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Por Clara López Obregón  

Con la expedición del Código Minero mediante la Ley 685 de 2001, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se cambió el paradigma de la explotación minera en el país. De su concepción como como factor para el desarrollo se pasó a la llamada liberalización que consiste en entregar títulos mineros de manera masiva a quien quiera que los solicite, bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

En los primeros diez años de vigencia de dicha ley, se entregaron 9.400 nuevos títulos sobre 5,6 millones de hectáreas, de los cuales solo 3.760 que cubren 2,1 millones de hectáreas están en explotación. En fila están más de 19.000 solicitudes por 22,3 millones de hectáreas de las 40 millones que suman las áreas de “interés minero,” equivalentes a una tercera parte del territorio nacional. Mucho de ese territorio resulta contener ecosistemas vitales para las presentes y futuras generaciones.  Los datos relacionados no incluyen, ni la minería informal, ni la criminal, que representan dos terceras partes de las explotaciones activas que según la Contraloría General, ascienden a 14.375, de las cuales solamente 2.803 ostentan algún tipo de autorización ambiental.

Con el Código Minero de 2001, también se levantó el requisito de licencia ambiental para adelantar labores de exploración minera, dejando en desamparo ambiental a quienes viven en el área de influencia de los efectos nocivos de esta actividad. De acuerdo con un estudio de la Contraloría (2012), en el proyecto de Angosturas en el páramo de Santurbán (Greystar, hoy EcoOro), se han encontrado indicios de contaminación de aguas y la propia compañía acepta en un estudio de impacto ambiental que durante la exploración se construyeron “túneles o galerías exploratorias”. Dichas perforaciones tienen efectos irreversibles sobre el ecosistema del páramo como quiera que rompen los vasos o hilos comunicantes que mantienen el equilibrio de las aguas. Estas se filtran y terminan por acumularse en los túneles perforados. Allí se acidifican y acumulan los metales pesados presentes en la roca. Las aguas corren hacia el nivel freático y se cuelan en quebradas y ríos, contaminando todo a su paso, destruyendo la vida vegetal y animal y la fuente de abastecimiento de millones de personas.

En la etapa de explotación, para la cual si se exige licencia ambiental, la situación se agrava sustancialmente. Ya sea que la minería se adelante por socavón o a cielo abierto, entre los químicos utilizados para separar el oro de la arcilla están el cianuro y el mercurio. Se calcula que una tonelada de material puede llegar a contener entre 5 y 20 gramos de oro y que las 5 empresas que ya tienen títulos mineros en la zona de Santurbán podrían extraer alrededor de 150.000 toneladas diarias. El lavado consume enormes cantidades de agua que se convierten en lodos contaminados y material estéril de imposible recuperación.

Es claro que algo tiene que hacerse para evitar la consolidación de semejante daño mediante la autorización de la explotación de oro en ecosistemas frágiles como el del Páramo de Santurbán. En estos días el Gobierno analiza la delimitación del área de páramo para determinar dónde pueden y dónde no, explotar oro las empresas mineras en la zona de California y Vetas. La decisión servirá de precedente para todos los páramos del país considerados por el propio Ministerio de Ambiente como fábricas de agua que generan las principales estrellas hidrográficas del país.

Es claro que la prohibición de explotación minera en un páramo no se puede limitar al área de delimitación del páramo, propiamente dicho, que se determina por una cota. Unos hablan de 2.500 metros por encima del nivel del mar y otros de 3.000. Para proteger el agua y la vida que de ella depende, debe protegerse la integridad del ecosistema que abarca mucho más espacio, incluidos los robledales en las partes inferiores que le sirven de área de amortiguación.

El próximo 15 de noviembre, se llevará a cabo otra gran marcha en defensa del Páramo de Santurbán en toda su extensión de ecosistema fundamental. Todos debemos solidarizarnos para proteger el páramo, todos los páramos. La exigencia al Gobierno del Presidente Santos es que la locomotora minera no puede  -no debe-, invadir las fábricas de agua de este país. No es una simple consigna. El agua es más valiosa que el oro como no se cansan de repetir los marchantes en favor de Santurbán.

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