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Aunque habitantes de Piedras,Tolima, dijeron no a la exploración minera, gobierno de Santos busca desconocer consulta popular

El municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, se convirtió en el primero del país en decirle un NO rotundo a la actividad de exploración minera en su jurisdicción.

No obstante, el gobierno de Santos mediante argucias jurídicas busca ahora desconocer flagrantemente la voluntad popular para defender los intereses de la transnacional aurífera que opera en esa población, con el propósitos además de seguirle abriendo paso a su funesta locomotora minera que atenta contra el medio ambiente y los territorios del país.

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El municipio de Piedras, en el departamento del Tolima, se convirtió en el primero del país en decirle un NO rotundo a la actividad de exploración minera en su jurisdicción.

No obstante, el gobierno de Santos mediante argucias jurídicas busca ahora desconocer flagrantemente la voluntad popular para defender los intereses de la transnacional aurífera que opera en esa población, con el propósitos además de seguirle abriendo paso a su funesta locomotora minera que atenta contra el medio ambiente y los territorios del país.

Al finalizar la consulta popular celebrada el pasado domingo 28 de julio, en la que participó el 58,90 por ciento de los 5.105 ciudadanos aptos para votar, el resultado fue el siguiente: Por el NO, 2.971; por el SÍ, 24; votos nulos, 2; tarjetas no marcadas, 10, total votos, 3.007.

La Registraduría Nacional informó que el Censo Electoral del municipio es de 5.105 personas habilitadas, lo que significa que debían participar 1.702 ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Ley 134 de 1994.

Con los resultados de la jornada, convocada por la Alcaldía de Piedras, quedó claro, como dice el artículo 55 de dicha norma que: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.

Así las cosas, en esa localidad del Tolima no se podrá, en adelante, realizar muestras de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas”.

En la consulta participaron 55 jurados que atendieron las ocho mesas de votación: cuatro ubicadas en la cabecera municipal de Piedras, dos en el corregimiento de Doima, una en Guataquicito y una más en San Miguel.

Ejemplo de dignidad

La comunidad de Piedras – Tolima constituye  un ejemplo de dignidad al manifestar su unidad y su organización al ser el primer municipio que realiza la consulta previa para decidir si el agua es para la gente o para el oro. Sin duda demuestra la autonomía de un pueblo que defiende su soberanía y que con su conciencia orienta a sus dirigentes como queda demostrada la posición del alcalde en defensa de lo que exige la comunidad de Piedras frente a la presión de la empresa Anglo Gold Ashanti y el Ministerio de Minas, que por todos los medios buscan alentar la peligrosa “locomotora minera” santista.

En efecto, la transnacional señala que no se tiene en cuenta el desarrollo que le traería al municipio y el Ministerio dice que a la comunidad no le competen esas decisiones. Es de resaltar la firmeza de esta comunidad ante tal acoso, en el que la ley protege la inversión extranjera por encima de ellos y se aparenta desconocer el historial de destrucción y miseria que ha dejado Anglo Gold Ashanti en otros rincones del mundo.

La decisión popular

El Tribunal Administrativo del Tolima dio vía libre para que los pobladores de Piedras decidan si aceptan las operaciones de la Anglogold Ashnati en su territorio. Dicho Tribunal falló a favor de la petición de la comunidad de hacer una consulta popular, que les permita decidir sobre la operación de la compañía Anglogold Ashanti en la zona. De acuerdo con el fallo la pregunta, que fue sometida a consulta popular, “es clara y está bien proyectada”.

La pregunta también incluyó si los pobladores de ese municipio tolimense apoyan el almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente y que se utilice el agua del poblado para estas actividades.

Es la primera vez que un municipio del país lleva a las urnas un asunto como este. ¿A qué se debe el rechazo a la actividad minera en Piedras? Desde principios de 2013 han sido varias las manifestaciones de los pobladores del corregimiento de Doima, en el mismo municipio, en contra de la llegada de la compañía canadiense Anglogold Ashanti. Su preocupación empezó cuando se enteraron de que la empresa tendría planes de ubicar allí un centro para el procesamiento del oro que sea extraído en el proyecto La Colosa, en el municipio de Cajamarca (ubicado a 75 kilómetros de distancia). Según expertos, una actividad como ésta requiere millones de metros cúbicos de agua y podría competir por el recurso con otras actividades como la agricultura.

Aunque la Anglogold Ashanti ha reiterado en varias ocasiones que la compañía tiene la posibilidad de ubicar en 100 kilómetros a la redonda la infraestructura que requiera para su proyecto minero, y que aún están en análisis para definir si el proyecto es o no viable, el rechazo es evidente. Tanto así que a finales de enero de 2013, la compañía demandó al alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, debido a que varios pobladores estaban restringiendo el paso de sus empleados y su maquinaria. La demanda fue declarada improcedente pero la tensión entre la comunidad y la minera siguió aumentando.

“Piedras es un municipio rico en agua, es totalmente agrícola, aquí la gente vive de eso, las operaciones mineras contaminarían las fuentes de agua y es probable que nos tengamos que ir”. Así se refiere Ángela Guzmán, líder de Doima, a la posible instalación de la compañía en la zona. El alcalde Ávila Rondón señala lo mismo: “Estamos convencidos de que cualquier explotación minera en la que se vaya a utilizar grandes cantidades de agua, va a afectar el municipio. En este momento hay una intención generalizada de votar en contra de la presencia de cualquier empresa minera en nuestras tierras pero la decisión de la mayoría sólo se verá en la votación”.

Gobierno estudia si acepta o no veredicto popular

La votación casi unánime (99,2 por ciento) del domingo en el municipio de Piedras (Tolima), en contra de que en su jurisdicción se desarrollen actividades mineras relacionadas con la explotación de oro, puso sobre las cuerdas a las principales instituciones del país, que ahora estudian con lupa el efecto de esta decisión y las acciones conducentes a que el proyecto de oro La Colosa, en la población tolimense de Cajamarca, no termine generando conflictos sociales.

La votación se da un mes después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) incluyó la iniciativa, cuyos recursos potenciales se calculan en 26,8 millones de onzas de oro, en una lista de 40 proyectos de interés nacional, con el fin de centralizar su fiscalización y ejercer un control directo.

La presidenta de la ANM, María Constanza García, señaló que se hará un estudio muy cuidadoso de la decisión, para verificar su pertinencia jurídica y preservar el ordenamiento constitucional y legal.

Recordó que una sentencia de la Corte Constitucional define de forma expresa que la decisión de establecer zonas excluidas de la minería les compete exclusivamente a las autoridades ambientales y minera.

El análisis estará a cargo del Ministerio del Interior, ya que se debe evaluar la decisión y actuación del alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, pues la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Piedad Angarita Guerrero, coordinadora del grupo asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías, le advirtió recientemente sobre una posible extralimitación de funciones, si se expide algún acto administrativo que excluya zonas de minería del municipio, el cual todavía no se produce.

El gobierno de Santos lo que busca en consecuencia es defender los intereses de la transnacional mediante argucias jurídicas, desconociendo flagrantemente la voluntad popular. Es la única manera de que su funesta “locomotora minera” siga arrasando el medio ambiente y los territorios colombianos.

 

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