Ciruelas pasas

Por Ricardo Villa Sánchez  

El Parque Tayrona es mágico. Sus playas, paisajes e historias evocan el paraíso en la tierra. No hay nada como un atardecer púrpura en la orilla de sus aguas cristalinas o dormirse entre palmeras arrullado por las olas que rompen imponentes en la arena. Siempre en mi niñez me sorprendió en Concha, una piedra esculpida en forma de sapo, que han dicho fue un lugar de pagamento indígena, desde donde, entre anzuelos, carnadas, carretes y pesas, aprendí el deporte de la paciencia y el silencio, que, a veces, en el muladar ruido del estrés y del día a día, tanto hace falta recuperar.

Ahora observo tras bambalinas, el gran debate nacional que ha ocupado largas páginas, rasgado vestiduras y desgastado micrófonos, sobre la posibilidad de establecer dinámicas de turismo sustentable en el Tayrona. En ese sentido, bienvenido el debate público, jurídico, social y político. Esperamos los resultados de tutelas, actuaciones del gobierno, demandas, gritos de líderes de opinión, pero también necesitamos del clamor ciudadano. Sano el debate pero que parta desde lo local, desde las dinámicas propias del territorio y de abajo hacia arriba. La participación ciudadana y de actores claves, es fundamental en el tema del parque, teniendo en cuenta que están en riesgo los derechos de las futuras generaciones y la solución no puede venir desde las montañas andinas sino tener sabor caribe.

Desde esa mirada, el debate no sólo debe partir del clúster del turismo, también se debe someter al dialogo social, la mancha oscura que duerme como un espíritu maligno en el fondo del mar entre Santa Marta y Ciénaga, el olor nauseabundo que circunda los alrededores de donde convierten comida en combustible, los cerros tumbados para construir carreteras y levantar lotes,  los ríos secados y las construcciones permitidas  en sus rondas hidráulicas, las quemas y talas de árboles en las alturas de la sierra, los cultivos ilícitos, los cementerios de mangles en la isla otrora puerto de arribo de las aves en su peregrinar de invierno y tantos otros golpes que nos ha dado la sociedad del riesgo global, que ha teorizado Beck.

Así mismo, en el mismo saco hay que preguntarse por qué cuando a través de alianzas locales se pretende intervenir zonas protegidas para construir ecohoteles, salen a relucir tantas trabas, que no tuvieron inversores forasteros en el pasado. Hay que respetar al Tayrona, a nuestros muertos, al poder que emana de su tierra pero si revocan actuales licencias ambientales, por un criterio de igualdad deberían también revisar las ya concedidas, para que no quede en el ambiente que existen inversionistas con mejor derecho. Durex lex sed lex.

Hace poco me pregunté en twitter lo siguiente: Primero perdimos un pedazo de mar en el caribe y ahora nos quieren quitar el Parque Tayrona: ¿hasta cuándo?, En respuesta, se inició un curioso debate entre  amigos que terminó en algunos aspectos en común para analizar, de los que he tomado la base para escribir este artículo. Con la premisa de que la legalidad, la deliberación, el consenso y el disenso, son unas de las reglas procedimentales de una democracia sana.

Salieron a relucir aspectos como que no está clara la competencia y jurisdicción sobre la zona de parque, por ejemplo, la regulación que puede hacer el distrito. ¿Qué pasa con el dinero que ingresa por concepto de entradas de cerca de 250 mil personas en la temporada alta?, es decir, ¿se reinvierte ese dinero que no es de poca monta en la conservación y preservación  del Tayrona?

¿Cómo interviene el Estado para frenar el turismo “depredador” e informal?, que trae de todo entre sus carros, hasta el agua, va directo al parque o se detiene a comprar en grandes superficies de dueños foráneos. ¿Hacia dónde van las basuras, las bolsas sintéticas, los empaques, envases desechables y demás desechos, el  abuso del alcohol y de otras drogas? Qué pasa con la seguridad, la convivencia, la propiedad de la tierra en el apetecido sector  por las fuerzas oscuras, del  corredor entre la sierra y el mar que atraviesa el parque y se ha acostumbrado para el resurgir de la economía subterránea, para asentarse mafias e importar violencia: ¿se ha preguntado el Estado que quizás por eso es la lucha por el dominio territorial en la troncal que irradia colateralmente a Santa Marta?

¿Qué deja este turismo y la ilegalidad en la economía local?, ¿cuánto empleo de calidad genera?, ¿cómo impacta en las dinámicas económicas y sociales de la ciudad?, ¿Cómo se desarrolla una ciudad que está rodeada su área de expansión por tres parques naturales, resguardos indígenas y demás zonas protegidas?, ¿cuáles son las debidas compensaciones ante esta situación?

La Constitución reza que es obligación del Estado preservar la vida, honra y bienes de los colombianos y que la propiedad tiene una función social y ecológica. El Parque es un bien de todos y para todos, que requiere una mayor presencia y regulación del Estado. Esto implica que el Estado y los particulares que intervengan en el parque, se sometan a los criterios ambientales, a las normas sobre parques y sobre preservación de los recursos naturales, es decir, que si es un bien público, estas reglas en una democracia son imperativas y basadas en el bienestar general, es decir, que todos deben cumplirlas.

Dicen que El Rodadero hace 50 años, antes de que construyeran la carretera se veía como Concha hoy en día, miren lo que es ahora. Así, quieren construir una carretera que suba a Cerro Kennedy, para que termine Minca como La Calera, en Cundinamarca. Pienso que ambos proyectos se pueden analizar y hasta es posible hacer, de una forma planeada y regulada, pero, ojalá el parque no termine como las ciruelas pasas, que antes las secaban al sol, enriquecidas con los componentes naturales del medio ambiente, mientras que hoy las producen en serie en inmensos hornos y sin el sabor característico que sólo le dan los factores climáticos y la salina del caribe. 

Santa Marta, 11 de febrero de 2013.