Por Cecilia Orozco Tascón   

Hay que decirlo sin matices: La Corte Constitucional no representa, como hace un tiempo, la dignidad del país.

Por el contrario, nos avergüenza. Después de seis o siete horas de discusión a puerta cerrada, no para expulsar a ese personaje oscuro que logró penetrar la cumbre judicial de la mano de su amigo Álvaro Uribe, a quien desde entonces apoyaba en la Córdoba de territorios paramilitares en donde, por cierto, ambos poseen propiedades rurales;

repito, después de horas de discusión a espaldas de los ciudadanos, ese conciliábulo impuro concluyó que el individuo que funge como su “presidente” continuará en el cargo porque su retiro ¡“afectaría su derecho a la defensa”! María Victoria Calle —qué desilusión—, Gloria Stella Ortiz —dizque la “demócrata” necesaria en la Corte, doctor Montealegre—, Luis Guillermo Guerrero, sucesor de ese dechado de virtud Escobar Gil, la anodina Marta Sáchica y Gabriel Mendoza, el sigiloso, ¿pensaron en quién defenderá —en contraposición a ese sujeto— el honor de la Nación?

Estos señores, presuntos guardianes de la Carta que garantiza los derechos de la sociedad, hoy son cómplices del interés particular. El mismo que ha dejado un rastro indeleble en el recorrido del magistrado al que intentan proteger con su silencio. Pero no saldrán incólumes porque su propia ética quedó cuestionada. Y porque otros están dispuestos a revelar la corrupción que la mayoría de ese tribunal cobarde pretende ignorar: “El caso ‘Fidupretelt’”, titula El Espectador. Alberto Donadio publicó ayer un artículo que produce escalofrío porque destapa los múltiples nexos delictivos de los socios de Fidupetrol, beneficiarios de un fallo de tutela, si previamente el magistrado Jorge Pretelt recibía $500 millones, según denuncia de un abogado que tenía cercanías con él. “Fidupetrol aparece en otros cuatro grandes escándalos”, titula El Tiempo. Y resalta que “sus socios están vinculados a los casos Premium, Interbolsa, DNE (negociados con bienes de narcos) y Proyectar Valores”.

Por casualidad con el rosario de delitos económicos relatados por los dos diarios, la trayectoria de Pretelt Chaljub también aparece favoreciendo, por acción u omisión, acciones judiciales en que se juega el destino de millonarios dineros públicos birlados por poderes privados de la Costa. Coincidencia 1. Caso Altos del Campo, Barranquilla. Accionantes: 157 familias de estrato 3; accionada: Constructora Char; apoderado de la constructora: abogado Víctor Pacheco; magistrado que demoró la decisión contra los Char Chaljub para que no pudiera ser aplicada: Jorge Pretelt Chaljub. Coincidencia 2. Accionantes: raizales de la isla Tierra Bomba (sur de Cartagena); accionados: la familia de los condenados García Romero, Reginaldo Bray y su esposa (hermana de José Alfredo Escobar Araújo —el de los botines del ‘narco’ Sale— y prima de Rodrigo Escobar Gil); magistrado que tardó año y medio en redactar un salvamento de voto que impedía la ejecución del fallo en contra de los García Romero-Bray-Escobar: Jorge Pretelt. Coincidencia 3. Accionante: José Guerra de la Espriella, condenado por nexos con el cartel de Cali; accionado: el Estado; magistrado que favoreció a Guerra: Alberto Rojas Ríos. Magistrado que se declaró impedido por “amistad íntima” con Guerra: Jorge Pretelt. Coincidencia 4. Accionante: Fidupetrol, de Barranquilla; accionada: Corte Suprema; apoderado de la fiduciaria: Víctor Pacheco; abogado “asesor” ante la Corte: Rodrigo Escobar Gil; magistrado que seleccionó la tutela: Alberto Rojas Ríos; magistrado que votó en contra de Fidupetrol después de que lo hicieran siete de sus colegas: Jorge Pretelt. Personajes que figuran en más de una coincidencia: Víctor Pacheco, Rodrigo Escobar Gil, Alberto Rojas Ríos y Jorge Pretelt.

El Espectador, Bogotá.