Baldíos: Cepeda salpica a “amigos” de Uribe

Semana.com  

El congresista del Polo Democrático denunció nuevos casos de acumulación de tierra de forma ilegal en Córdoba y Antioquia.

El representante del Polo Iván Cepeda denunció ante el Incoder, y puso en conocimiento de la Fiscalía y la Contraloría, seis nuevos casos de acumulación de tierras baldías que fueron adjudicadas a personas que no son campesinos sin tierra, una de las condiciones de la ley para la adjudicación.

Lo particular de esta nueva denuncia es que Cepeda ha podido comprobar que los beneficiarios de esta

acumulación ilegal son reconocidos hacendados, ganaderos y empresarios amigos cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los casos documentados por Cepeda, y a los cuales tuvo acceso Semana.com, comprometen a los empresarios Ernesto Garcés Soto, gerente de la empresa Garlema S. A., dedicada a la producción especializada de café, y a la cría especializada de ganado vacuno.

Garcés Soto es exsenador de la República por el Partido Conservador, quien en 1995 tuvo orden de captura por la presunta conformación del grupo paramilitar ‘La Escopeta’, investigación que precluyó por vencimiento de términos. Cepeda recuerda que Garcés fue señalado por el ‘Tuso Sierra’ como paramilitar, estuvo involucrado en el connotado caso ‘Tasmania’ y aseguró que es íntimo amigo de la familia Uribe Vélez.

Según el congresista, la empresa de Garcés presuntamente acumula 57 predios originalmente adjudicados como baldíos que sobrepasan las 3.274 hectáreas en Ayapel (Córdoba) y Caucasia (Antioquia).

Otro caso es el del empresario antioqueño William Vélez, cabeza del Grupo Ethus, y amigo cercano del expresidente Uribe. Según la investigación del congresista del Polo en Canaletes (Córdoba), Vélez y empresas de sus familiares habrían acumulado 97 hectáreas de predios inicialmente adjudicados como baldíos.

Cepeda también se refiere al caso del empresario William Enrique Salleg Taboada, uno de los dueños y director general de El Meridiano de Córdoba, el periódico más influyente del departamento.

Como antecedente, el congresista del Polo recuerda que en grabaciones entregadas a la Corte Suprema por Clodomiro Castilla, periodista que posteriormente fue asesinado, se escucha a William Salleg conversando de forma amistosa con Salvatore Mancuso y coordinando una estrategia mediática para las AUC en medio del proceso de desmovilización.

La Corte Suprema le ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg, proceso en el cual Clodomiro Castilla iba a ampliar su denuncia, pero cinco días antes fue asesinado. Según Cepeda, Sallleg cuenta en la actualidad con ocho predios inicialmente adjudicados como baldíos ubicados en el municipio de San Carlos y Montería, que sobrepasan 77,6 hectáreas.

Otro de los presuntos testaferros de Mancuso, señalados por Cepeda en la denuncia, es el empresario del chance y de licores Pedro Ghisays Chadid, integrante de la junta directiva de Apuestas de Córdoba. Ghisays, recuerda el congresista, ha sido señalado por el exgobernador de Córdoba Jaime Manzur de haber recibido dineros del Cartel de Cali y de ser el puente entre esa organización y el exsenador Jorge Ramón Elías Nader -condenado por el proceso 8.000-.

Y según el portal Verdad Abierta, la Fiscalía determinó que Pedro Ghisays era un testaferro de Mancuso que aportó 382 millones de pesos y unos predios para el desarrollo de proyectos productivos para desmovilizados. Con el fracaso de los proyectos, este hombre y otros empresarios le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través de negociaciones simuladas para que luego el jefe paramilitar pudiera entregarlos para la reparación de las víctimas.

Según la investigación, Pedro Ghisays –presuntamente- violó el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 al haber adquirido 17 predios inicialmente adjudicados como baldíos entre 1997 y 2004, ubicados en Tierralta, San Pelayo y Canaletes, para un total de 808 hectáreas. Once de dichas adjudicaciones fueron realizadas el 31 de diciembre de 2004 por la regional Montería del Incora.

Para el congresista Cepeda, con esta información “se demuestra una vez más que el proyecto de ley “Urrutia” que el Gobierno insistía en radicar en el Congreso, lo único que buscaba era modificar el régimen de baldíos vigente en beneficio de grandes empresas y hacendados que han acudido a ilegalidades para la acumulación de importantes extensiones de tierra que tenían como propósito, satisfacer el acceso a la tierra por parte de campesinos”.

El representante entregó la información recaudada en ejercicio del control político a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, al Incoder y a la Contraloría General, con miras a que se inicien las investigaciones a que haya lugar en materia de indebida ocupación de baldíos o casos con dinámicas de despojo.

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