Por Fernando Arellano Ortiz  

Entrevista con Paulina Mogrovejo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) de Ecuador.

El reto de América Latina si proyecta promover su integración política es el de generar redes regionales de medios públicos y comunitarios que intercambien contenidos, conocimientos y experiencias frente a la homogeneización de la globalización, afirma Paulina Gabriela Mogrovejo Rengel, representante del Defensoría del Pueblo en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) de Ecuador.

Esta abogada y periodista explica además en este diálogo periodístico que la integración regional “debe plantearse un horizonte que apunte al desarrollo de la industria cultural, lo que implica ofrecer las condiciones de emergencia de un mercado común de productos y servicios culturales”.

Con un amplio recorrido académico, Mogrovejo Rengel, doctora en Jurisprudencia, licenciada en Ciencia Política, especialista en Derechos Humanos, investigadora social, reportera y docente universitaria, analiza en detalle en esta entrevista, la guerra comunicacional que se libra en América Latina, la concentración mediática, los alcances de la legislación que sobre democratización y acceso a las frecuencias de radio y televisión se ha expedido en algunos países latinoamericanos, así como hace un balance de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador que ya llega a los tres años de promulgada.

Garantizar calidad de la comunicación es garantizar calidad de la opinión pública y de la democracia  

  • Afirmar que los medios de comunicación hegemónicos en América Latina son actores políticos que desarrollan estrategias para contribuir a dar “golpes blandos” a los gobiernos progresistas de la región, es redundar en el análisis. ¿Desde la institucionalidad de un Estado se puede enfrentar la guerra política de los oligopolios mediáticos, o es más un aspecto de generar hegemonía mediante la producción de sentido común?
  • Es evidente que, en el mundo contemporáneo, la ‘realidad’, en gran medida, se construye desde los medios de comunicación social. Por ejemplo, la ‘realidad’ que en Ecuador o Colombia conocemos de Argentina o Venezuela es aquella que nos llega por los medios de comunicación, sobre todo aquellos de mayor alcance. En este sentido, es fundamental comprender que el relato de los hechos que se difunden en los medios está influido por las personas y grupos que con su propia ideología e intereses los dirigen. En el marco de estas prácticas, no todas las personas, organizaciones sociales, partidos, movimientos políticos o colectivos; entre otros actores sociales, gozan de una libertad de expresión efectiva que les permita visibilizar sus ideas y realidades. Por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad  -más que de enfrentar una guerra- de defender, hacer respetar y garantizar el derecho de toda la sociedad a una comunicación e información veraz, intercultural, diversa, incluyente,  participativa, ética, sin censura ni autocensura y hecha con responsabilidad. En el caso de Ecuador, donde 9 de cada 10 medios de comunicación históricamente han sido de propiedad privada, la política pública de comunicación del Estado debe revertir esta situación y asegurar la pluralidad, diversidad y justicia en el acceso a medios de comunicación social, tanto en la propiedad como en la producción de nuevos sentidos. Garantizar la calidad de la comunicación e información a través de todos los mecanismos institucionales que sean necesarios, implica garantizar la calidad de la opinión pública y en consecuencia, la calidad de la democracia.
  • ¿En qué medida la expedición de legislación para democratizar el acceso a las frecuencias radioeléctricas de sectores populares, comunitarios y académicos que se ha venido dando en buena parte de Suramérica ha contribuido a enfrentar la batalla mediática impulsada y sostenida por el gran capital transnacional y las élites locales?
  • El objetivo de los Estados frente a los abusos de los poderes fácticos, siempre debe ser la defensa de los derechos humanos, entre ellos el de la comunicación. En esa línea, la existencia de medios comunitarios es un importante avance en la creación del espacio para la difusión de otras realidades. Democratizar el acceso a las frecuencias es una tarea compleja y va más allá de la normativa, por lo que requiere la intervención de la mayor cantidad de actores y ciudadanía posible. Desde sus inicios, las distintas normativas e instancias públicas de comunicación, al impulsar un nuevo orden en la distribución de las frecuencias para radio y televisión que reivindique al sector comunitario, resiste una agresiva campaña de desprestigio por parte de los conglomerados mediáticos que se rehúsan a una redistribución democrática. Por otra parte, las personas deben saber que crear nuevos medios públicos y comunitarios conlleva varios aspectos. Entre ellos, el inicio de procesos de reversión transparentes para disponer de frecuencias que hoy son de propiedad privada e implementar medidas de acción afirmativa, a fin de garantizar la sostenibilidad económica, social e institucional de estos nuevos medios. La meta de estas acciones es que los medios comunitarios y públicos no dependan de la voluntad política del Gobierno de turno. Afianzar la presencia de medios comunitarios perdurables en el tiempo implica la existencia de organizaciones sociales maduras; es decir, organizaciones con autodeterminación y autonomía en todos los aspectos e interesadas en proteger y consolidar estos medios. Finalmente, la capacitación y formación profesional de las comunicadoras y comunicadores  es otro aspecto esencial en el que se debe profundizar el trabajo. Defender y democratizar el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación e información de colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades implica grandes desafíos.
  • Por la reciente experiencia argentina en la que el presidente Mauricio Macri ha desconocido la institucionalidad que creó la Ley de Medios expedida en 2010 con el propósito de dejarla sin vigencia, ¿se podría afirmar que no basta simplemente con el instrumento legal? ¿Qué estaría haciendo falta?
  • En el caso argentino es indudable el doble estándar en el discurso de algunos actores políticos, alrededor del respeto a la libertad de expresión. Por ejemplo, la salida de Telesur desnuda un acto de censura gubernamental ante el cual, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), guardan un silencio cómplice. Asimismo, es claro que la modificación de la Ley de Medios por decreto presidencial, sin pasar por debate y aprobación en la legislatura, con el fin de restaurar los privilegios de grupos económicos y financieros claramente identificados, significa desconocer el derecho a la libertad de expresión de amplios sectores sociales de la Argentina. En ese sentido, las políticas argentinas de los últimos meses son regresivas de derechos. En general, si bien las leyes de medios son un importante avance, sostener un nuevo orden en el sector de la comunicación, capaz de incorporar el enfoque de derechos en todos los casos, requiere complementar la normativa con políticas públicas. De igual forma es necesario un cambio de la matriz cultural y avizorar que el nuevo orden es dar el poder y herramientas a la ciudadanía para la autodefensa de su libertad de expresión y los demás derechos humanos. También es importante desmontar varios mitos que desde algunos medios se han edificado sobre la defensa de los derechos de la comunicación y las instituciones que los defienden. Por citar un caso en el Ecuador: los derechos de rectificación y réplica han sido presentados como un ataque a la prensa. Nada más alejado de la verdad. La rectificación y réplica son mecanismos para evitar que las personas sean acosadas, perseguidas, descalificadas, silenciadas o castigadas por pensar distinto.

  • ¿En la disputa mediática de las audiencias, qué rol han jugado los medios públicos, en su país, el Ecuador? ¿Cómo ha sido la experiencia?
  • La creación y desarrollo de medios públicos en el Ecuador ha sido un hito en la comunicación del país. Han permitido difundir contenidos de interés público, transparentar la gestión estatal, contar con espacios de educomunicación, promover el patrimonio audiovisual, permitir la formación y práctica de los nuevos periodistas y comunicadores sociales en las universidades, fomentar audiencias críticas y producir contenidos que impulsan la autorrepresentacion de personas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Estos medios representan la diversidad y las múltiples voces del país. Este tipo de medios cumplen una finalidad social que complementa la comunicación comercial, lo cual supone una oportunidad para las audiencias que reciben un servicio de comunicación con prevalencia de contenidos informativos, educativos, formativos y culturales que además reflejan la realidad de los habitantes de todo el país. En definitiva, son una piedra angular de la Democracia. Los medios públicos proponen una mirada distinta del derecho a comunicar.
  •   La Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador que fue expedida en 2013 va a cumplir tres años de vigencia, ¿ya se puede hacer un  balance de sus alcances en este lapso?
  • El balance de la Ley Orgánica de Comunicación es positivo. La normativa ha permitido la inclusión en todos los medios de comunicación de un 5% de contenido intercultural. Tomadas en cuenta poco o nada en el pasado, las 14 nacionalidades y pueblos adquieren hoy un rol protagónico en la nueva comunicación del país. Los medios de comunicación de alcance nacional gradualmente han incluido el lenguaje de señas en su programación. Todos los medios públicos disponen de lenguaje de señas incorporados en sus noticieros. Entre los alcances más importantes destaca la prevención de contenidos discriminatorios. Cuando un medio de comunicación emite información o mensajes que discriminan a una persona o grupo social, estos son debidamente procesados para reparar los derechos vulnerados. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Desarrollo de la Comunicación  realizan permanentemente exhortos, pronunciamientos y calificaciones de contenidos a favor de una comunicación incluyente y respetuosa de los derechos humanos. Hasta el momento se han analizado 37 casos de discriminación entre los que destacan el de una adolescente atea recriminada públicamente en televisión nacional por su no creencia en Dios y un programa que hacía apología de la violencia doméstica con el pretexto del humor. La Ley Orgánica de Comunicación ha permitido avanzar en la justicia laboral y reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la comunicación. El salario mínimo de los periodistas aumentó aproximadamente en un cuatrocientos por ciento. Antes, un periodista profesional recibía en promedio US$170 mensual. Actualmente, recibe mínimo de US$817. Además, unas 1500 trabajadoras y trabajadores del sector han sido capacitados. Otro punto positivo es el apoyo a las industrias culturales ecuatorianas como el cine, la música y la publicidad hechas en el Ecuador. Gracias a la Ley Orgánica de Comunicación, las radios deben destinar la mitad de su programación musical  para difundir a los compositores, autores e intérpretes ecuatorianos.
  • De acuerdo con la legislación ecuatoriana la comunicación social “es un servicio público”. ¿Qué responsabilidad para los medios y qué alcance sociopolítico implica esta concepción?
  • En el Ecuador, la comunicación es un derecho constitucional como la educación y la salud. Se garantiza a través de la prestación del servicio público de comunicación social a cargo de las estaciones de televisión y radio, así como los impresos, tanto de carácter público, como privado y comunitario. Esto permite transversalizar en los contenidos comunicacionales, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Prioriza el principio de solidaridad en lugar de la competencia desleal y la lógica del ‘rating’ que privilegia los intereses del mercado a pesar de la libertad de expresión. Esta definición de rango constitucional, supera la clásica visión del servicio público atado a los medios públicos exclusivamente y apela al rol socializador de todos los medios, independientemente de su origen. La comunicación, al ser un derecho y un servicio a la vez, permite aplicar de forma inédita, el derecho de las audiencias y ciudadanía a la responsabilidad ulterior de los medios. A su vez, la comunicación como servicio público permite al Estado prevenir prácticas abusivas en el mercado y las empresas de comunicación. De igual forma queda garantizada la accesibilidad y asequibilidad a las plataformas tecnológicas y otras fuentes de información. A los medios de comunicación, sobre todo regionales y locales, les da la posibilidad de participar en la distribución equitativa de la publicidad estatal. En la tutela del cumplimiento de los derechos humanos se establecen parámetros para evitar publicidad engañosa al mismo tiempo que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros grupos de atención prioritaria.
  • ¿En qué medida se ha avanzado en el proceso por democratizar el acceso a las frecuencias en el espectro radioeléctrico en el Ecuador? ¿Sigue siendo aún un reto por parte del Estado enfrentar la gran concentración por parte de los oligopolios mediáticos? ¿Qué obstáculos se están presentando en el camino?
  • Un primer paso ha sido superar décadas de concentración de medios en manos de grupos familiares, económicos y financieros. Este proceso comienza con la reforma constitucional en el año 2008, iniciativa que propone rescindir los conflictos de interés existentes principalmente entre los medios y la banca. La Constitución de Montecristi dispone la aprobación de una ley que sustituya a la Ley de Radio y Televisión emitida durante la última dictadura, porque alentaba la desigualdad en el acceso a la comunicación e información y dejaba abierta la posibilidad del cierre de medios por su línea editorial. Luego, en el año 2011, las ecuatorianas y ecuatorianos, en consulta popular, respaldan la política estatal de desvincular las actividades de los medios de comunicación de las presiones del sector financiero. Finalmente, en el año 2013, pese al boicot latente de algunos medios de comunicación, la Asamblea Nacional, tras un intenso debate y análisis de cuatro propuestas, aprobó la actual Ley Orgánica de Comunicación que estipula que la adjudicación de frecuencias será bajo un concurso público, abierto y transparente, donde podrá participar el sector comunitario, antes excluido. Actualmente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ejecuta el proceso de reversión de más de mil frecuencias de radio y televisión, conforme los protocolos del artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación.
  •   ¿Qué rol juega en ese propósito fundamental de democratización de los medios el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM)?
  • El CORDICOM evalúa los proyectos de contenidos comunicacionales sobre la base de criterios técnicos y sociales, con observancia de la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Comunicación y demás normativa vigente. Adicionalmente, el CORDICOM desarrolla medidas de acción afirmativa que posibilitan alcanzar pluralidad de contenidos. Entre ellas el fomento de redes de medios, compartición de parrillas, creación de repositorios de contenidos de producción nacional e intercultural, soporte técnico, capacitación, líneas de crédito, fondos de publicidad, entre otros.
  •  Además de contar con leyes para democratizar la comunicación, ¿América Latina qué otros retos tiene pendientes para avanzar en ese propósito?
  • Es imprescindible lograr acuerdos mínimos a nivel regional e identificar puntos en común como la necesidad de desconcentrar los medios. También es necesario debatir y profundizar la democratización de contenidos. La integración latinoamericana debe plantearse un horizonte que apunte al desarrollo de la industria cultural, esto implica ofrecer las condiciones de emergencia de un mercado común de productos y servicios culturales. Pensar en redes regionales de medios públicos y comunitarios que intercambien contenidos, conocimientos y experiencias frente a la homogeneización de la globalización. Las mujeres, los pueblos y nacionalidades latinoamericanas deberían juntarse desde una clave regional unificadora. Superemos la fragmentación y los clivajes, reescribamos la visión latinoamericana desde la descolonialidad. Lo intercultural a nivel nacional es un primer paso pero la idea alrededor de la cual podemos sembrar nuevas propuestas regionales requiere repensar las industrias culturales desde el sur, con sus potencialidades generadoras de identidad y discursos diversos. Una opción interesante sería el Banco del Sur como fuente de recursos que incentiven la creación de medios comunitarios y de productos culturales regionales.

Quito, Ecuador.