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Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá expresa apoyo a investigación fiscal por desviación de recursos de las EPS

El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, entidad integrante y  fundadora de la Federación Médica Colombiana, manifiesta a la opinión nacional que reitera su pleno apoyo a la gestión que adelanta la Contralora General de la República, Dra. Sandra Morelli Rico, y su equipo de funcionarios, en la investigación de más de ochocientos sesenta (860) procesos fiscales que se han generado por la desviación y apropiación ilícita de los billonarios recursos públicos del Sistema de Salud por parte de EPS y otras entidades.

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El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, entidad integrante y  fundadora de la Federación Médica Colombiana, manifiesta a la opinión nacional que reitera su pleno apoyo a la gestión que adelanta la Contralora General de la República, Dra. Sandra Morelli Rico, y su equipo de funcionarios, en la investigación de más de ochocientos sesenta (860) procesos fiscales que se han generado por la desviación y apropiación ilícita de los billonarios recursos públicos del Sistema de Salud por parte de EPS y otras entidades.

Han denunciado los gremios y la prensa nacional que son numerosos los ejecutivos de las entidades de salud que manejan esos recursos públicos que en tales ilicitudes han incurrido, con el consentimiento y beneplácito de funcionarios cooptados por ellos mismos en los Ministerios yen las Superintendencias correspondientes, constituyendola mayor defraudación al patrimonio público en la historia nacional. Hasta ahora han logrado que muchos de sus fraudes queden ocultos y que las investigaciones no prosperen.

Las evidencias de tal venalidad han sido públicas y notorias, lo que ameritaría que todos los órganos de inspección, vigilancia y control del Estado ejercieran su esfuerzo concertado para aplicar el rigor de la Ley a quienes han instrumentalizado los ilícitos, como lo viene haciendola actual administración en la Contraloría General de la República.

La sociedad esperaría también la acción decidida del Fiscal General de la Nación. Sin embargo, hasta ahora, no tenemos evidencias de acciones en tal sentido, probablemente sea por los impedimentos que en su oportunidad manifestó el mismo señor Fiscal, Dr. Eduardo Montealegre Lynnet, por haber sido abogado asesor de la EPS SALUDCOOP, en varios temas, entre ellos la utilización de los recursos de la salud para gastos ajenos a su destinación legal, entidad de la que derivó honorarios en cuantía de 4.900 millones de pesos, según informaron los medios.

En estas circunstancias, se haceineludible que se le informe a la opinión con cargo a cuáles cuentas del PUC de SALUDCOOP se pagaron todas las asesorías al Dr. Montealegre Lynett, y sus respectivas fechas, para que se establezca con pulcritud que efectivamente no se hicieron con cargo a los recursos públicos con destinación legal específica para la salud de los colombianos, lo que contribuirá a la trasparencia y a la dignidad de la que el Sr. Fiscal General debe estar investido. Informe urgente y de suma importancia que le solicitamos por este medio, en ejercicio del derecho de petición, al interventor de la EPS SALUDCOOP, al Superintendente Nacional de Salud y a la Contralora General de la República, por las implicaciones que conlleva.

Con ocasión de la postulación del Dr. Montealegre Lynett al cargo de Fiscal General de la Nación, la Federación Médica Colombiana le señaló respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia (oficio de Marzo 20 de 2012), los inconvenientes que tal nominación significaría, no por las notorias calidades intelectuales del postulado sino por los compromisos personales con su cliente preferencial, considerando que por esas calendas ya era evidente el gran fraude a la salud por parte de las EPS, entre ellas la mencionada. Nuestras observaciones no fueron tenidas en cuenta por los Honorables Magistrados.

Como consecuencia, ahora enfrenta el país la inusual circunstancia de un vacío en la competencia en las funciones de investigar, reunir pruebas, acusar e incriminar a los responsables representantes legales, a los corresponsables miembros de las Juntas Directivas, a los socios ya los Revisores Fiscales de todas las EPS que han defraudado los recursos públicos, así como también a los altos funcionarios del gobierno involucrados por acción u omisión en el enorme desfalco de la salud. Y, de contera, tenemos la obstaculización a las funciones de control fiscal,  referidaen estos días por la Señora Contralora Morelli.

Otro elemento que amerita aclaraciones públicas es el referido a los numerosos congresistas que en el proceso de trámite de una nueva reforma a la salud han manifestado sus inhabilidades por haber sido financiadosen sus campañas, tanto ellos como sus partidos políticos,por EPS y por otras entidades de salud, lo que de manera incuestionable los inhabilita– a ellos y al respectivo partido – para votarla. Ante estas declaraciones de público conocimiento, las entidades de vigilancia y control del estado deberán informar a la opinión si tales aportes para financiar congresistas se han realizado con cargo a los recursos públicos de la salud, desviándolos de su propósito legal, y a qué cuenta del Plan Único de Cuentas –PUC-fueron imputados en los registros contables en las EPS que así lo hicieron, para que procedanresponsabilidades y consecuencias. A los medios de comunicación les corresponderá informar con plena ética y sin ocultamientos el resultado de estas y otras pesquisas periodísticas.

Por lo anterior, es que consideramos que el enfrentamiento público entre el Sr. Fiscal General y la Contralora General, no es de carácter personal.  Corresponde más bien, primordialmente, a la confrontación entre dos líneas claramente diferenciadas sobre política pública en el tema atinente a la destinación de los recursos públicos de la salud. Por una parte,quienes pretenden la apropiación de los billonarios recursos públicos para el beneficio de los particulares inversionistas nacionales y extranjeros. Por la otra, los que defienden el interés general y la destinación específica de los dineros de la salud de los connacionales.

Misma confrontación que se evidencia en el Sistema de Riesgos Laborales, donde las ARL defienden a toda costa y a todo costo, ante jueces y  tribunales, la apropiación por las aseguradoras de los billonarios recursos públicos parafiscales cuya destinación legal específica atiende el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. En tal propósito cooptan decisiones y entraban procesos en los juzgados y en los tribunales de manera que los expedientes que reclaman el carácter público de estos recursos no lleguen al H. Consejo de Estado, donde hay abundante jurisprudencia definiendo la vocación social y pública de los recursos que pagan los empresarios y contratistas individuales de Colombia. (Proceso de Acción Popular 00135 de 2008 – Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Demandante: Dr. Domingo Banda Torregrosa – Demandada: Superintendencia Financiera de Colombia).

Finalmente, invita el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá a todas las entidades que defienden el derecho fundamental a la salud y la destinación pública y legal de los recursos, a exigir de la Fiscalía General de la Nación, de los demás organismos de vigilancia y control y de las instancias jurisdiccionales, todas las acciones que corresponden de acuerdo con la Ley, frente a los defraudadores y piratas del patrimonio de la salud de los colombianos.

Germán Fernández Cabrera
Presidente

Con Copias:

Presidencia de la República – Dr. Juan Manuel Santos

Vice Presidencia de la República – Dr. Angelino Garzón   

H. Corte Constitucional

H. Corte Suprema de Justicia

H. Consejo de Estado

H. Consejo Superior de la Judicatura

H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Fiscalía General de la Nación

Contraloría General de la República

Procuraduría General de la Nación

Senado de la República – Presidente

Cámara de Representantes– Presidente

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio de Salud y Protección Social

Superintendencia Financiera de Colombia   

Superintendencia Nacional de Salud

Interventor – SALUDCOOP EPS

Federación Médica Colombiana

Academia Nacional de Medicina

Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes ANIR

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas – ACHC

Asociación Nacional de Empresas Sociales del Estado ACESI

Organizaciones y asociaciones médicas del orden nacional y regional

Medios de comunicación

Organizaciones Sindicales y Gremiales del Sector Salud.

 

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