Desde nuestra aparición pública, los moiristas organizados bajo el nombre de Movimiento Nueva Democracia Moirista, hemos afirmado que los asuntos atinentes a la táctica del proletariado continúan en primerísimo orden. En el qué hacer es como un partido mide el nivel de consecuencia con los principios que dice defender.
Recurramos a hechos del pasado inmediato, pues sólo así lograremos el acierto en nuestra táctica y vislumbraremos con ojo avizor las tareas inmediatas.
Para nadie es un secreto que Álvaro Uribe Vélez ocupó el solio de Bolívar durante dos cuatrienios llevado en hombros de los paramilitares. Estados Unidos se inventó este modelo en Centro América y especialmente en Guatemala. De idéntica manera aupó la victoria electoral en el 2002 de Uribe y la posterior reelección en el 2006 de este nefasto personaje de la política colombiana. Uribe, muy aguzado, levantó en alto la bandera bastante popular, si se quiere, de derrotar a las Farc, como la tarea principal de la nación.
El Gobierno de Andrés Pastrana Arango estableció la denominada zona de distensión para firmar la paz y los anarquistas criollos la utilizaron para secuestrar, atentar contra las poblaciones inermes y cometer toda clase de fechorías. El país cansado de los desmanes de este grupo armado acogió la propuesta de Uribe y lo eligió por dos veces consecutivas a la presidencia. No obstante la intención de Uribe de hacerse reelegir por segunda vez fue rechazada por la Corte Constitucional, por el mismo Obama, por sectores de la burguesía colombiana y por la clase obrera y el pueblo.
Estados Unidos requiere para llevar a buen término la recolonización de su patio trasero de unas normas al viejo estilo de la democracia burguesa y por tanto lo que promovió como excepción, no podía convertirse en regla general. Al imperialismo le interesa que funcionen las cortes, el Congreso, la Constitución y las leyes. Al fin de cuentas los órganos del poder y la superestructura jurídica de la nación han sido establecidos por ellos, a través de las clases y sectores que le sirven desde hace más de cien años para mantener a Colombia en su condición de neocolonia.
Estando por fuera del juego Uribe, qué mejor heredero que un representante auténtico de la vieja oligarquía dominante y para ello no se necesitó de la lámpara de Aladino para encontrarlo. Se requería sí, que fuera cómplice de Uribe en todas sus andanzas y por eso fue escogido Juan Manuel Santos como sucesor del sátrapa. Ambos, férreamente unidos, respaldaron la invasión a Irak; desalojaron a miles de campesinos de sus tierras acusándolos de ser agentes de los grupos armados ilegales; se apoyaron en los paracos; inventaron la Yidis política; repartieron los dineros del Estado a través de Agro Ingreso Seguro entre los ricos del campo; convirtieron al DAS en una Gestapo y chuzaron a Raimundo y todo el mundo; legislaron a favor de prebendas al ejército lo que dio nacimiento a los llamados “falsos positivos”; impetraron y legislaron a favor de las bases militares norteamericanas en nuestro territorio; en lo económico privatizaron decenas de empresas del Estado, incluyendo un porcentaje de Ecopetrol y mangonearon como apátridas a favor de los intereses de los monopolios imperialistas e hicieron de la seguridad inversionista un saco roto para exonerar de impuestos a las multinacionales.
La cacareada bonanza económica no es más que la exportación de hidrocarburos y la explotación de la minería a través de las mencionadas empresas, que ni siquiera pagan los estragos que le causan al territorio y al medio ambiente de nuestra patria. La bonanza de la que tanto se ufanan Uribe y Santos es haber convertido a Colombia en un país minero pues más de 60% de las ventas al exterior del país se derivan de este renglón. Las ganancias se las llevarán los monopolios imperialistas y la miseria se acentuará en los campos colombianos como sucedió en Nigeria.
En este sentido Santos es Uribe. Pero claro que el primero representa históricamente a una clase diferente a la del segundo. Este último pertenece a los terratenientes y ganaderos, gobernaba como si Colombia fuera su hacienda, se peleó hasta con el último presidente de América Latina y estuvo de acuerdo con los paras “en el propósito de refundar la patria”. Santos no representa ni mucho menos a los industriales como afirma Petro, pero sí a la vieja oligarquía liberal conservadora que ha usufructuado como intermediaria del capital financiero y de agentes cipayos de la política norteamericana. La diferencia es sencilla: Uribe es experto en enlazar caballos y Santos en jugar golf.
JUAN MANUEL SANTOS, PRESIDENTE DE COLOMBIA
El 20 de Junio Santos fue elegido presidente de Colombia. El nuevo mandatario prometió continuar aplicando el legado de Uribe, afianzar en lo económico las recetas neoliberales y ejecutar los mandatos imperiales para consolidar la recolonización, jugando el papel que corresponde a un nuevo período en la conducción del país. Se trata de recobrar los viejos principios de la democracia burguesa, principalmente “respetar” la justicia, los partidos políticos, ejercer la represión a través de las fuerzas armadas y no de ejércitos paralelos, conciliar con el Congreso y mantener ciertas normas de decencia que le permitan a los linces del capital financiero aumentar sus pingües ganancias a costa de la explotación de la clase obrera y del pueblo colombiano, pero sin utilizar el fuste, si no es necesario. Por decirlo así, regresar al viejo modelo de los Lleras, los López, los Pastrana y mantenerse leales al amo yanqui.
Y Santos está cumpliendo bien la tarea. Convocó el 30 de Mayo a la construcción de un gobierno de Unidad Nacional, llamado al que concurrieron el Partido Liberal y Cambio Radical, además de la anterior coalición integrada por el Partido de la U y el Partido Conservador, y más adelante logró el beneplácito del Partido Verde y de un sector desertor del Polo Democrático Alternativo.
Recién posesionado Santos restableció las relaciones con Venezuela y Ecuador, obtuvo para Colombia el cargo de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avalado por Estados Unidos y respaldado por todos los países de América Latina y el Caribe, con excepción de Bolivia. Se congració con las cortes, logró antes de finalizar el año que se eligiera Fiscal de la República y obtuvo el respaldo del Congreso para todos sus proyectos.
Aprovechando las medidas extraordinarias a raíz del grave invierno que azotó a la nación aplazó las elecciones de gobernador en el Valle del Cauca y de paso consolidó en esa región el poder de Angelino e impidió la victoria casi segura del Pin. En el caso del Magdalena nombró como gobernador al general Bonnet Locarno en reemplazo de Díaz Granados de la cuerda de Trino Luna, aunque dicho nombramiento fue revocado por las leguleyadas de un juez de Santa Marta.
El presidente Santos ha prometido el oro y el moro. En el caso de la Ley de Tierras asegura que devolverá dos millones de hectáreas a los despojados de ellas. Falacia que no se compadece con lo que demuestra un estudio realizado bajo la dirección de Luis Garay, donde el desalojo llega a casi siete millones de hectáreas. Las tierras más fértiles -la mayoría- fueron legalizadas y adquiridas, como en el caso de Urabá, por las empresas extranjeras que explotan la palma africana. Y el gobierno anda en busca de estériles rastrojos que serían entregados a los campesinos pobres.
Nunca como ahora los derechos de los trabajadores y del pueblo se encuentran tan desprotegidos por las leyes. El presidente pretende que los fallos de los jueces sean emitidos teniendo en cuenta que no lesionen “la sostenibilidad fiscal” de la nación. Y en un Estado como el nuestro, que vive en permanente déficit, los derechos de los oprimidos serán conculcados por obra del Congreso y por un plumazo del “progresista” Santos.
En un artículo de María Teresa Ronderos de enero 15 último publicado en la revista Semana se comprueba fácilmente nuestra anterior afirmación. “En el Cesar, en los predios de Mechoacán y El prado, en la Jagua de Ibirico,….., luego de que los paramilitares las sacaron corriendo (a casi 200 familias campesinas)….., mataron a 18 personas….., con complicidad de un notario, el Instituto les adjudicó las tierras a nuevos dueños, entre ellos, a los parientes de alias “39”….., a la alcaldesa de la Jagua y a otros políticos locales, quienes, raudos y veloces y siempre con la venia del Incoder, les vendieron esas tierras a las multinacionales carboneras Drummond y Prodeco por miles de millones de pesos…… El nuevo Incoder está buscando otros predios para restituirlos.”
En cuanto se refiere a la Ley de Reparación de Víctimas, esta es una de las peores afrentas a los familiares de las mismas. La ley se aprobó para reparar a los afectados a partir de 1991, cuando innumerables masacres de las AUC y de las Farc se cometieron en la década anterior. Basta citar dos ejemplos: el holocausto del Palacio de Justicia y el fusilamiento de Eduardo Rolón, Aidée Osorio y Raúl Ramírez, militantes del MOIR por parte de las Farc.
El prestidigitador Santos sancionó el miércoles 19 de enero la ley sobre la salud para los colombianos. Además de las mentiras del presidente sobre las bondades de la misma, lo que se consolidó fue la privatización con el favorecimiento absoluto a los intermediarios de las EPS y las aseguradoras. Esta no es una afirmación política sólo del moirismo. El país embobado ni siquiera ha tomado nota de la negativa de las facultades de medicina, de las organizaciones gremiales del sector, así como de todas las entidades científicas que se negaron a asistir al acto de sanción de la ley.
Y en cuanto a la comedia del salario mínimo el gobierno y los empresarios de nuevo se salieron con la suya negándose a firmar un acuerdo con las centrales sindicales. Santos, sin esperar el dato sobre la inflación, profirió un decreto en forma unilateral aumentando el salario mínimo. El presidente tiene fama de haber abandonado en repetidas ocasiones a todos sus amigos en política y de ser muy hábil para el juego del póquer. Permitió que Angelino Garzón cacareara a favor de un aumento superior. Y al nuevo esquirol, Julio Roberto Gómez, lo ungieron como redentor, y en actitud aparentemente radical, exigió por todos los medios que se hiciera justicia. Santos sacó el as de diamantes y promulgó un nuevo decreto aumentando el salario mínimo en cuatro por ciento. Angelino dijo: “Eso demuestra la bondad y generosidad del presidente”. Y Julio Roberto exclamó exultante: “Esto nunca había sucedido en la historia de Colombia.”
La verdad es sólo una y fue expresada por el magistrado Alfredo Beltrán Sierra: “El presidente adecuó el salario mínimo a la Carta… La sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, que atiende el criterio de que en un Estado Social de Derecho se protege el trabajo, establece que el salario mínimo legal debe incrementarse de tal manera que, al menos, se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores de un año para otro. Como el primer decreto que de manera unilateral había expedido el gobierno contrariaba esa jurisprudencia, el propio gobierno debía expedir un nuevo decreto para que el salario mínimo no fuera contrario a la Constitución.”
Todo indica que el país se santificó. El estilo Uribe produjo el fenómeno del búmeran. Toda la derecha baila al compás del presidente. El centro del Partido Verde le sonríe a las buenas maneras del inquilino de palacio. Y un sector de la denominada izquierda, encabezada por Petro, lo califica de una nueva situación favorable a la solución de los problemas del país. El imperio lo usa como ficha clave en América Latina: Santos viaja a Brasil el 31 de diciembre a la posesión de la Presidente Dilma Roussef con la periodista Patricia Lara, ex candidata vice presidencial del Polo en 2006.
En el continente Chávez y Santos se declaran los nuevos mejores amigos. Brindan por el nuevo año en Brasil y se abrazan en el solaz de la posesión de la sucesora de Lula. Todos o casi todos fungen de amigos de Santos.
Estados Unidos por su parte espera a Angelino para que en nombre del movimiento obrero, y como vicepresidente de la República, anuncie ante los sindicalistas norteamericanos que en Colombia, en la nueva era, se respetan los derechos humanos y no se persigue a los sindicalistas. Callando, eso sí, que en el país se acabó el derecho de asociación sindical, de contratación y de huelga.
Al final del cuatrienio la Colombia entrampada con la recolonización habrá conseguido el TLC, y por ende perderá definitivamente su soberanía alimentaria y sus gobernantes encabezados por Santos y por Angelino serán colocados por las grandes mayorías trabajadoras en la picota de la historia. Pero la democracia de la gran burguesía intermediaria estará más consolidada.
Recurramos a Mosquera para dilucidar el entuerto: “En fin, a toda democracia la rige un contenido de clase. Los imperialistas y sus acólitos en su labor ideológica bregan por velar esta realidad y pregonan una República que cobije idílicamente a poseedores y desposeídos, explotadores y explotados, naciones opresoras y naciones oprimidas. Con base en este aberrante engaño erigen su rampante dictadura. Ciertamente el manisero de Georgia contribuyó a insuflar el asunto, pero, como era natural, enredó la pita. Al proletariado le toca poner los puntos sobre la íes y disipar la barahúnda”. (Francisco Mosquera, “La Vieja y la Nueva Democracia”. Fogoneros de la Revolución, pág. 181.)
LA CRISIS DEL PDA
El PDA, nacido de la fusión del Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática atraviesa hoy, en vísperas de reunirse la Junta Directiva Nacional durante los días 4 y 5 de febrero en Bogotá, un momento que podríamos llamar determinante para su existencia como organización aglutinante de diversas corrientes de la izquierda colombiana.
Gustavo Petro y un sector de sus seguidores ha decidido separarse del PDA y constituir una nueva organización política. Entre vueltas y argucias se van por lo que afirma Petro en su discurso pronunciado en el encuentro de diciembre de la denominada Corriente Democrática: “¿Cuál es nuestra relación con Santos? ¿Cómo apoyamos lo apoyable del gobierno de Santos?.....Lo que tenemos que discutir con Santos es sobre qué avances democráticos podemos obtener…..”
Petro y sus amigos creen que con Santos se podrán obtener avances democráticos. Con mayor sinceridad actúa Patricia Lara en misiva dirigida a la presidenta del Polo donde anuncia su retiro de la organización y el motivo que la mueve: “Porque en Colombia gobierna Juan Manuel Santos, un presidente que ha sorprendido al país y al continente con su gobierno progresista.” Cuán equivocados están los petristas y sus compañeros de aventura.
Francisco Mosquera, saliéndole al paso a los restauradores de la vieja democracia, afirmó: “Si en lugar de trabajar por una nueva sociedad se nos invita a prolongar la agonía de la vieja, mucho tememos que no sería viable la avenencia, por lo menos hasta cuando un cambio radical en la correlación de fuerzas le imponga al frente único el rumbo compatible con los anhelos libertarios de los obreros, los campesinos y el resto de clases y capas revolucionarias.” (Francisco Mosquera, “Frente revolucionario o componenda reformista”. Fogoneros de la Revolución, pág. 193.)
Los integrantes del Movimiento Nueva Democracia Moirista consideramos sin embargo que el PDA debe atender de inmediato correcciones en su devenir si quiere existir y fortalecerse como fuerza opositora al régimen. Insistimos en que el Polo debe aclarar su condición de frente único y no de partido. En él coexistimos diferentes organizaciones de diversas concepciones ideológicas, lo que no facilita nuestra disolución.
Los integrantes del Polo que ocupen cargos en la administración pública o en los cuerpos colegiados no podrán votar o privatizar los activos que representen un patrimonio público. Y en caso contrario se someterán a las sanciones correspondientes que irán hasta la expulsión pública.
Un asunto de vital importancia corresponde a las normas democráticas de funcionamiento. Ya que si las tres fuerzas principales que detentan los cargos de dirección continúan en su papel hegemónico irrespetando a las corrientes minoritarias, el Polo terminará como la UNO, convertido en lo que no debe hacerse para continuar en la brega interminable por la unidad del pueblo.
Si exigimos una conducta diáfana es porque estamos decididos a propender por una salida unitaria. Sin democracia interna y sin preceptos justos de funcionamiento el PDA entrabará su desarrollo y las dificultades de hoy se ahondarán irremediablemente.
Que los resultados de la reunión plenaria de la Junta Directiva Nacional del Polo lo fortalezcan en su batalla indeclinable contra el gobierno demagógico, neoliberal y continuista de Juan Manuel Santos.
Movimiento Nueva Democracia Moirista
Comité Ejecutivo Central
Bogotá, enero 25 de 2011
DIUSCURSO 
La tendencia polista Fuerza Común Somos Más expidió una declaración en la que hace una serie de reflexiones en torno de la situación política que vive el Polo Democrático Alternativo (PDA).
