Por: Darío Arenas Villegas

En medio de un fuerte asedio inusual para una población que se ha caracterizado por su tranquilidad, la Corte Constitucional se pronunció de forma histórica sobre la minería tradicional en Marmato.

La decisión de la Corte, que puede marcar un antes y un después en la batalla de los pequeños mineros de Colombia por conservar su actividad, no pudo caer en mejor momento. Encima de los marmateños estaba el riesgo de desalojo de decenas de minas mediante un operativo con 500 integrantes del ESMAD, la Policía y el Ejército, promovido acuciosamente por el Secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta. A esta amenaza se había sumado el cerco jurídico y mediático que intentan montarle al Alcalde de Marmato, Julio Vargas, por su defensa de los mineros locales y su oposición a los abusos de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold.

La Corte Constitucional resolvió reconocer los derechos de los trabajadores de la mina Villonza, quienes alegaron haberse visto afectados por la compra de títulos de la multinacional en la parte alta del cerro El Burro (que es el principal sitio de extracción de oro de los pequeños mineros de Marmato desde hace 500 años) ya que esa zona ha estado destinada a la minería tradicional. Los magistrados reconocieron que la presencia de la compañía norteamericana en esa zona ha impactado negativamente a los habitantes de Marmato por tres razones: 1) es una población que históricamente se ha dedicado a la actividad minera; 2) existen normas que distribuyen democráticamente la explotación minera en el territorio, asignando la parte alta para minería en pequeña escala y la parte baja para mediana minería; y 3) la principal fuente de subsistencia económica y de identidad cultural del municipio es la explotación tradicional de oro.

El órgano constitucional, además de ordenar que se frene el desalojo de esta mina y que se realice una consulta con la comunidad indígena, afro y minera de Marmato, le da la razón a los mineros locales, que por años han denunciado la forma irregular e ilegal en que lastrasnacionales adquirieron en 2008 más de 80 títulos en la parte alta del cerro El Burro. Las compañías, pese a que su interés principal ha sido desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, tomaron posesión de varios títulos en El Burro, situación con la cual no se garantizaría de ninguna manera la minería de subsistencia, como lo ordenan la Ley 66 de 1946 y el Decreto 2223 de 1954, normas que siguen vigentes. A la luz del pronunciamiento de la Corte es claro que, tal y como lo asumen diariamente los habitantes de Marmato y lo anticipó la abogada Gloria Lopera (2015), la parte alta del cerro es para los pequeños mineros.

Es difícil imaginar que el fallo de la Corte se hubiera gestado sin la enorme movilización social de la población marmateña en contra del despojo y la entrega del territorio y la cultura del Estado a las multinacionales. Los mineros de Marmato no solo han logrado obtener un amplio reconocimiento local, nacional e internacional sino que han ganado los tres grandes debates que se les han impuesto desde hace una década: no permitieron que se trasladara el pueblo bajo argumentos mentirosos y que contrariaban la evidencia científica aportada por Corpocaldas; no han permitido que se materialicen los proyectos de minería a cielo abierto, impulsados por las compañías y el Estado; y no han dejado que la pequeña minería deje de ser el eje económico, laboral, cultural y social del municipio. Esto es lo que Gran Colombia Gold no les perdona y por eso, anticipándose a la decisión de la Corte, ha amenazado con interponer multimillonarias demandas, en una clara muestra de matoneo trasnacional al amparo de los nefastos TLC.

La consulta que se vendrá será una prueba de fuego para los habitantes de Marmato. Los marmateños deberán vencer la presión que seguramente ejercerá la trasnacional y deberán dejar claro que por encima de los intereses económicos de unos cuantos, priman la soberanía, el territorio, el trabajo y la cultura.