Carta Abierta al alcalde Petro y a Jorge Rojas, secretario (e) de Gobierno de Bogotá

Por Francisco Taborda Ocampo  

La orden de cierre de las universidades en Bogotá: ¿realismo político?

Hay un poema del insigne mexicano José Emilio Pacheco que se llama “Antiguos amigos se reúnen”, el poema tiene un sólo verso que dice: “Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los veinte años”.

He leído hoy, querido Jorge Rojas, la siguiente noticia en el Espectador: “El secretario de Gobierno encargado de Bogotá Jorge Rojas, anunció que este viernes no habrá clases en las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital.

Según explicó el funcionario, el objetivo es evitar focos de violencia de cara a la visita que hará a Cartagena el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien participará en la Cumbre de las Américas.

Rojas, explicó que los rectores de los claustros universitarios estuvieron de acuerdo en el cese de actividades por este viernes”1.

La noticia sorprende por varios motivos, entre otros por el talante democrático que se supone debería caracterizar a la actual administración de Bogotá, mayoritariamente compuesta por académicos y personas que han salido del mundo al que actualmente pertenezco, y al que usted ha pertenecido, querido Jorge Rojas, el de las ONG.

Adicionalmente y aunque no tienen que ver con la noticia, hay tres situaciones que ciertamente reflejan muy bien la paradoja bellamente cifrada en el poema del mexicano:

La primera semana del Gobierno de Petro, en que familias desplazadas fueron desalojadas violentamente por la Policía, por orden de la Alcaldía (siendo la Corte Constitucional la única entidad que frenó la arbitrariedad).

La segunda situación, la publicación de los carteles de los “vándalos de Transmilenio” con fotos de los atacantes del sistema de transporte masivo, en aquel viernes violento que vivió la administración en que se presentaron ataques contra el mencionado sistema de transporte masivo de Bogotá. Algunas de las fotos mostraban imágenes de muchachos que posiblemente eran menores de edad.

La tercera, el cierre de las universidades que, en afirmación de El Espectador, fue ordenado por usted, como Secretario de Gobierno (encargado).

Haciendo paráfrasis del poema, uno podría decir que tales situaciones muestran muy bien la transformación hacia el realismo político que va operando en quienes salen de las ONG para llegar al Gobierno (al de la Unidad Nacional o al del Distrito). La paráfrasis sería: “ya somos todo aquello contra lo que luchamos en las ONG”, o en el Congreso, si a Petro vamos.

Las tres situaciones descritas reflejan muy bien  la categórica constatación del entrañable profesor Franz Hinkelammert: desde el gobierno no es posible defender los Derechos Humanos. Sólo que el profesor alemán, ha usado esa paradoja para significar justamente la imposibilidad del eufemismo gubernamental que desde allí es posible defender los Derechos Humanos.

Frente a la primera situación sólo diré que existían otras vías que condicionaran el desalojo a que se resolviera la situación de muchas familias desplazadas que fueron engañadas en la adquisición de viviendas y que el Distrito, sin reparar en ello, ordenó desalojar. Y a esa solución debió haber llegado un Gobierno de talante supuestamente democrático como el de Petro, exigiéndole al Gobierno Nacional con el apoyo del Distrital, una alternativa distinta a la violencia que debieron afrontar las familias que se habían ubicado en ese sector de Bogotá porque fueron engañadas. Valga la pena aclarar que en esa primera semana, usted, Jorge Rojas, no formaba parte del Gobierno.

En la segunda situación descrita, ahí si ya formaba usted parte del Gobierno Distrital, en su calidad de Secretario Privado del Alcalde. Es verdad que frente al violento ataque que sufrió Transmilenio, el Gobierno no podía renunciar a su acción penal, persiguiendo a los atacantes para judicializarlos en debida forma. Pero, lo que no hay que pasar por alto es que varios de esos atacantes fueron menores de edad, lo que sin duda refleja una drama social de gran complejidad en que las familias han perdido (o han renunciado irresponsablemente) al control de sus hijos menores de edad. Pero, el Distrito, o la Policía, o Navarro Wolff, entonces jefe civil de la Policía, no pueden darle el mismo tratamiento a la investigación del hecho que le darían si todos los atacantes hubiesen sido mayores de edad.

La publicación de fotos de menores de edad está prohibida por el Código de Infancia y Adolescencia, salvo con la autorización de sus padres (que obviamente no era el caso) o la del Defensor de Familia del ICBF. ¿Puede entonces el Estado, en desarrollo de la acción penal, publicar fotos de menores de edad que supuestamente participaron en actos violentos contra un bien de uso público como es Transmilenio? Me temo que no, porque el mismo Estado no puede violar las leyes de protección a menores que expide a través de los códigos, en este caso el de infancia y adolescencia y por ello la Policía en Bogotá o el mismo Alcalde como jefe civil, o su delegado para estas materias que es el Secretario de Gobierno (entonces Navarro) debieron solicitar la autorización del ICBF o de un juez de infancia y adolescencia para publicar fotos cuando se trate de menores de edad o de personas cuya edad esté en duda, pero a simple vista parecen menores de edad. Lo contrario, es decir, hacer tábula rasa, en la persecución del delito es ignorar que el Estado está vinculado al cumplimiento no sólo de la Constitución y de la ley (Código de infancia y adolescencia, repito) sino a instrumentos internacionales como la Convención de Derechos del Niño, que prohíben este tipo de tratamiento cuando se trate de niños/as o adolescentes menores de edad.

La tercera situación es la presentada hoy, y que he descrito con la noticia divulgada por el Espectador. No puede ser, mi apreciado amigo Jorge Rojas, que la salida, ante posibles actos de protesta, sea ordenar el cierre de las universidades. ¿Por qué no invitaste a los estudiantes a protestar de manera pacífica? Nadie niega que de presentarse desmanes, la Policía tiene que actuar en el marco de protocolos respetuosos de la proporcionalidad y sin desmanes. Pero, ordenar de entrada el cierre, da cuenta de una medida profundamente antidemocrática y lesiva de las garantías a la protesta y a la libertad de expresión que no le viene nada bien a alguien como usted, que procede de espacios de democracia y de reclamo de derechos.

Conviene entonces exigirle cariñosa, pero firmemente a todos los amigos y amigas que han migrado hacia el Gobierno Nacional o Distrital (y algún día yo quizá también lo haga y espero que alguien me lo recuerde) que aunque resulta claro que una cosa es el ejercicio de la defensa de los derechos en las ONG y otra la práctica concreta de Gobierno, uno no puede ir a deshacer con el codo lo que hizo con la mano. Hay que conservar la coherencia pues no es incompatible el ejercicio del Gobierno bien sea por el poder de la Policía o de cualquier otra forma de control ciudadano con el respeto de los principios que inspiran los Derechos Humanos y uno de los mayores retos de personas como usted querido Jorge o como Petro, que van al Gobierno desde una izquierda democrática, es justamente no ser todo aquello contra lo que lucharon a los veinte años (o en las ONG, o en el Congreso). ¿O aplicarán ustedes aquel famoso, pero perverso chiste que dice: que quien a los veinte años no es marxista no tiene corazón y quien a los cuarenta lo sigue siendo, no tiene cerebro?

Coletilla: tamaña paradoja la que significa que el actual presidente de CODHES, nuestro querido profesor Marco Romero, no pueda hoy dictar clase porque el ex presidente de CODHES (hoy encargado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá) ordenó el cierre de las universidades.

1 Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-337997-viernes-no-habra-clases-universidades-publicas consultado viernes 13 de abril de 2012.

Semanario Virtual Caja de Herramientas, abril de 2012.