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Absueltos líderes de corteros de caña por huelga realizada en el Valle en 2008

El pasado 10 de septiembre la juez 3 penal especializada del Circuito judicial de Buga, María  Eugenia  Correa,  absolvió  en  audiencia pública de toda responsabilidad penal a  los  líderes  corteros  de  caña  y  a  sus  acompañantes, Alberto Bejarano y Juan Pablo Ochoa, por los hechos de la huelga que realizaron en el Valle del Cauca, entre los meses de septiembre y diciembre del año 2008. 

En un proceso de juzgamiento  que  completó cuatro  años,

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El pasado 10 de septiembre la juez 3 penal especializada del Circuito judicial de Buga, María  Eugenia  Correa,  absolvió  en  audiencia pública de toda responsabilidad penal a  los  líderes  corteros  de  caña  y  a  sus  acompañantes, Alberto Bejarano y Juan Pablo Ochoa, por los hechos de la huelga que realizaron en el Valle del Cauca, entre los meses de septiembre y diciembre del año 2008. 

En un proceso de juzgamiento  que  completó cuatro  años, el  despacho  judicial  consideró  en  su  sentencia absolutoria, que no fueron probadas en juicio ninguna de las conductas enrostradas contra los acusados  por  parte  del  Fiscal seccional  Elox  Gabriel  Prada;  ni  las  pretensiones  solicitadas  por  Asocaña, ni  los sindicatos patronales  quienes solicitaron  la  condena  de  los mencionados  por  los  delitos  de  concierto  para  delinquir,  sabotaje  y  lesiones personales agravadas.

La Juez  3 Penal  Especializada señaló en el texto de la sentencia que no se probó en juicio participación alguna de los procesados en actos censurables, no se estableció la realización cierta de reuniones  con  el fin  concertado  de cometer  actos ilícitos,  ni  mucho menos  se logró responsabilizarlos en las agresiones contra los agentes de Policía del ESMAD en el caso de los enfrentamientos en los predios del ingenios Central Tumaco durante la referida huelga de corteros de Caña. Estos  correspondieron según la juez penal  a un hecho aislado ocasionado por la falta de tino y prudencia del comandante del Grupo ESMAD de la Policía,  quien fuera el que ordenara la agresión  a centenares  de  manifestantes en ese lugar y momento. De la misma manera nunca se  logró  probar  la existencia de los llamados “comités de represalias”.  

En concepto de la juez,  la  Fiscalía  y  los  representantes  de  las supuestas víctimas (los  ingenios  azucareros)  nunca  lograron  consolidar  el  respaldo  probatorio necesario  para  sustentar  sus peticiones  de  condena  y  los  testigos  medulares  de  la acusación, el informante de Asocaña, José Emilio Londoño y el mayor William Peña  Solano  de  la  Policía,  finalmente  no  aportaron  las  evidencias  necesarias  para  lograr soportar  sus  dichos.   

En  el  caso  del  informante José Emilio  Londoño,  la juez  cuestionó duramente la integridad de su testimonio, señalando que éste nunca llenó las expectativas en él fijadas como supuesto testigo de los hechos:  fue un declarante olvidadizo, selectivo, contradictorio  incoherente,  esquivo,  cuya  credibilidad  fue fuertemente  cuestionada en  el proceso.  Para  el  despacho,  no  hubo  pruebas  directas  en  este  caso,  tal  como  lo reconociera la propia Fiscalía, quien solicitó inferir la condena a partir de indicios. Indicios que la Juez 3 Penal Especializada no validó como meritorios ni fundados para comprometer a los acusados. Para el despacho los testigos de la Fiscalía “no aportaron nada, no dijeron nada, no probaron nada” que  fuera  de  mérito  en  el  proceso  y  en  sus  propias  palabras “escucharon  la cantada del gallo, pero nunca supieron dónde”.

Finalmente, la juez desestimó  la  solicitud  de  contenido  doctrinal que hicieran los abogados José Atehortua y Darío  Encinales a nombre de los sindicatos patronales y de la industria azucarera de condenar a los acusados Alberto Bejarano y Juan Pablo  Ochoa  por  supuesta inobservancia  de  su deber  de  garantes de  los  derechos  y  bienes jurídicos de las empresas azucareras en su condición de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Para el despacho lo único probado en este juicio es el papel asesor y de acompañamiento desempeñado por estos en ejercicio de sus funciones para el caso de la lucha legítima y legal de los trabajadores por ejercer sus derechos de reunión, asociación y huelga en procura de mejorar sus condiciones de vida. La responsabilidad por esta conducta a su vez, escapa a la esfera del derecho penal, señaló la juez María Eugenia Correa. 

La Fiscalía y los representantes de las víctimas interpusieron el recurso de apelación a la sentencia.  Tanto  la Procuraduría  Regional  como  la  defensa  técnica  de  los  acusados  se abstuvieron de cuestionar la decisión judicial.

Los corteros de caña y sus familiares hicieron un reconocimiento al papel del senador por el Polo Democrático, Alexander López, quien fuera objeto de fallo  inhibitorio  por  estos mismos  hechos  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  y  quien igualmente  fue  determinante  en  el  apoyo  a  la defensa  de  los  acusados.

También resaltaron el apoyo  decisivo  de  la  solidaridad  internacional  encabezada  por  la organización  internacional  Acción  Permanente  por  la  Paz – Witness for Peace,  el  Sindicato  de  los  Trabajadores de  la Madera (United Carpenters Union) de Oregon, Estados Unidos;  el Washington Office for latinamerica,  WOLA con  sede  en  Washington,  D.C; la Agencia Cordaid – Holanda y Misereor – Alemania y  en  general  a  todos  aquellos y aquellas, en toda Colombia y el exterior, que se sumaron de forma desinteresada y con un alto  espíritu  ciudadano y solidario  en  la  defensa  de  la  causa  de  los  trabajadores  de  la  industria azucarera en el Valle del Cauca.  

11 de septiembre de 2012.

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