Por Emilio Sardi

En la multitud de TLC y acuerdos de protección a la inversión firmados durante la última década, además de entregar el manejo de sus fronteras, Colombia pactó innumerables cláusulas que afectan su soberanía, como las de expropiación indirecta y las de anulación y menoscabo. En estas, el país se compromete a resarcirles a las empresas extranjeras cualquier afectación a sus expectativas de utilidades fruto de cualquier acción del Estado colombiano. Amparados en esas cláusulas ya cursan procesos multibillonarios contra el país, y hasta los dueños de Electricaribe están dando los pasos para, además de dar mal servicio, cobrarle una gigantesca suma al Gobierno. La justificación para aceptar esas cláusulas leoninas era que, a través del comercio, esos tratados generarían tal desarrollo en nuestra economía que bien podía hacerse un sacrificio por firmarlos. Pues bien, no sólo no ha aparecido el prometido desarrollo sino que las balanzas comerciales que teníamos con nuestras contrapartes acabaron deteriorándose sensiblemente.