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Por Rodolfo Arango


El proyecto de plan de desarrollo presentado por el Gobierno a discusión de todos los colombianos viene acompañado de un extenso y juicioso documento sobre las bases del plan.



Dirigido por el director de planeación nacional, Hernando José Gómez, conocido por haber liderado la negociación del TLC con los Estados Unidos, el documento sobre las bases del plan sostiene en su primer párrafo: “El contexto histórico que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo es diferente al de otras administraciones. Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo”. El optimismo del cerebro detrás del plan de vuelo económico y social de la prosperidad democrática no es ingenuo respecto de las dificultades aún por superar. Dicen las bases: “Si bien todavía enfrentamos grandes retos como los de consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, eliminar la pobreza, y enfrentar los desafíos del cambio climático, es indudable que hemos sobrepasado unas barreras que parecían inquebrantables hace unos años (…)”.



El punto de partida para dirigir, distribuir y administrar los recursos económicos de los colombianos por una senda de progreso ha sido puesto en duda por las propias huestes uribistas. El presidente del Congreso, miembro del partido de la seguridad democrática, y el Partido Conservador piden la cabeza del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, uribista triple A, por incompetencia en el manejo del orden público. El crecimiento de las bandas criminales, Bacrim, en todo el país, especialmente en Córdoba, donde los asesinatos han pasado de 158 en 2006 a 575 en el año 2010, y en el Pacífico según denuncia la Iglesia Católica, ponen en duda el punto de partida del proyecto de la “prosperidad democrática”. Los partidarios de la seguridad democrática se han venido así lanza en ristre contra el Gobierno de la prosperidad democrática.



Todos quisiéramos, en lo más profundo del corazón, que al Gobierno le asistiera razón cuando afirma que el contexto histórico del plan para la prosperidad de todos es diferente al de otras administraciones. Pero los hechos desmienten este pensar con el deseo. La tesis del “eterno retorno” parece más apropiada para describir la situación. Los contextos históricos de violencia, inequidad e incapacidad política se repiten una y otra vez, condenándonos al atraso, a la indiferencia y a la miseria. Eso porque los problemas del país no son epidérmicos sino estructurales: son los de una sociedad “poscolonial” en la que persisten la dominación, la explotación y la discriminación. Cómo explicar si no que el 87% de la población, según las encuestadoras, aclamen al presidente Santos, mientras el Banco de la República afirma que sólo dos millones de colombianos ganan más del salario mínimo y el director de Fedesarrollo denuncia que el 30% de los subsidios estatales alimentan a 20% de los colombianos más ricos del país.



La verdad es más corta y desoladora: ni la “prosperidad democrática” ni la “seguridad democrática” son democráticas. Son proyectos políticos hegemónicos, mediáticos y manipuladores que niegan la inclusión social y participación democrática. Su último empujón es el intento subrepticio de las mayorías legislativas para eliminar a la oposición política mediante la exclusión de los abstencionistas del censo electoral. ¡Vaya prosperidad y seguridad democráticas!



El Espectador, febrero 10 de 2011.