Por Jorge Enrique Robledo
Lo que mal empieza, mal acaba, dice la sabiduría popular. Y le cae a la perfección al propósito del presidente Juan Manuel Santos y de todos los partidos de la llamada “unidad nacional” de hacer una reforma a la justicia diseñada para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo. Esto, sometiendo al Legislativo,
recortando la autonomía de los jueces y logrando unas altas cortes de bolsillo, intentona que además se tramitó, con todo descaro, de la peor manera: repartiendo escandalosas canonjías entre los congresistas que pondrían los votos que legalizaran el desafuero y entre los magistrados que se supone debían otorgarle la respetabilidad de la que carecía.
En cuanto a la justicia para el ciudadano de a pie, nunca se propuso darles respuesta a sus necesidades, pero sí se utilizó para menguar aún más la separación de los poderes y aumentar la privatización en manos de ignorantes en esos menesteres, en tanto les mejoraban a los banqueros las condiciones de sus procesos, siempre siguiendo las orientaciones del Banco Mundial (http://bit.ly/LkUbEN).
Esta reforma profundamente regresiva no apareció, como se ha dicho de manera falaz, durante la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado, es decir, en la novena votación en el Congreso. No. Ese fue un árbol que nació torcido. Así lo prueba que a lo largo del trámite de diez meses, incontables analistas, editorialistas, organizaciones de jueces y demás trabajadores de la justicia, el sindicalismo y el Polo Democrático Alternativo, entre otros muchos, clamaran por el archivo del proyecto, dada su naturaleza retardataria. Pero más pudieron los intereses ocultos que aupaban la reforma y la soberbia de Santos, quien terminó por creerse los ditirambos con los que lo califica la publicidad de la Casa de Nariño, exageraciones hasta cómicas que repite el unanimismo pernicioso promovido por los pocos pero muy gordos y lustrosos gatos que ganan con el gobierno.
En cuanto a la actuación de los congresistas de la llamada “unidad nacional” en el trámite de la reforma, es evidente su importancia. Sin la gran manguala que conforman los partidos santistas en Cámara y Senado, el proyecto no habría llegado a donde llegó. Pero ello tampoco habría ocurrido sin que Santos pusiera todo su poder burocrático para auparlo, poder que a lo largo de cuatro debates ejerció a través de Germán Vargas Lleras como ministro de Justicia, trámite que también hace a este responsable principalísimo de lo ocurrido así ahora ande dedicado a las casitas “gratis” que ya se supo a quién enriquecerán en primer término y que deben servir para la reelección de su jefe o para su propia candidatura. Pero que no resulte que la chamusquina política alcance a otros además de a Juan Carlos Esguerra.
Tiene profundas razones, entonces, que causara tanta indignación ciudadana ver a Santos, como Poncio Pilatos, lavándose las manos por la aprobación final de la reforma, echándoles toda la culpa a sus congresistas y pasándose por la faja la Constitución que juró cumplir, hecho este último de una gravedad excepcional. Por si faltaran dudas, quedan notificados los colombianos de la falta de escrúpulos del jefe del Estado, tanto en lo que se propone como en las maneras para lograrlo. Con todo derecho, Juan Manuel Santos concursa para escoger al peor presidente de la historia de Colombia. Por mucho que sus cortesanos de todos los tipos le ponderen las calidades de sus vestiduras, lo cierto es que el Príncipe de Anapoima anda desnudo.
Sin la gran movilización que generó la tentativa santista de imponerle al país una reforma a la justicia diseñada en beneficio de unos pocos, Santos no hubiera reculado como reculó. En la Casa de Nariño entendieron que un referendo revocatorio, más la amplitud de la lucha política que lo acompañaría, sería un plebiscito contra el propio Santos. El país queda en deuda con los trabajadores de la Rama Judicial, quienes unidos en torno al Observatorio a la Justicia les dieron ejemplo de resistencia civil a los colombianos.
Bogotá, 6 de julio de 2012.
