Columnistas

Por: Norman Alarcón Rodas

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A) y su accionista mayoritaria Inassa S.A. han entrado en el ojo del huracán por los escándalos suscitados en los últimos días allende el océano Atlántico en España, sede de la matriz que las controla, Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, cuando el analista económico Aurelio Suárez Montoya ya en el mes de agosto de 2016 en una conferencia en Barranquilla y el 12 de enero pasado en una investigación publicada en El Espectador (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/acueductos-contaminados-corrupcion-articulo-674279)  había hecho advertencias de fondo sobre el manejo de la trasnacional española que presta el servicio de agua a Barranquilla y a 14 municipios del Atlántico, el alcantarillado sanitario a diez municipios, la depuración de aguas residuales a ocho y el aseo a seis más.

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Por: Jaime Dussán Calderón

NOTA DE  ENTENDIMIENTO

Sin duda uno de los males más graves que vive el país es su crisis económica, se ha hecho aguas el modelo y todos los sectores sin excepción se quejan de lo mal que esta la economía nacional; empezando por la domestica, ningún salario ni ingreso alcanza como era antes, afirman todos, ricos y pobres. Como será de grave, que hasta los grandes monopolios financieros, comerciales e industriales lloran sus efectos catastróficos.

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Por: Daniel Coronell

JJ Rendón también reconoce que hubo insistentes rumores sobre supuestos pagos de Pacific Rubiales a él como reconocimiento de esas consultorías

Una nueva evidencia prueba que en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos del año 2010 funcionaron mecanismos paralelos de financiación. Un correo electrónico revela que la asesoría del consultor JJ Rendón habría sido cubierta –en parte– a través de gestiones del hoy senador por el Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien formalmente no estaba relacionado con la financiación de la campaña. 

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Por: Aurelio Suárez

Bogotá está decepcionada luego de los primeros 16 meses de administración de Enrique Peñalosa. Dicha decepción va en incremento desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha. Si bien en los primeros sondeos, el porcentaje de personas que creía que con su gobierno las cosas mejorarían y que conjuraría disparates heredados de Petro era cercano al 30% (más o menos equivalente al 33% de los votos efectivos que obtuvo), según la encuesta Pulso País, del 5 de abril de 2017, la desfavorabilidad de la imagen del alcalde llegó al 80% y el índice de desaprobación en seguridad y movilidad, dos temas muy sensibles, supera el 87%. Es decir, no solo no se ha ganado la confianza de quienes no votaron por él sino que ha perdido casi 40% de los que lo apoyaron en octubre de 2015, que libres de cualquier sospecha de ser de “izquierda”, son arrepentidos. Simplemente, Peñalosa no ha despegado.  

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Por: Mario Alejandro Valencia

Ningún texto de economía serio, sin importar la corriente de pensamiento del autor, se atrevería a plantear como deseable para una nación un crecimiento económico inestable, impredecible o insostenible. Las decisiones políticas recientes en Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador y las próximas en Francia y Alemania, tienen un factor común y es la preocupación generalizada de la población sobre el manejo económico. Acertadas o no, los discursos han girado en torno a cómo lograr mayor crecimiento a sus naciones.

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Por: Wilson Borja Díaz

Los acuerdos entre el Estado colombiano y FARC, permiten la discusión, desafortunadamente sólo en el ámbito político, la normatividad para sentar las bases de cambios que antes eran impensables, no obstante, “la libertad de poder presentar proyectos de leyes” pasando por iniciativa del pueblo y diferentes instancias del Estado, entre comillas porque como excongresista conozco que el poder excluyente del gobernante se impone al concepto de democracia, para mantener ese poder, utilizando la trampa, la mentira e inclusive el asesinato en el actuar político. 

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Por Cecilia Orozco Tascón

José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, corporación socia de Odebrecht en la concesión Ruta del Sol II que fue adjudicada a cambio de un soborno de alrededor de $13 mil millones de pesos (US 6,5 millones) en 2009, aceptó pagarle esa coima al exviceministro de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, de quien dependía la selección del ganador. También aceptó que Corficolombiana “dividiera los ‘costos’ (del soborno) a lo largo del proyecto” con la firma brasilera. Las afirmaciones anteriores no son mías. Fueron pronunciadas por el fiscal tercero anticorrupción Juan Alberto Delgado quien sustentó, con estas y otras frases, la imputación que, por varios delitos, le formuló al exfuncionario García ante al juez 26 penal de Bogotá, en enero pasado. Como lo publicó Noticias Uno en su momento, en la audiencia el fiscal Delgado dijo: “Luiz Antonio Bueno Junior (presidente de Odebrecht en Colombia) también contactó al doctor José Elías Melo para informarlo acerca de dicho compromiso (la coima) y este autorizó actuar en la forma requerida por el doctor Gabriel Ignacio García Morales”.

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Por: Rodolfo Arango

En Colombia no habrá paz mientras no compartamos una cultura verdaderamente democrática. En Esencia y valor de la democracia, Hans Kelsen ofrece una versión de la misma tan tenue o mínima que puede ser aceptada incluso por quienes profesan diversas concepciones de la democracia. Lo bueno es que ese mínimo denominador puede ser enseñado e internalizado. De ahí su enorme ventaja. Se trata de la aceptación y del respeto al principio de mayorías como criterio para superar los permanentes desacuerdos sustantivos que se presentan en una sociedad pluralista. El principio de mayorías, de hecho, rige en el legislativo y en el judicial con algunas variaciones.

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Por: Darío Arenas Villegas

Los habitantes de Cajamarca, Tolima obtuvieron una contundente victoria en defensa del ambiente, la agricultura y el agua, gracias al resultado de la consulta popular realizada para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con el desarrollo de proyectos mineros en este municipio. La oposición en las urnas fue inapelable: el 98% de los cajamarcunos rechazó la ejecución de actividades mineras ya que implicarían la destrucción de la vocación agrícola de la zona, afectarían fuentes de agua de las que dependen ésta y otras poblaciones, y perjudicaría negativamente la flora y la fauna.

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