Por José Roberto Acosta  

Ya el viceministro de Hacienda salió a justificar el peligroso Decreto 1385 del pasado 22 de junio, con el que se abrió una peligrosa excepción a las normas de buen manejo financiero al permitir a los dueños de las Sociedades Administradoras de Pensiones (AFP) usar los dineros de sus clientes para sus negocios en obras de 4G, en un abierto conflicto de interés.

El artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 considera que hay conflictos de interés cuando la situación conlleve la escogencia entre la utilidad del dueño de la AFP y la de sus afiliados; o la utilidad de un tercero vinculado a la AFP y sus afiliados; o la utilidad de los fondos o carteras colectivas que administra la AFP y la utilidad para sus afiliados; o la utilidad de una operación y la transparencia del mercado. Todo sorprendentemente autorizado con el funesto Decreto 1385.