Congreso no debe aprobar leyes calculadas para ocultar y premiar ilegalidades con las que se despojan de sus tierras al campesinado: Robledo

El gobierno mediante un proyecto de ley “apunta a ‘lavar’ graves actos de ilegalidad fríamente meditados y realizados por poderosos inversionistas y abogados para despojar campesinos”, denuncia el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo en carta dirigida al ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán y a los directores de los partidos que hacen arte de la denominada mesa de Unidad Nacional, la coalición que acompaña en el Congreso de la República al gobierno del presidente Santos.

El texto de la misiva del senador Robledo es el siguiente;

Doctores
FRANCISCO ESTUPIÑAN, Ministro de Agricultura
AURELIO IRAGORRI, Presidente Partido de la U
SIMÓN GAVIRIA, Presidente Partido Liberal
OMAR YEPES ALZATE, Presidente Partido Conservador
ANTONIO GUERRA, Presidente Partido Cambio Radical
ALFONSO PRADA, Presidente Partido Verde
SAMUEL ARRIETA, Presidente Partido PIN

Cordial saludo:

En entrevista el domingo pasado en El Tiempo, el señor ministro de agricultura, Francisco Estupiñán, con todo desparpajo, dijo que el gobierno está impulsando un proyecto de ley tendiente a “buscar algún arreglo” para los inversionistas que compraron tierras violando la Ley 160 de 1994, que prohíbe que los predios de reforma agraria –originados en baldíos o no– pasen de los campesinos a los grandes inversionistas. “Ese es el chicharrón que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso”, concluyó (Anexo 1). En otro país, habría un escándalo mayúsculo y el ministro estaría tambaleando.

El ministro confirmó lo que dije en la Comisión Quinta del Senado el miércoles anterior, cuando –al explicar mi voto negativo, el único al proyecto de Ley 164 de 2012 S., de autoría de Juan Camilo Restrepo– advertí que tras esa propuesta titulada como de extranjerización de tierras lo que había era, principalmente, el propósito de darle una salida supuestamente legal al despojo ilegal de las tierras del campesinado. Y puse como ejemplo de lo que querían favorecer el de la hacienda Veracruz en el Vichada, para la que el ingenio Rio Paila Castilla adquirió, fraudulentamente, 40 mil hectáreas por 40 mil millones de pesos, de acuerdo con la ruta jurídica que le trazó Brigard & Urrutia, la conocida firma de abogados de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington (Anexo 2).

Luego de la confesión del ministro, se confirma que, en primer término, aquí no estamos en un debate sobre el modelo agrario del país, como se quiere presentar. Lo que tenemos al frente es, antes que cualquier cosa, el segundo intento del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de darle un viso de legalidad a incontables violaciones a la Ley 160 de 1994 y a otras leyes, porque la primera tentativa, aprobada en la ley del Plan de Desarrollo, la declaró inexequible la Corte Constitucional.

Por lo demás, ya está en el orden del día, para ser votado en la plenaria del Senado, un verdadero proyecto de ley de extranjerización, que les pone límites a las tierras que los extranjeros pueden comprar en Colombia –propuesto por el senador Juan Lozano y aprobado en la Comisión Quinta–, que no contiene el ‘mico’ descomunal del proyecto de Juan Camilo Restrepo. Si lo que de verdad quiere el gobierno es legislar sobre extranjerización, ahí tiene la oportunidad.

El enorme enredo que hay sobre las tierras en Colombia –en la Orinoquia y en el resto del país– deberá analizarse y resolverse, pero no como quiere el gobierno nacional, que lo confundirá todavía más. El Polo Democrático Alternativo tiene la disposición de dialogar sobre estos temas y buscar soluciones democráticas, de forma que en Colombia haya un agro próspero en el que participen la producción campesina, indígena y empresarial, protegida y respaldada por el Estado.

Pero debe empezarse porque la Unidad Nacional tome la determinación de retirar el proyecto de Ley 164 de 2012 S., dado que apunta a “lavar” graves actos de ilegalidad fríamente meditados y realizados por poderosos inversionistas y abogados para despojar campesinos, y que tampoco contiene los mínimos que debe tener una ley de tierras de signo democrático.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO, Senador Polo Democrático Alternativo

C.C. Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional.

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ANEXO 1.

Apartes de la entrevista del ministro de Agricultura con Francisco Estupiñan, ministro de Agricultura con Yamid Amat. El Tiempo, 9 de junio de 2013.http://www.eltiempo.com/politica/AR…

’Revolcón’ total en el campo anuncia el nuevo Minagricultura

Solución a caso del Vichada

¿Cuál es su opinión sobre las denuncias del senador Jorge Robledo sobre las tierras del Vichada?

Colombia tiene aún mucha tierra inexplotada que necesita grandes capitales. La Corte Constitucional produjo una sentencia según la cual las compras de tierra hechas después de la Ley 61 (SIC) del 94 eran operaciones indebidas, porque los compradores estaban acumulando más del número máximo de hectáreas permitidas y que, en consecuencia, como eran nulas esas operaciones, tendrían que volver a su estado original. Muchas de las empresas que compraron lo hicieron pagando, en términos comerciales, el valor real de esa tierra. En ellas se hicieron grandes proyectos que han generado progreso, empleo, educación, vivienda. Existe, además del fallo de la Corte, un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que dice que esta prohibición comienza en el 61, no en el 94.

¿Qué significa eso?

Que tenemos que buscar fórmulas de arreglo entre esos antiguos propietarios y los inversionistas.

¿Para que los campesinos participan de las utilidades?

Lo ideal es que ellos participen y que no pierdan su tierra. Esa podría ser una alternativa que deberán evaluar las instancias que profirieron los fallos.

¿En dónde está la infracción cometida por las grandes empresas?

En que existía la prohibición de que nadie podía exceder cierto número de UAF (Unidades Agrícolas Familiares) en esas zonas. Hay que buscar algún arreglo porque eso traería el abandono de proyectos productivos y sobre todo ahuyentaría la inversión tanto nacional como extranjera en ese tipo de proyectos. Existe la posibilidad de que esos campesinos se asocien, aporten, arrienden sus tierras, no que las vendan, a esos proyectos y que trabajen en su explotación.

¿La Corte aceptó que los campesinos participen?

Creo que la Corte aceptaría la participación como tenedores de acciones, que sean inversionistas, colocando la tierra, trabajando la tierra, estando allí y, obviamente, beneficiándose de ese integrador… además, el riesgo financiero lo corre el inversionista no el pequeño propietario. Hay que aclarar que estas denuncias las investiga desde hace varios meses el Incoder. Lo que dice el senador Robledo no es novedoso. Hay que buscar una solución que garantice que los campesinos van a continuar siendo dueños de la tierra, pero también la continuidad de las grandes agroindustrias allí instaladas.

¿Y eso cómo se hará?

Ese es el gran chicarrón que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso.

ANEXO 2.

LAS HAZAÑAS DEL EMBAJADOR EN WASHINGTON
Jorge Enrique Robledo

El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF –área que varía según la región– y que nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda. A continuación se explica la manera como la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia –de Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington– le diseñó al Ingenio Rio Paila Castilla la manera de violar dicha norma, para adquirir decenas de miles de hectáreas en el Vichada y montar una plantación de palma (proyecto Veracruz).

Lo primero que hicieron fue constituir 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que presentaron como si cada una tuviera un único propietario, el abogado Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Cada una de ellas apareció con un capital suscrito de 100 mil pesos y con uno pagado de cero pesos y dieron como su dirección la misma de Brigard & Urrutia. El número 27 sale de que así se crea la ficción de que no están montando una sola gran empresa sino varias pequeñas, que no superan la medida límite de la UAF, y que por tanto no se viola la ley. A continuación, Rio Paila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS cuarenta mil millones de pesos, con las que estas compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas.

A paso seguido, les dieron a las SAS una muy llamativa vuelta por Europa. Uribe Noguera cedió, gratuitamente, la propiedad de esas sociedades a cinco firmas españolas, que pertenecen a otras cinco que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con domicilio en Luxemburgo, paraíso fiscal de mala fama. Una telaraña difícil de desentrañar. Al final, Deloitte & Touche, revisor fiscal de Rio Paila Castilla, certificó que Asturias Holding, las 27 SAS y las 41.300 hectáreas son de Rio Paila Castilla, que además las registró como suyas en la Cámara de Comercio de Bogotá (http://db.tt/0eHE3vxw).

Además de la flagrante violación de la Ley 160, porque Rio Paila Castilla compró lo que tenía prohibido comprar, las autoridades deberán desentrañar por qué intentaron ocultar en el exterior esas operaciones, determinación que podría explicarse por el objetivo de encubrir otras ilegalidades. Por denuncias ciudadanas, en abril de 2013, el Incoder informó sobre este caso a la Presidencia de la República (Juan Mesa), la Secretaria Anticorrupción, la Dian, la UIAF y las superintendencias de Notariado, Sociedades y Financiera. A esta última le pidieron investigar desde 2011.

Una de las cosas más graves en torno a estos hechos escandalosos, y a otros iguales que involucran también a grandes empresas, fue el proyecto de ley presentado por el ministro Juan Camilo Restrepo tendiente a establecer que la parte de la Ley 160 que prohíbe concentrar las UAF solo rige después de 1994, y no desde 1961 (Ley 135), como hoy ocurre. Si lograran ese cambio, se legalizarían treinta años de ilegalidades, incluidas por lo menos once de las compras realizadas por las SAS de Rio Paila Castilla.

Es evidente que la firma Brigard & Urrutia le diseñó a Rio Paila Castilla una operación jurídica y económica –un producto– tendiente a violar el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y que esa maniobra incluyó ocultarla en el exterior. Y hay que rechazar la explicación de Carlos Urrutia de que él carece de toda responsabilidad en esas ejecutorias, porque –alega– vendió sus acciones en la empresa una vez Santos lo nombró embajador en Washington, en agosto de 2012. Porque las ilegalidades se desarrollaron durante 2009, 2010, 2011 y 2012, cuando Urrutia era el jefe y principal accionista de su empresa. ¿Acepta el presidente de la República tan peregrina explicación de su embajador ante Estados Unidos?

Es conocido el propósito de Santos y Restrepo de quitarle al campesinado millones de hectáreas que hoy por derecho legal y constitucional le pertenecen, para pasárselas a unos magnates nacionales y ojalá extranjeros. Incluso, han armado un discurso que reza que lo hacen por su incontenible amor por los pobres, a quienes llevarán a la felicidad, una vez logren despojarlos de sus fincas. Para ese objetivo se han diseñado productos jurídicos legales, pero también ilegales, que es diferente, como este de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington. Santos tiene la palabra.

Bogotá.