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Colegios en concesión son privatización. ¡No a la prórroga de los contratos!

Por María Antonieta Cano  

En Bogotá siguen “sobrando” maestros. ¿Por qué? Varios factores contribuyen, entre ellos, el aumento de la asignación académica de 22 a 24 períodos de clase, la fusión de grupos con el consecuente hacinamiento, la deserción escolar y, el argumento favorito de la administración distrital,

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Por María Antonieta Cano  

En Bogotá siguen “sobrando” maestros. ¿Por qué? Varios factores contribuyen, entre ellos, el aumento de la asignación académica de 22 a 24 períodos de clase, la fusión de grupos con el consecuente hacinamiento, la deserción escolar y, el argumento favorito de la administración distrital,

la baja matrícula en las instituciones públicas.

Lo que la administración oculta es que si hay baja matrícula, es porque siguen los colegios por convenio y los colegios por concesión. Y la razón es simple. La actual administración sigue favoreciendo el negocio de los privados, en desmedro de la estabilidad de los docentes y de la educación pública. El debate está candente, pues el contrato de las concesiones va hasta 2014 y es menester de los maestros y la comunidad educativa exigir a la administración de Gustavo Petro que estos colegios retornen al sector público y se impida su prórroga con el capital privado.

¿Por qué acabar con esta modalidad? Los colegios en concesión se iniciaron en Bogotá entre 1999 y 2001, durante la alcaldía de Peñalosa y cuando se desempeñaba como Secretaria de Educación Cecilia María Vélez. Se entregaron a entidades privadas veintitrés establecimientos construidos y dotados por la administración de Bogotá.

El Decreto 2355 de 2009 fue el que facultó a las entidades territoriales certificadas para celebrar contratos de servicio educativo cuando se demuestre la insuficiencia de establecimientos estatales, con lo que da un paso adelante en la estrategia de debilitar la educación pública. Como en cualquier contrato hecho en el marco de la confianza inversionista, el Estado le garantiza al concesionario el retorno de la tasa de ganancia y la rentabilidad, girándole subsidios per cápita que superan incluso el presupuesto en la educación pública estatal.
Las modalidades de privatización contempladas en el Decreto 2355 son rentables para el inversionista. En el sistema de concesión, el contratista entra ganando, no solo porque el Estado pone la infraestructura física y la dotación, sino también porque la demanda está garantizada con el pago que, con recursos del erario, se les gira por cada estudiante. Con la educación contratada y el banco de oferentes, se les resuelven los problemas financieros a los propietarios de colegios que han visto disminuida la matrícula y tienen una infraestructura subutilizada.

Se cumple a la perfección el anhelo neoliberal. La educación es financiada por el Estado pero administrada por el sector privado que, como es sabido, antepone los criterios de eficiencia y ganancia. El gobierno flexibiliza y hace aún más precario el trabajo docente, con jornadas laborales de hasta once horas diarias y salarios integrales que deben cubrir los costos de la seguridad social, alimentación y transporte.

Para derrotar esta política privatizadora, se deberá contar con la movilización decidida de estudiantes, profesores y padres de familia en defensa de una educación pública de calidad, financiada y administrada directamente por el Estado.

Bogotá, 1 de agosto de 2013.

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