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Campesinos del Meta vienen siendo revictimizados, denuncia Naciones Unidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Colombia rechazaron y condenaron n el asesinato de una pareja de campesinos que habitaban en Puerto López, el pasado 12 de septiembre de 2012.

Esta pareja campesina había sido ya víctima del desplazamiento forzado y vivía en el departamento del Meta en un predio adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER,

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Colombia rechazaron y condenaron n el asesinato de una pareja de campesinos que habitaban en Puerto López, el pasado 12 de septiembre de 2012.

Esta pareja campesina había sido ya víctima del desplazamiento forzado y vivía en el departamento del Meta en un predio adjudicado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en el cual ACNUR y PNUD vienen implementando una  iniciativa inter agencial hacia Soluciones Sostenibles para Población Desplazada.

ACNUR y PNUD llamaron la atención a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para garantizar, de acuerdo con sus competencias, los derechos de estas comunidades y recuerdan que la reubicación de la población desplazada debe establecerse con todas las garantías de seguridad.

ACNUR y PNUD  manifestaron su preocupación por la situación presentada en esta región, en donde se encuentran varios procesos de reubicación de víctimas del conflicto y campesinos sin tierra, y urgen para que esta población no sea revictimizada.  Es importante recordar que la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, había emitido el pasado mes de mayo un Informe de Riesgo sobre los municipios en los que se encuentran estos procesos de reubicación.

Finalmente, ACNUR y PNUD hicieron un llamado al Estado para que se investigue a profundidad estos lamentables hechos y para que se sancione a los responsables.

De igual forma reiteran que es una obligación de todas las instituciones del Estado proteger a la población víctima del conflicto y, para el caso, a las comunidades desplazadas que están en procesos de reubicación.

18 de septiembre de 2012.

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