Por Alberto Castilla  

Uno de los casos más representativos del conflicto por la tierra, de despojo violento, y también de digna resistencia campesina en el territorio, es el de la finca Las Pavas. La comunidad campesina de la zona, agrupada en Asocab (Asociación Campesina de Buenos Aires), ha sido víctima de desplazamientos forzados y constantes amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de paramilitares del Bloque Central Bolívar, de narcotraficantes y empresarios parmicultores, por atreverse a retornar al territorio y emprender una lucha jurídica por la titulación de la tierra.

La hacienda Las Pavas conformada por 14 predios de 2.830 hectáreas ha sido ocupada por campesinos de la zona desde 1997, luego de que Jesús Emilio Escobar, antiguo propietario del predio, lo abandonara. A partir de ese momento, un grupo de 123 familias vecinas de la vereda de Buenos Aires comenzó a asentarse en el predio, ejerciendo actos de posesión y desarrollando labores productivas allí. En el año 2006 los campesinos solicitaron la intervención del INCODER con el fin de declarar la extinción de dominio del predio, amparados en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994, ya que se había comprobado la inexplotación económica por parte del propietario durante tres años continuos. Sin embargo, mientras avanzaba este trámite, el antiguo propietario retornó al predio junto con hombres armados que amenazaron y expulsaron a los campesinos de la zona. Después del desplazamiento forzado, el antiguo propietario realizó una compraventa con dos sociedades dedicadas a la producción de palma de aceite, C.I TEQUENDAMA S.A Y APORTES SAN ISIDRO S.A. tal y como lo ha verificado la Corte Constitucional. La Corte también constató la condición de víctimas de desplazamiento forzado de los campesinos y le ordenó al INCODER continuar con la extinción de dominio de esas tierras.

En el año 2012 el INCODER, cumpliendo con lo ordenado por la Corte Constitucional, identificó diez predios de la finca Las Pavas como baldíos de la nación y determinó la extinción de dominio de 1.290 hectáreas. En su momento la subgerente de tierras rurales del INCODER, Jhenifer Mojica, declaró que “la decisión tomada por el INCODER era de carácter agrario. El predio se recupera porque no está en explotación agraria y no está cumpliendo su función económica y social”. Sin embargo, estas decisiones no se han materializado pues se encuentran demandadas ante el Consejo de Estado. Los hallazgos concluidos por el INCODER en Resoluciones 2284 de 2012 y 0166 de 2013, contrastan con las preocupantes declaraciones del actual subgerente de tierras de esa entidad en liquidación, Carlos Carmona, cercano al Superintendente de notariado Jorge Enrique Vélez, uno de los abanderados de la ley Zidres que beneficia a grandes empresarios que han acumulado ilegalmente tierras con antecedente de baldíos. Carmona ha manifestado que pedirá al Consejo de Estado revertir las medidas que esa misma entidad tomó en relación al proceso de extinción de dominio y recuperación de baldíos en la Hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar aduciendo “irregularidades administrativas” y de “supuestas falsas víctimas”.

Con estas declaraciones el actual subgerente del INCODER no sólo está desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional (T-267 de 2011) en la cual se constató la condición de víctimas de desplazamiento forzado de los campesinos, además se atribuye una competencia de determinación de víctimas que no le corresponde, estando esta facultad en cabeza de la Unidad de Víctimas, institución que les ha reconocido esa condición tanto individual como colectivamente. Con esta decisión, el INCODER pretende echar para atrás una decisión que protege a campesinos despojados para favorecer a las empresas palmicultoras, desconociendo los postulados de la Ley de Víctimas. Valga resaltar que el 21 de enero del presente año, la Fiscalía General de la Nación aclaró en un comunicado que dicha entidad viene investigando las denuncias de la comunidad por los hechos victimizantes ocurridos en el año 2003, lo que muestra que las aseveraciones de Carlos Carmona, subgerente de tierras del INCODER, no tienen respaldo en ningún fallo judicial.

La institucionalidad encargada de la restitución de tierras en el país tiene que dar muestras claras de querer reversar las políticas de concentración de la tierra y de despojo, procurando que sean las víctimas las que accedan a la titularidad de la tierra. Decisiones como las que pretende adelantar el subgerente de tierras de una institución en liquidación, hacen prever que la promesa del gobierno de restituir la tierra a los campesinos es tan solo una ilusión. El caso de Las Pavas se suma al de Bellacruz y al de tantos otros en regiones como la altillanura, casos donde el Estado se pone del lado de los grandes empresarios del agro, aunque estos hubiesen violado la ley, con el propósito de imponer un modelo agroindustrial a gran escala desconociendo los derechos y la existencia misma de las comunidades campesinas.