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Argentina: la “década honrosa”

Por Julio Semmoloni / APAS  

El pasado 25 de Mayo la celebración del día patrio en Argentina coincidió con los diez años del proyecto político que recuperó con su impulso transformador la autoestima nacional de los argentinos. Le aguarda en octubre otro hito constitucional para afianzarse más aún.

Fue el historiador y periodista tucumano José Luis Torres quien calificó de “década infame” al ilegítimo período institucional transcurrido entre el 6 de setiembre de 1930 y el 4 de junio de 1943.

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Por Julio Semmoloni / APAS  

El pasado 25 de Mayo la celebración del día patrio en Argentina coincidió con los diez años del proyecto político que recuperó con su impulso transformador la autoestima nacional de los argentinos. Le aguarda en octubre otro hito constitucional para afianzarse más aún.

Fue el historiador y periodista tucumano José Luis Torres quien calificó de “década infame” al ilegítimo período institucional transcurrido entre el 6 de setiembre de 1930 y el 4 de junio de 1943.

La cronología indica que dicho lapso fue superior a una década, por cuanto comprendió doce años y nueve meses. Con parecida licencia de inexactitud temporal, propongo calificar como la “década honrosa” el tiempo político de respeto constitucional que va desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando finalice el segundo mandato de Cristina Fernández, aunque se irán a cumplir con exceso doce años y seis meses y medio. Los antónimos utilizados para referenciar décadas con gobiernos completamente distintos, notoriamente antagónicos, pueden explicarse desde un punto de vista formal, como suele hacerse, o lo que resulta mucho más elocuente y atractivo, desde un análisis atravesado por la valoración ética e ideológica.

El viernes 17 de mayo pasado se produjo la muerte de Jorge Rafael Videla, el símbolo y máximo responsable del terrorismo de Estado y la más feroz dictadura que recuerde esta Argentina bicentenaria. Lo trascendente y paradigmático del hecho no es el deceso en sí de ese hombre terrible, sino la ponderación de las condiciones precisas en que murió. No obstante haber sido la figura por antonomasia de aquella etapa aciaga del país, dado el indisputable poder del que dispuso durante al menos cinco años, al punto que en el mundo se la conoce como la “dictadura de Videla”, ese hombre murió ya anciano, de muerte natural, encerrado en una cárcel común, tres veces condenado por numerosísimos crímenes de lesa humanidad a penas de reclusión perpetua en dos ocasiones y a cincuenta años de prisión en la restante, gozando en cada instancia judicial de todas las garantías procesales de la Constitución y los tratados internacionales, aunque sólo con la primera de las sentencias confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, dada la morosidad de ésta para decidir en la materia.

Ciertamente, resulta lícito apreciar en toda su magnitud esta consagración ejemplar de la política de Estado en Derechos Humanos del actual gobierno, que en el caso específico y singularísimo de Videla se consumó sin la menor objeción ajustada a Derecho que se haya fundado y consentido por parte del más alto tribunal de la república. La Argentina se ha reivindicado y le ha dado una lección al mundo: es posible recorrer sin tomar atajos suspicaces -y lo mismo resultar airosos- el camino señalado por la estricta consigna moral Memoria Verdad Justicia en el marco de la institucionalidad democrática.

Por diversas circunstancias nada de este recorrido jurídico se siguió -por ejemplo- en Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini o en la ex Unión Soviética con Stalin. Tampoco hubo el menor atisbo de enjuiciamiento en Estados Unidos a J. Edgar Hoover, director del FBI durante 48 años hasta su muerte, por haber instaurado el terrorismo de Estado en su país contra miles de ciudadanos acusados ilegalmente y perseguidos por ello con todo el aparato represivo gubernamental, en muchos casos ocasionando la pérdida de la libertad, el desempleo, el desarraigo y hasta la muerte prematura de algunas víctimas (como el penoso caso de Wilhelm Reich). A diferencia de los dictadores ya nombrados, Hoover no necesitó ostentar el máximo cargo de conducción política, porque se ha demostrado que los ocho presidentes que avalaron su jerarquía burocrática (de Coolidge a Nixon), además de permitir sus fines tiránicos temían cualquier represalia difamatoria por parte del vitalicio director.

Pero por tratarse de situaciones de similar tenor acaecidas en países con los cuales el nuestro mantiene estrechos vínculos de todo tipo, la ejemplaridad con que se hizo justicia aquí con Videla contrasta de un modo dramático con la ignominiosa tolerancia en España y Chile respecto de la suerte corrida por Franco y Pinochet, respectivamente. Mientras que en la “madre patria” el longevo caudillo ejerció hasta el último de sus días y durante cuatro décadas su genocida tiranía, en el país “trasandino” el militar traidor a su juramento de ley y asesino de miles de compatriotas se fue de este mundo impune y rodeado del afecto y la admiración de quienes aún hoy lo vivan por las calles de Santiago.

En cuanto a la política de Derechos Humanos, las consecuencias de estos hechos aún en pleno desarrollo vislumbran los derroteros desiguales de halagos, reproches y desafíos por afrontar. La Argentina siente a menudo la soledad que le asiste cada vez que se debate en el mundo su encomiable vanguardismo. Los acuerdos celebrados en América del Sur con gobiernos afines no han sido suficientes para que al interior de esos países hermanos (Brasil, Uruguay, Paraguay o Bolivia, por ejemplo) se juzgue a los represores de dictaduras precedentes con parecida rectitud. Por eso es habitual que la prensa dominante de todos los países de América del Sur considere a la Argentina un “mal ejemplo”, mientras que diarios como Clarín y La Nación de manera sistemática suelen elogiar a los vecinos en detrimento del gobierno nacional.

Con la sola mención de que ya se condenó a prisión a más de cuatrocientos represores -y que ello es posible gracias al contexto político generado por el gobierno surgido en 2003-, bastaría para valorar todos estos años como la “década honrosa”. Reforzaría este criterio que durante el resto del presente año serán condenados decenas de represores, y debido al estado en que se encuentran otras numerosas causas abiertas -aún lejos de elevarse a juicio oral-, es posible estimar que hasta 2015 recibirán penas varios centenares más de represores. Pero también cabe reconocer que para un amplio sector de la población, el aporte de estos datos incontrastables de la realidad no es suficiente para honrar completamente los primeros diez años de tan amplia y diversa gestión gubernamental.

A través de varias columnas precedentes he referido para esta Agencia los fundamentos comprobados de la enorme tarea transformadora realizada por las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que permitieron a la vez desendeudar fuertemente al país, hacerlo crecer como nunca antes, incluyendo a millones de argentinos en ese recuperado bienestar general, y por eso mismo fortaleciendo la capacidad del Estado para afrontar con mayor autonomía y decisión los cuantiosos problemas sociales de desigualdad que deberá resolver en un plazo razonable. Por eso en esta ocasión considero que más relevante que la enumeración de los capítulos mejor atendidos de la obra de gobierno, es difundir un estudio comparativo sobre la evolución en cada una de las últimas siete décadas, de la inflación media anual y del crecimiento medio anual del Producto Bruto Interno (PBI), registrados en esos períodos. Será otra mirada de largo alcance para poner en relieve el porqué del epíteto con que deseo calificar estos años.

El trabajo realizado por los investigadores Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas de la Universidad Nacional General Sarmiento, fue publicado en Página/12 bajo el título “Los mitos de la inflación”. Se basa en datos extraídos de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del Centro de Estudio para el Desarrollo Argentino (CENDA), del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), dependiente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y de las consultoras privadas que suelen medir para los partidos políticos de oposición los índices de precios al consumidor (IPC).

En la publicación se deja constancia que en la medición comparada respecto del crecimiento medio anual del PBI se tomaron registros de la FCE-UBA del período 1943-1982 y del INDEC en 1983-2012. En tanto que para el cotejo de los índices de inflación media anual, los datos del INDEC período 1943-2006, de CENDA en 2007-2010, de CIFRA en 2011 y de las consultoras privadas en 2012. El ciclo de las siete décadas estudiadas y comparadas arranca en 1943-1952 y termina con 2003-2012.

Para ser más precisos en términos políticos conviene repasar qué gobiernos se desempeñaron en cada una de las décadas comparadas. En 1943-1952: régimen militar de Ramírez y Farrell, y presidencia de Perón; en 1953-1962: presidencia de Perón, dictadura de Aramburu y presidencia de Frondizi; en 1963-1972: presidencia de Íllia y dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse; en 1973-1982: presidencias de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez, y dictadura de Videla-Viola-Galtieri-Bignone; en 1983-1992: dictadura de Bignone, y presidencias de Alfonsín y Menem; en 1993-2002: presidencias de Menem, De la Rúa y Duhalde; en 2003-2012: presidencias de Kirchner y Fernández. Se advierte que la única década gobernada bajo un mismo proyecto político y económico es esta última.

A continuación, los dos porcentajes registrados para cada década comparada de la inflación media anual y del crecimiento medio anual del PBI (en este orden): en 1943-1952, 19% y 3%; en 1953-1962, 26% y 4%; en 1963-1972, 27% y 5%; en 1973-1982, 147% y 1%; en 1983-1992, 382% y 1%; en 1993-2002, 4% y 2%; y en 2003-2012, 17% y 7%.

¡Cuántas conclusiones pueden sacarse! La primera es que está finalizando la mejor década de la historia: la “década ganada” como dice la Presidenta en alusión a las dos “décadas perdidas” (1973-1982 y 1983-1992) con apenas el uno por ciento de crecimiento medio anual del PBI y dos altísimos ciclos de inflación media anual del 147% y 382%, respectivamente. Pero sobre todo, como se propone en este análisis, la “década honrosa”, pues presenta el mayor crecimiento medio anual del PBI de los últimos setenta años y una tasa de inflación media anual baja en términos relativos, sólo superada por el plan de Convertibilidad que desembocó en la peor crisis económica y social de la historia argentina.

Como en toda estadística, hay datos que pueden ser controvertidos si uno se atiene a lo que habitualmente presumía desde siempre. Por ejemplo, resulta mucho más bajo de lo que se cree el porcentaje de crecimiento medio anual del PBI durante la primera década peronista, aunque con la tercera menor inflación de todo el período considerado. Abruma, en cambio, la nefasta incidencia inflacionaria en el casi nulo crecimiento medio anual del PBI durante el largo período que abarcan la última dictadura cívico-militar y los gobiernos de Alfonsín y Menem. Luego viene la etapa de más baja inflación media anual durante la Convertibilidad, cuando se consumó la más grave desnacionalización de los factores de la producción en el país.

“Década honrosa”, entonces, porque el crecimiento sostenido permite la creación de millones de nuevos puestos de trabajo, y el alto empleo sustenta los buenos salarios para los trabajadores. Esa movilidad social ascendente genera que ningún niño deje de ir a la escuela y que el seguimiento sanitario del sistema actúe en consecuencia. Asimismo, el paulatino crecimiento de la producción de bienes y servicios impulsa la expansión del mercado interno de compra y venta de toda clase de productos, por lo tanto requiere que la distribución del creciente ingreso incluya cada vez a más personas para incrementar el número de oferentes y demandantes que de nuevo recrean la secuencia virtuosa de las economías en franco desarrollo.

Pero este auspicioso fenómeno no se da espontáneamente. De algún modo debe regularlo y estimularlo el Estado a través de políticas públicas activas, para que no sea el mercado el que de manera autónoma siga su propio impulso como pontifican los liberales, dado que la disparidad abismal entre los actores intervinientes termina por agudizar la concentración de capitales en pocas manos, en detrimento de la más equitativa distribución del ingreso. Por ahora, si la continuidad honrosa del actual modelo quiere afianzarse, será necesario no ceder a la voracidad corporativa que día a día jaquea la todavía frágil estructura económica que ha logrado más aciertos que reveses.

APAS.

 

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