Alberto Castilla

Por Alberto Castilla  

El proyecto de ley que crea las ZIDRES convierte proyectos privados en interés nacional y levanta prohibiciones para evitar la concentración de la tierra

A pesar de las críticas de diferentes sectores, de la publicación de informes que demuestran el acaparamiento de baldíos1 y del trámite enrarecido en el Congreso, continúa la discusión del Proyecto de Ley 223 de 2015 (Cámara), que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), el cual fue aprobado el pasado 17 de junio en sesión plenaria de la Cámara de Representantes.

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Por Alberto Castilla  

Al preguntarle a un amigo y líder campesino su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, me contestó lo siguiente: “Ese no es un plan de desarrollo. Es un plan de desalojo”. Con estas palabras, el dirigente campesino Teófilo Acuña logró resumir muy bien las pretensiones que se esconden detrás de varias de las propuestas que integran el proyecto de ley del PND que el Gobierno presentó al Congreso para este cuatrenio y que actualmente se discute en el Congreso. Algunas de ellas, relacionadas con los denominados “proyectos de interés nacional y estratégico” (PINES), están dirigidas justamente a facilitar el despojo de tierras y territorios mediante la utilización amañada de la figura de utilidad pública.

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Por Alberto Castilla Salazar  

“Transformación del campo” es una de las seis principales estrategias del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”. Al igual que en las demás estrategias, se insiste en viejas recetas, se plantean políticas de corte excluyente y se contradicen los enunciados de paz y equidad, supuestos pilares del Plan.

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Por Alberto Castilla Salazar

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta que orienta el conjunto de las políticas del gobierno nacional, de ahí la importancia que reviste su discusión democrática. Aunque las Bases del Plan son un referente clave, su verdadera orientación se concreta en el proyecto de ley presentado al Congreso, adquiriendo especial relevancia el plan de inversiones que distribuye la proyección de los recursos públicos durante cuatro años.

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Por Alberto Castilla Salazar  

Recientemente, el Concejo municipal de Cajamarca (Tolima), decidió negar a los habitantes de ese municipio el ejercicio del derecho político por excelencia en una democracia: la participación, al negarse a aprobar una consulta popular sobre la explotación minera en su territorio. Las consultas populares, reconocidas en la Constitución Política como uno de los mecanismos que permite profundizar la democracia, ha sido poco utilizadas en Colombia. De manera creativa y acertada, diversos movimientos populares surgidos con ocasión de la amenaza del extractivismo a los territorios, han comenzado a demandar su uso y aplicación.

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Por senador Alberto Castilla  

Tras estudiar el articulado del Proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país”, surgen innumerables preocupaciones. En este documento defenderé algunas tesis centrales para caracterizar el Plan de Desarrollo.

1. Cambia la retórica, persisten las políticas

A diferencia del Plan de Desarrollo defendido hace cuatro años, el documento de las bases del nuevo Plan tiene una retórica más amable.

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Por Alberto Castilla Salazar  

En mi calidad de Senador del Polo Democrático Alternativo y líder del Movimiento Social Colombiano, rechazo, condeno e insto a las autoridades nacionales a investigar y sancionar los actos de violencia perpetrados por la Policía Nacional en contra el defensor de derechos humanos de la localidad de Usme en Bogotá, Anderson Fernando Betancourt González (menor de edad), y su padre José Álvaro Betancourt, el pasado 28 de enero de 2015.

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Por Alberto Castilla Salazar, senador PDA  

Con sus recientes declaraciones sobre las razones por las cuales no se ha firmado la Ley Estatutaria de Salud, el ministro Gaviria ha provocado más confusión que claridad. De paso, ha generado un ambiente poco respetuoso en un debate tan trascendental como el de la salud, al descalificar a quienes hemos exigido, legítimamente, el cumplimiento de un deber legal y constitucional del Presidente. Al menos tres aspectos deberían quedar claros en esta discusión.

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