La compleja situación de Electricaribe

LA DEMANDA. La respuesta de la multinacional Gas Natural Fenosa (accionista mayoritaria de Electricaribe con el 85,38%) a la justa intervención con fines de liquidación de la Superservicios ha sido desenfrenada y virulenta a través de una demanda de tipo colonial ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), a través de la cual pretende que le sea devuelta Electricaribe y que se le paguen daños y perjuicios por más de mil millones de dólares (unos tres billones de pesos colombianos). Exige, además, una nueva regulación tarifaria más beneficiosa que la actual, protección policial, fiscales especializados y policías judiciales para obligar a los usuarios a pagarles los cobros que a bien tenga y desconoce temerariamente los cargos formulados en su contra por la Fiscalía y la Contraloría General que la investigan.

Ante esta afrenta se hace necesaria una respuesta de rechazo contundente de los habitantes de la Costa y de Colombia, porque la desatinada demanda va en contra de toda la Nación, por lo cual sería apropiada la realización de movilizaciones en toda la región y una gran concentración de todas las fuerzas vivas sin ningún distingo en Barranquilla en contra de sus pretensiones inauditas, ya que fue Gas Natural Fenosa la que defraudó a millones de usuarios con su pésimo servicio y altas tarifas y, por otro lado, desmanteló miles de kilómetros de cables de cobre para exportarlo a Europa y nos dejó unas redes de aluminio de mala calidad que no resisten la salinidad y la polución del litoral atlántico.

SOBRE LA LIQUIDACIÓN. Ahora entramos en la etapa de liquidación de la empresa, en la cual entran a jugar las masas de activos y pasivos, teniendo en cuenta que la multinacional española le adeuda al sector bancario más de 1.8 billones de pesos, al pasivo pensional cerca de un billón de pesos para fondearlo, a los generadores de energía unos $400.000 millones, faltando lo que debe a otros proveedores. Según cifras dadas a conocer por el agente especial interventor Javier Lastra, a 28 de febrero de 2017 el total de activos en libros alcanzaba la cifra de 5,63 billones de pesos, los pasivos totales eran de 3.9 billones de pesos y el patrimonio de los accionistas 1.73 billones de pesos. Hay que recalcar que los primeros pagos después de la venta de los activos tienen que ser destinados para el pago de las deudas a los trabajadores, manteniendo su estabilidad, y a los pensionados, a quienes se les debe respetar los derechos adquiridos, antes de cualquier otra consideración.

LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO. Este es de los aspectos más complejo por cuanto de él dependen la calidad de vida de millones de costeños y la competitividad del aparato productivo del agro y la industria. Como la multinacional española deja una infraestructura en alto grado de obsolescencia que hace necesario realizar cuantiosas inversiones para mejorar el servicio de energía y no da espera de uno o varios años a que se acabe de liquidar la empresa para acometerlas, el Estado colombiano debe  empezar de inmediato a hacer planes de corto, mediano y largo plazo, para iniciar las inversiones que sean del caso y, para que estos recursos de todos los colombianos no vayan a un fondo perdido el gobierno debe aprestarse a mantener el control y administración de la empresa. Sería inaceptable que con fondos oficiales se mejoraran las redes y demás equipos para ser entregadas a empresas privadas nacionales o extranjeras, puesto que  lo que fracasó fue la política de privatización del patrimonio público, en la cual los millones de usuarios no les compete ninguna responsabilidad.

ALERTA SOBRE NUEVA NORMATIVIDAD TARIFARIA. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió el proyecto de resolución 019 de 2017 sobre remuneración de la distribución de energía en todo el país que regirá en los próximos cinco años, la cual trae nuevas gabelas a favor de las empresas prestadoras del servicio cuando diferentes organizaciones de usuarios y de ingenieros eléctricos vienen exigiendo cambios a esta normativa pero a favor de la población, por ejemplo que no cobren en la tarifa la infraestructura como nueva, como lo hacen hoy, que la rentabilidad no sea tan elevada, como lo es en la actualidad (13.9% cuando a nivel internacional es el 8% ponderado) y que el impuesto de renta que le cobran a los usuarios (33%) no exceda lo que le reconocen a la Dian (20%), ganando las empresas trece puntos de manera ilegal, lo que debería ser investigado.

Norman Alarcón Rodas

Barranquilla, 1 de abril de 2017