agropecuario.

La Misión Rural contratada por el Gobierno Santos, parece hacer un mea culpa al respecto. Los informes parciales que se han publicado, reconocen “un deterioro notable” en el presupuesto del Ministerio de Agricultura en las últimas décadas, en particular si se comparan con la producción del sector. En los años 2000 y 2003, cayó a alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario. Sin embargo, se advierte una recuperación en los últimos años.

 

Evidentemente, en la última década se presentaron aumentos muy importantes en el presupuesto del sector, particularmente el de inversión. Los presupuestos más altos corresponden a los años 2013 – 2015, que coinciden claramente con los periodos más importantes de movilizaciones campesinas.

Sin embargo, llama la atención que en los departamentos donde más aumentó porcentualmente el presupuesto entre 2007 y 2015, fueron Meta y Vichada. En el Meta, pasó de $742 millones a $151.730 millones (creció 200 veces) y en Vichada de $511 millones a $74.910 (145 veces), mientras el presupuesto total apenas se duplicó. Estos departamentos tienen dos características especiales: una baja población rural, particularmente en el Vichada, donde tan solo habita el 1% de la población denominada estadísticamente “resto” (sector rural). Pero de otro lado, es allí donde se han presentado los fenómenos recientes de acaparamiento y extranjerización de tierras, con miras al desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, lo que explica el inusitado incremento de las inversiones en el sector rural destinadas a esta región.

Ahora bien, como se advierte en la gráfica anterior, hay un drástico descenso en el presupuesto proyectado para el año próximo. La caída de los precios internacionales de las materias primas, en particular del petróleo, hacen que el Estado colombiano tenga serias dificultades fiscales, por la alta dependencia de sus ingresos frente al sector mineroenergético.

El presupuesto total para 2016 tiene un ligero aumento del 2,5%. No obstante, hay varios sectores que se ven golpeados con importantes reducciones presupuestales. El agropecuario es uno de ellos, los recursos asignados pasan de $3,9 billones en 2015 a $2,4 en 2016, lo que significa una reducción del 38,5%. Solo la Registraduría y Deporte y Recreación tienen recortes más altos. Hay otros rubros, que como ha ocurrido tradicionalmente, crecen a pesar de la crisis: El servicio de la deuda aumenta 3,1% (más que el presupuesto total), llegando a los $48,6 billones, el 22,5% del presupuesto total. Defensa y policía aumenta 8,3%, ubicándose en $30 billones.

Es decir, el año próximo se gastará 19 veces más en deuda y 12 veces más en Defensa que en el agro. Un dato muy ilustrativo es que en 2016 se financiarán 3.112 cargos públicos para el sector agropecuario y 505.512 en el sector defensa.

Ahora bien, vale la pena preguntarse en qué se gastó el presupuesto del sector en el último periodo. La inversión del sector está dividida en seis grandes temas: Fondos Agropecuarios; Formalización, titulación y restitución de tierras; Generación de Ingresos y capacidades productivas; Infraestructura y operación Distritos de riego; Vivienda Rural; y Apoyo al desarrollo rural y la competitividad del campo. Los valores asignados entre 2006 y 2016, dan cuenta que el rubro que más recursos recibió fue el de desarrollo rural y competitividad, con el 54%.

Al discriminar este valor entre los subprogramas que lo conforman, se concluye que el programa al que más recursos se destinaron durante el periodo fue el tan desprestigiado Agro Ingreso Seguro, con el 38,1% ($3,9 billones), el cual hasta el año 2015 ha recibido desembolsos. Le siguen  “Asistencia Técnica, Créditos y Apoyo A Microempresas Rurales” (14,9%) y “CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura” (9,5%). Es claro que ninguno de los tres está enfocado en la promoción de la economía campesina. Tampoco existe un rubro destinado específicamente al acceso a tierras, más allá de formalización y restitución.

Mientras tanto, al programa de Agricultura Familiar por ejemplo, solo se le asignó presupuesto en el 2014, por $131.550 millones. El Fondo de Comercialización y la Implementación de proyectos productivos, son otros ejemplos de programas que no han tenido continuidad, se les han asignado recursos de manera intermitente. Para Educación rural apenas se proyectan recursos para 2016, $2.500 millones.

En conclusión, el presupuesto destinado al sector agropecuario ha sido considerablemente bajo. Si bien en el último periodo los recursos aumentaron, estuvieron destinados principalmente a políticas que favorecen a los grandes empresarios agroindustriales, como Agro Ingreso Seguro, el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), entre otros. Los resultados recientemente publicados del Censo Agropecuario evidencian que la política pública ha sido insuficiente para superar la pobreza rural, las brechas entre el campo y la ciudad, incrementar el área cultivada, democratizar la propiedad de la tierra, etc.

Preocupa de manera especial que ante la crisis fiscal, producto de la dependencia generada del sector extractivo, el agro sea uno de los sectores más afectados. Con esta caída tan drástica en el presupuesto, será muy difícil cumplir con las recomendaciones de la Misión Rural, materializar los acuerdos de paz y en general, lograr las transformaciones del campo que le permitan condiciones de vida digna a sus pobladores, lo que hoy reclaman los movimientos campesinos.