Por Juan Manuel Karg / RT  

Suele suceder: cuando la política se pone por delante de intereses empresariales, aparecen tensiones crecientes. Se trata, ni más ni menos, que de un debate sobre el papel de aquellos que más ganan en las sociedades en las que vivimos. La decisión de Rafael Correa de enviar, el 5 de junio pasado, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza a la Asamblea Nacional provocó el inmediato descontento del sector más acaudalado de la sociedad ecuatoriana.

¿Cuáles son los fundamentos principales de esta propuesta? El trasfondo es una contundente cifra que el presidente ecuatoriano desplegó con intensidad durante los últimos días: el 2% de las familias ecuatorianas concentran el 90% de las grandes empresas del país.