Polo Democrático Alternativo

Al Gobierno Nacional, no le cuadran las cifras sobre cultivos y producción de coca en el país y desautoriza el informe presentado por el SIMCI, (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), que es administrada por la OUNDD (Oficina de Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito), el cual manifiesta que los cultivos ilícitos aumentaron en un 27% pasando de 78.000 hectáreas cultivadas en el año 2006, a 90.000 en el 2007, también el informe puntualiza lo siguiente:

• Los departamento con mayor siembra de cultivos ilícitos son: Nariño, Putumayo, Meta, Antioquia, Guaviare, Vichada y Caquetá, que Representan el 79% del aérea cultivada.

• Erradicación manual de 66.805 hectáreas en el 2007, y por aspersión aérea 153.135 hectáreas.

• El número total de hogares involucrados en el cultivo de coca es de 800.000 (sin incluir población flotante).

• Producción de coca en el año 2007 fue de 600 toneladas.

• Los municipios con mayor área cultivada con coca son: Cumaribo (Vichada), Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Vista Hermosa (Meta), El retorno (Guaviare), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Rico (Meta), Mapiripan (Meta), Cartagena del Chaira (Caquetá), Olaya Herrera (Nariño).

• A diciembre de 2007 los cultivos de coca en la región andina (Bolivia, Colombia, Perú), son de (181.600 Hectáreas), de ese total Colombia cultiva 99.000 que equivale al 55%.

Este informe provoco la reacción del Presidente de la Republica Dr. Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó su desacuerdo con el informe y decidió que la ONUDD dejara de administrar el SIMCI. Reacción que era de esperarse por parte del primer mandatario de la nación, quien ha demostrado que la información que llegue a la opinión pública y coloque en riesgo su popularidad, la mejor solución es descalificarla y tomar medidas que le garanticen tener control total sobre ellos y poder manejar la información para su conveniencia, como ha sucedido en el pasado con otros órganos del Estado.

A pesar de todos estos resultados desfavorables, el gobierno sigue tercamente con la política de las fumigaciones aéreas, que para lo único que están sirviendo es para afectar gravemente al medio ambiente, los cultivos lícitos y la salud de los habitantes, dejando a muchas familias sin recursos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas y contribuyendo al desplazamiento forzado en busca de oportunidades para su subsistencia.

Se ha comprobado que las fumigaciones con glifosato, no acaban con los cultivos ilícitos, estos al ser asperjados con el mencionado herbicida entran en un periodo improductivo, aproximadamente de tres a cuatro meses, después de los cuales vuelven a ser productivos, situación que hace inocua esta practica de erradicación.

A finales de enero pasado, la multinacional Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa sobre su producto Roundup. La razón, según el diario francés Liberation, fue " porque el uso del término biodegradable no era adecuado".

En el año 2001 el CIP, viajo al putumayo para realizar una evaluación a la primera fase del Plan Colombia, cuando llevaba ocho semanas de fumigación aérea, y observaron que este programa solo tenia componente militar, sin que se haya invertido ni un centavo en asistencia económica. Encontraron que en la zona donde se realizaron las fumigaciones no existían plantaciones de coca, sino donde se encontraban campesinos que se estaban quedando sin comida porque las fumigaciones habían afectado sus cultivos de plátano, yuca, maíz etc. También pudieron verificar que estas aspersiones ya estaban presentando afectaciones a la salud de los habitantes, quienes reclamaron sustitución manual y un plan de desarrollo alternativo.

Al respecto, nos explicaron varias personas que más que la sustitución de cultivos. El departamento necesita desesperadamente una infraestructura básica, desde agua potable hasta carreteras, para poder llevar los productos al mercado. Los productores agrícolas exigen asistencia con el mercadeo de sus productos, acceso a créditos y, por lo menos a corto plazo, un precio garantizado para sus productos lícitos, La educación es otra necesidad con la cual no se ha cumplido, el 85% de la población no tiene educación mas allá de cuarto de primaria.

Estoy obligado, a denunciar ante esta plenaria, que el gobierno nacional sigue realizando de manera irresponsable fumigaciones aéreas con glifosato, en el departamento del Caquetá afectando de manera directa a 27 caseríos de la zona rural del municipio de San José del Fragua, teniendo un gran impacto en los habitantes de la región, los cultivos de pan coger, los proyectos alternativos, la flora y fauna, los semovientes, menos la siembra de cultivos ilícitos, igualmente en los municipios de Solano, Milán, Valparaíso y Solita en este mismo Departamento.

Las poblaciones que están siendo objeto de estas fumigaciones indiscriminadas con glifosato, en el Departamento del Caquetá, (Municipio de San José del Fragua) son las siguientes:

 Berlín, El Rosal, La Y, Palmeiras, El Sinaí, El Topacio, El diviso, El Portal Zabaleta, la Cristalina, Puerto Bello, La Alberto, Fraguita, El Jardín, Patio Bonito ( Fumigadas en Octubre, Noviembre del 2007)

 La primavera, El Portal Zabaleta, El Diviso, Buenos Aires, Resguardo el portal, Los andes, El Jardín, Patio Bonito, Zabaleta (Marzo 2008)

 La Primavera, El Portal Zabaleta, El Diviso, Buenos Aires, Resguardo El Portal, Los Andes, La Cristalina, Puerto bello, Costa Rica El Palmar, el Diamante, El Jardín, (Abril 2008).

 Monterrey, La paz, La Esmeralda, Alto San Isidro, El Mirador. (Marzo del 2008).

Como consecuencia de esta política, irresponsable, indiscriminada y desconociendo los innumerables estudios sobre las consecuencias nefasta deja la aspersión del herbicida Glifosato, sumado a esto las consecuencias como:

  Crisis económica y alimentaría en las fincas.
  Pobreza y hambre para las familias pobres de los pueblos.
  Daños en la salud humana, la flora y la fauna, y en general el deterioro del medio ambiente.
  Desplazamiento de muchas familias a los cascos urbanos, ante la pérdida de sus cultivos.
  Resiembra y traslado de cultivos de uso ilícito a las zonas altas donde se encuentran los nacimientos de los ríos y quebradas.
  Atropello a los Derechos Fundamentales de las personas y de las familias (Alimentación, Salud, Ambiente Sano, Trabajo).

Considero que hay razones más que suficientes para exigir enérgicamente, que se suspenda de manera inmediata y definitiva las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, y de manera especial en los Departamentos del Caquetá, y Putumayo; y le solicito a las autoridades competentes para que realicen una investigación seria y contundente, sobre las amenazas que los campesinos están recibiendo por parte fuerzas militares que custodian a los erradicadores manuales de los cultivos ilícitos, que son una flagrante violación a los Derechos Humanos y a los Derechos Fundamentales. Llamo al gobierno nacional, para que suspenda de manera inmediata y definitiva las operaciones de fumigación aérea, y busque sistemas alternativos menos dañinos para el medio ambiente, el ser humano, los animales y para los cultivos lícitos.

De no ser así, buscare la intervención de organismos internacionales para que tomen las medidas necesarias, porque con estas fumigaciones se están violando los Derechos Humanos, y solo se esta beneficiando la multinacional Monsanto (Multinacional estadounidense de agricultura y biotecnología) que comercializa este producto, que es perjudicial para la salud humana y animal, como se ha podido demostrar en innumerables estudios científicos, porque si bien es cierto en primera instancia este herbicida no genera reacción inmediata en las plantas, animales y en el ser humano, con el tiempo produce irritaciones en la piel, mucosas, y otras complicaciones, Pero lo mas alarmantes es la generación de células cancerígenas.

Por todo lo anterior, dejo como constancia en el Honorable Senado de la Republica, que si el gobierno nacional no toma la decisión de cambiar los medios de erradicación de cultivos ilícitos, este gobierno será el responsable de las consecuencias negativas y perjudícales para los habitantes de las regiones donde se esta utilizando este mecanismo de erradicación.

JORGE ELIECER GUEVARA
Senador de la Republica
Comisión Sexta Comisión Constitucional Permanente.