Por Cecilia Orozco Tascón  

Cada vez que se oprime un botón del escándalo Pretelt, brotan noticias... y pus. Ahora se confirma que los rumores que circulaban sobre este siniestro terrateniente desde hace diez años, cuando su aliado de intereses Álvaro Uribe lo incluyó en la terna para fiscal general (¡Válgame Dios!), no eran ciertos: eran peores.

Las recientes revelaciones sobre la conducta de quien alcanzó a ejercer el cargo máximo de la cúpula judicial son tan graves que la coima de $500 millones que, presuntamente, le exigió al abogado Pacheco en el caso Fidupetrol, parece un chiste si se le compara con las sindicaciones que se le han hecho en tres frentes más: posesión de tierras arrebatadas a los humildes del campo en regiones de yugo paramilitar donde no era posible mantener o adquirir bienes sin expresa aceptación, colaboración y sometimiento a ese poder ilegal; clientelismo con puestos políticos o judiciales; y desviación en el reparto de procesos y selección de tutelas, sumada a la corrupción en fallos y sentencias. Por muchísimo menos purgan condena en La Picota los congresistas y gobernadores de la parapolítica

Mientras más se sabe, Pretelt y su abogado concentran también más su estrategia de culpar al resto de la Corte Constitucional en lugar de demostrar la transparencia de su conducta. Ni bobitos que fuéramos. Entre tanto, avanzan los anuncios de apertura de procesos en su contra. Por lo pronto, se le adicionan al de Fidupetrol, el de la “acumulación (ilegal) de baldíos adjudicados a los campesinos”, según anuncio del superintendente de Notariado, y el de tráfico de influencias con puestos en la Fiscalía seccional de Córdoba, con cuya directora el elegante magistrado se cruzaba correos con listas de candidatos a cargos en ese organismo: la justicia regional en manos de una de las partes.

Allí en la seccional cordobesa de la Fiscalía, casa de Pretelt, empezarían los torcidos. Seguirían en los juzgados y tribunales y se irrigarían, como veneno, por la rama. Hace un año supimos de la corrupción en fallos en que brillaba la acción u omisión de Pretelt, por las declaraciones del valiente exmagistrado Nilson Pinilla, quien denunció lo que acontecía con el “don”. Entonces, unos medios desinformados le cayeron a piedra y palo... ¿A Pretelt? No, a Pinilla dizque por infligirle daño a la Corte. Pretelt se defendió, en la prensa, denunciando, a su vez, a Pinilla por venal y vengativo. Nunca presentó evidencias de su inocencia. ¿Les parece conocido?

Viene a mi mente otro caso: sucedió en la Corte Suprema en el segundo semestre del año pasado cuando llegó, para casación, una condena por estafa agravada contra el ciudadano cartagenero Gerardo Núñez Piñeres, denunciado originalmente por su exsocio en la compra de un yate, Jorge Pretelt, ante la Fiscalía de Cartagena dirigida por la hermana de la esposa del procurador Alejandro Ordóñez, Ibeth Cecilia Hernández. Esa dependencia, raro, acusó a la contraparte de Pretelt; la Unidad de Fiscalía delegada ante el Tribunal de Cartagena confirmó la acusación; el Juzgado Tercero Penal de la misma ciudad condenó a Núñez a 32 meses de prisión, como lo pedía Pretelt; el Tribunal Superior ratificó la condena; en septiembre del año pasado, el magistrado de la Corte Suprema Eugenio Fernández Carlier les pidió a sus colegas de la Sala Penal no revisar el tema, es decir, dejar en firme la condena a Núñez. Pero, por fin, llegó aire fresco: su proyecto de fallo fue derrotado y el caso fue asumido por la inalcanzable togada María del Rosario González, quien puso la justicia por encima de las influencias y absolvió a Gerardo Núñez. Hoy, el procurador Ordóñez, cuñado de la entonces directora de Fiscalía cartagenera, entra a la iglesia, se persigna y sale a apoyar a Pretelt desde el atrio. La suya es la moral de los ultraderechistas: qué importa si alguien es un bandido si es “nuestro” bandido.

El Espectador, Bogotá.