Por Juan Diego García  

El gobierno colombiano asume que el orden social del país no solo funciona en armonía con los postulados de un estado de derecho sino que además está asistido de suficiente legitimidad para sustentar sus exigencias frente a los insurgentes de las FARC-EP. Estas exigencias van desde pedir la rendición de armas y el acogerse a la legalidad vigente a cambio de la generosidad  de las autoridades hasta asumir en los hechos que a los guerrilleros les asisten motivos de naturaleza política y deben ser por tanto tratados como rebeldes (y no como simples delincuentes).