Por Carlos Gaviria Díaz  

El 20 de julio de 2005 radiqué en el Congreso de la República el Proyecto de Ley No 01 de ese año, iniciativa que tiene como objetivo clarificar y facilitar los mecanismos de exigibilidad de algunos de los derechos sociales. De aprobarse este proyecto los ciudadanos contarán con una herramienta sumamente útil para la protección de sus derechos más elementales de subsistencia.

Una prueba clara de la crítica situación social de la población colombiana se encuentra en el gran número de acciones de tutela interpuestas para exigir derechos sociales como la salud, la educación y la seguridad social.

La jurisdicción constitucional ha desempeñado en este campo una labor fundamental al permitir la protección de estos derechos en casos excepcionales en los cuales su desatención implicaría un atentado contra el mínimo de condiciones vitales de una persona. Tal circunstancia, sin embargo, ha sido un factor generador de inseguridad jurídica tanto para los titulares de los derechos sociales como para quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio relacionado con el ejercicio de tales derechos, en la medida en que los criterios jurisprudenciales no se encuentran unificados y no existen mecanismos legales que permitan dar claridad a esta materia.

Una vieja concepción, dominante aún hoy en algunos sectores de la sociedad, entiende los derechos sociales como prestaciones casi facultativas del Estado. En realidad, ellos son la sustancia del Estado Social de Derecho y de su protección efectiva depende la legitimidad del sistema político y su carácter social, especialmente cuando involucran la vida digna de los ciudadanos.

Por estas razones presenté en el Congreso de la República esta iniciativa que tiene como objetivo clarificar y facilitar los mecanismos de exigibilidad de algunos de los derechos sociales. Con el debate y aprobación de este proyecto, el Congreso podrá entregar a los ciudadanos una herramienta sumamente útil para la protección de sus derechos más elementales de subsistencia, que contribuirá, además, a evitar que la iniquidad y el favorecimiento de unos pocos den al traste con el aseguramiento del mínimo de derechos sociales de todos los colombianos.

Esperemos que el Congreso de la República, con la aprobación de este proyecto, tenga el acierto de dar un paso inicial e importante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa que sirva de fundamento a una paz cierta y duradera.

Julio de 2005