Por decisión de la Corte Constitucional, alcaldes y gobernadores del país podrán negarse al desarrollo de proyectos mineros, así el Gobierno Nacional no esté de acuerdo.

El alto tribunal declaró inconstitucional la norma del Código de Minas que impedía a las autoridades civiles de los entes territoriales oponerse a la realización de proyectos encaminados a la explotación del subsuelo.

Con la nueva vigencia del viejo Código Minero revivió también una norma que les impedía a los alcaldes y a los gobernadores oponerse al desarrollo de proyectos mineros en sus departamentos y poblaciones.