El sueño de 55.000 madres comunitarias del ICBF de ser empleadas oficiales del Estado no está enterrado. Si bien el Gobierno objetó el proyecto de ley aprobado por el Congreso, que pretendía formalizarlas, la Corte Constitucional decidirá si son argumentos válidos.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le dijo a EL COLOMBIANO que revisarán cada una de las objeciones y las que sean por inconveniencia serán votadas de nuevo en el Congreso; pero si hay elementos de inconstitucionalidad, como lo anunció el Gobierno en un comunicado, lo asumiría la Corte Constitucional.