La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular adelanta una serie de movilizaciones en edificios del gobierno para exigir la atención de peticiones presentadas desde el 2013 y el cumplimiento de acuerdos. También para hacer la denuncia del asesinato de 120 dirigentes sociales en 2016 y 30 en lo transcurrido del 2017, asunto de suma gravedad para la democracia y el respeto de las libertades ciudadanas.