Por Cecilia Orozco Tascón  

“La empresa criminal (de la Presidencia de la República) tuvo vocación de estabilidad y permanencia... entre 2005 y 2009”.

Esas palabras, que conmoverían los cimientos de cualquier país, no sólo por la gravedad política y judicial que tienen sino porque se refieren al gobierno que mayor respaldo social ha logrado en época reciente, pasó de largo en la atención nacional.

La fiscal delegada María Victoria Parra pronunció esa frase lapidaria ante la Sala Penal de la Corte Suprema cuando le solicitó que condenara a uno de los alfiles del entonces presidente Álvaro Uribe: Bernardo Moreno, quien se “concertó para delinquir” con otro alfil palaciego: María del Pilar Hurtado. Por si fuera poco, la fiscal se atrevió a hacer una afirmación que hace unos años le habría costado una campaña contra su honra, hostigamientos o, en el mejor de los casos, su exclusión silenciosa de la Fiscalía. Aseguró que la tal “empresa criminal” organizada para ejecutar seguimientos y torturas psicológicas, y para penetrar comunicaciones y datos personales, se estructuró bajo la dirección del exmandatario. Precisó, además, que su secretario Moreno y su directora de montajes Hurtado le iban reportando a Uribe los resultados de la misma.

Si bien los opositores políticos del uribismo y los periodistas independientes denunciaron insistentemente las ‘chuzadas’ del DAS, a pesar de los oídos sordos de una sociedad que reducía sus revelaciones a chistes y burlas de salón, esta es la primera vez que un fiscal califica lo que pasó con el nombre que corresponde y apunta al intocable, al director de la orquesta delictiva. La justicia cojea y, en Colombia, es paralítica. Falta mucho trecho para que Álvaro Uribe sea incriminado en juicio por la persecución a la Corte Suprema de aquellos años, vilipendiada por algunos comentaristas que hoy guardan absoluto silencio; a Piedad Córdoba, agredida en todos los escenarios y destituida ilegítimamente por un procurador del ala ideológica de Uribe; a los intelectuales y defensores de derechos humanos puestos por él en la escala más baja del desprestigio social, y a no pocos periodistas a los que intentó acorralar con sus matoneos virtuales y físicos. Pero algo es algo.

En efecto, según la fiscal, “Moreno y Hurtado... adhirieron a una organización criminal constituida desde la Presidencia de la República para cometer delitos contra servidores públicos y particulares”. La descripción del papel que desempeñaban en el concierto para delinquir en que participaron fue, igualmente, reveladora. Dijo que “está probado” que Moreno “le comunicaba ciertas acciones a María del Pilar Hurtado (que ella debería ordenar) y que venían del interés del presidente de obtener información privilegiada (de sus supuestos enemigos)”. Y agregó que Moreno controló el desarrollo de tales órdenes y de los hallazgos en esas actividades ilícitas. Pero si son memorables las acusaciones de la fiscal, más memorables son las propias declaraciones del exsecretario Moreno ante la Corte: “en alguna ocasión le dijo el presidente a María del Pilar que lo informara un poco más de esos temas de Venezuela, de esos temas de Piedad Córdoba. Y (después)… vi en la correspondencia que me revisaban mis asistentes, la información de estas actividades realizadas por Piedad Córdoba…”. Si lo afirma el acusado, ¿por qué no habría de creérsele?

El círculo de la verdad se cierra. Que esta llegue a ser verdad judicial es otra cosa. Tal vez nunca ocurra y, con menor probabilidad si el juicio a los jefes de Estado continúa en manos de la Comisión de Acusación o del nuevo órgano que la sustituirá pero que se adivina igualmente inoperante. No será lo ideal, pero nos bastaría con que los capítulos malolientes de la Presidencia 2002-2010 quedaran grabados en la memoria histórica de Colombia para que sea más difícil, si no imposible, que un nuevo embaucador abuse tanto del poder que se le delegó.

El Espectador, Bogotá.