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El expresidente de la República y la cúpula militar de la época serán investigados por omisiones en este caso.

La sección cuarta del Consejo de Estado negó una tutela interpuesta, entre otras entidades, por el Ministerio de Defensa, con la que pretendían tumbar un fallo que condenó a la nación por la masacre de Bojayá; concretamente por las omisiones en que incurrió la fuerza pública al haber permitido un ataque de las Farc y las Autodefensas contra la población civil que, el 2 de mayo de 2002, se encontraba refugiada en una iglesia. Allí murieron 120 personas.