Por Eduardo Sarmiento Palacio  

Todo parece indicar que el Gobierno radicará el proyecto de reforma tributaria en julio y la tramitará en el segundo semestre dentro de las directrices señaladas por la comisión designada por el Gobierno.

La reforma propuesta se ha calificado estructural sin precisar el significado del vocablo. La calificación sólo tendría sentido si las transformaciones introdujeran cambios en los fundamentos del sistema económico, como la estructura sectorial, el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

En realidad, la reforma tributaria está orientada a corregir los desaciertos de las anteriores. La última reforma (2014) se presentó como un esfuerzo para mejorar la progresividad que se había resquebrajado la reforma de Juan Carlos Echeverry (2012). La idea fuerza consistía en elevar el impuesto a la riqueza, que tenía una gran actualidad en ese momento por el libro de Piketty, que lo presentaba como la solución universal a las desigualdades. En un principio el ministro Cárdenas la propuso con una tasa máxima de 2,5 %, que fue reducida a 1,5 % en el trámite del Congreso.

Los resultados han sido precarios. Si se tiene en cuenta que el patrimonio debe superar en más de tres veces el producto nacional, a primera vista estaríamos ante un gravamen de grandes dimensiones. La sorpresa no podía ser mayor. El año pasado los recaudos por el impuesto fueron de cinco billones y en éste será algo más. La cifra corresponde al 5 % de los ingresos fiscales y a menos del 1 % del PIB.

Lo anterior constituye una clara evidencia de que los patrimonios declarados están subvaluados y no reflejan adecuadamente la evolución de los ingresos del capital. El insuceso se busca remediar sustituyendo el impuesto a la riqueza y otros no definidos por la elevación del IVA, que genera un recaudo de fácil estimación. Sin embargo, significaría trasladar la carga tributaria de los que tienen más a toda la población, y en mayor proporción a los grupos de menores ingresos. De hecho, se configuraría una reforma tributaria regresiva que acentuaría las inequidades de la sociedad colombiana, a cambio de incrementar el recaudo fiscal. Lo que se plantea, más bien, es actualizar los patrimonios y reforzarlos con el impuesto a la renta.

Todos los gravámenes bajan el ahorro y ocasionan distorsiones en la asignación de recursos, y en especial los progresivos. Su aplicación no puede hacerse aisladamente sin advertir sus secuelas sobre la economía. Tanto el impuesto al patrimonio como el de renta y sus similares deben acompañarse de disposiciones que contrarresten el efecto sobre el ahorro.

En fin, la reforma tributaria fundamentada en 80 % en la elevación del IVA se basa en la concepción clásica de que la tributación indirecta está en capacidad de reducir las desigualdades sin afectar el crecimiento económico. La fórmula fue aplicada sin consideración y resultó altamente infructuosa en los países inequitativos, como se observa claramente en América Latina. En todos ellos el aumento de la tributación, en particular aquella menos que proporcional al ingreso, coincidió con la ampliación de la participación del capital en el producto y el deterioro de la distribución del ingreso.

La información de los últimos cien años y las nuevas teorías revelan un camino distinto. La reducción de las desigualdades dentro de un contexto de progreso requiere un sistema de impuestos altamente progresivos que llene la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento del producto, y la elevación del ahorro del capital mediante la regulación financiera y severas instituciones que restrinjan las salidas de capitales y la ocultación de los patrimonios.

El Espectador, Bogotá.