Por Álvaro Pardo* / Razón Pública  

Aunque pasó la bonanza y ya no puede actuar como “locomotora”, el gobierno le sigue apostando a la gran minería. Por eso ofrece nuevos incentivos, mientras le hace conejo a la Corte Constitucional y desoye las voces de las regiones y las comunidades.

Los altos precios de los bienes primarios impulsaron la locomotora minera durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Pero ahora que cayeron, el Presidente busca mantener aquel impulso de manera artificial, para lo cual propone nuevos beneficios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), desacata sentencias de la Corte Constitucional, desconoce los derechos de las autoridades locales y silencia la voz de los damnificados territoriales.