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“Cobardes: no criminalicen a los dirigentes sociales”

Por José Arlex Arias Arias  

El 7 de junio de 2011 publiqué un artículo que llevaba por título: “Criminalización de la lucha social vs Acuerdo Sindical”; en él, expresé mis temores porque la Unidad Nacional, por petición del presidente Santos, aprobó en el Congreso de la República, la ley de “Seguridad Ciudadana”,

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Por José Arlex Arias Arias  

El 7 de junio de 2011 publiqué un artículo que llevaba por título: “Criminalización de la lucha social vs Acuerdo Sindical”; en él, expresé mis temores porque la Unidad Nacional, por petición del presidente Santos, aprobó en el Congreso de la República, la ley de “Seguridad Ciudadana”,

una especie de Estatuto antiterrorista contra la población civil. Ese era un viejo anhelo de gobiernos anteriores –los de Turbay y Uribe– que justifican por la necesidad de tener “herramientas para combatir el terrorismo, la delincuencia común y las llamadas bandas criminales”, como si la historia no indicara que han utilizado todo tipo de métodos –legales e ilegales– hasta convertir al país en uno de los que más violan los derechos humanos en el mundo.

En el Estatuto se aprobó, entre otros: variar los términos procesales de la Fiscalía para acusar, realizar audiencia y formular o archivar la investigación; facilitar las capturas; reglamentar interceptaciones de comunicaciones; allanamientos las 24 horas del día; todos, como instrumentos para criminalizar la protesta, con una norma adicional que penaliza con 2 a 4 años de cárcel a quien “por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. Es decir, busca suprimir de un plumazo la lucha social, acercando a este gobierno al más descarado fascismo. Lo irónico es que esto sucedía mientras la Confederación General del Trabajo, con su presidente Julio Roberto Gómez, firmaba un acuerdo con el Gobierno de Santos, usurpando al sindicalismo y mimetizando la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Hoy son más que evidentes las consecuencias de estas normas y la persecución emprendida por el gobierno de Santos y sus adláteres territoriales cuando tratan de apagar el incendio de la pradera. En Cartagena ya son incontables los casos en los que, ante la aplicación de leyes y normas contra la población o la incapacidad de los gobernantes para dar soluciones oportunas a la población, las protestas sociales son reprimidas violentamente por los escuadrones Esmad, quienes como perros de presa se ceban golpeando a la gente y destruyendo sus pertenencias, aprehendiendo a sus líderes sindicales y sociales para amedrentarlos con la legalización de la captura en la fiscalía. A pesar de ello, las consecuencias del modelo económico y social –que gira en beneficio de los ricos y las multinacionales–, está obligando a las comunidades a perder el miedo y a enfrentar su miseria y pobreza ante el arrogante gobierno.

Presidente Santos, “la pradera se enciende”, no por los incitadores profesionales, como con cobardía se ha querido estigmatizar a Jorge Robledo, el mejor senador que ha tenido ese establo llamado Congreso de la República, a cuya Unidad Nacional usted maneja como a títeres con el suculento presupuesto nacional, sino porque su gobierno plutocrático, al servicio de los más ricos, las multinacionales y la especulación del capital financiero nacional e internacional, ha dejado sin otras opciones, no solo a los desarrapados, sino también a los productores agropecuarios, industriales y mineros, quienes reaccionan al paso que sienten como les rapan sus propiedades y negocios. ¡Podrá criminalizar y estigmatizar a los líderes sociales, pero el día que todos los descontentos se unan, no habrá bombero que apague la pradera!     

arlexariasarias@hotmail.com

Cartagena, 29 de julio de 2013.

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