Por Rafael Colmenares  

La distancia entre el discurso y la práctica en materia ambiental, como en muchas otras, parece ser la característica de los tres años del Gobierno Santos.

Si bien los 110 puntos del “Programa para la prosperidad democrática” no resultaban muy alentadores ante la subordinación de la gestión ambiental al crecimiento económico, no obstante el reconocimiento de una crisis ambiental global y la importancia de la biodiversidad colombiana1, las intensas  lluvias que comenzaron a golpear al país desde fines de 2010 hasta comienzos de 2012, abrieron un cierto espacio de reflexión que se vio reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración: