Del paro agrario al 7 de agosto de 2014

Por Campo Elías Galindo A.  

Han vuelto los campesinos. Por lo menos hasta el 7 de agosto de 2014, reelíjase o no Juan Manuel Santos, el paro agrario que acaba de terminar será tema nacional. Las campañas electorales para congreso y presidencia no podrán pasar por alto los nuevos compromisos que firmó el gobierno con las diferentes representaciones de agricultores, mineros y transportadores. Veremos entonces dentro de poco a muchos políticos disfrazados con ruanas, machetes y alpargatas recorriendo el país y hablando de justicia social para quienes trabajan la tierra.

De manera que habrá tiempo y tinta para hacer los análisis y balances de ese movimiento de protesta, el más importante hasta ahora contra el modelo de desarrollo neoliberal aperturista que se le impuso al país desde fines de los años ochentas, el que produjo un remesón ministerial, el que hizo caer a sus niveles más bajos la favorabilidad del gobierno, y sobre todo, el que derrotó el libreto infalible con que el establecimiento había desbaratado casi todas las protestas nacionales. Ese libreto, de aprendizaje obligado para quienes han gobernado o aspiren a gobernar a Colombia, empieza con la negación de los hechos (“el tal paro agrario no existe”), continúa con las estigmatizaciones intimidatorias (el paro es político, es subversivo, está infiltrado), luego las ilegalizaciones y judicializaciones de organizaciones y dirigentes, las capturas, la brutalidad policial contra los manifestantes y el hostigamiento a sus campamentos. Todo lo anterior en un contexto de movilización mediática para poner a la opinión pública en contra de quienes reclaman, que incluye el agradecimiento a quienes no participan por su “apoyo” al gobierno y su respaldo a las instituciones legítimas. Esta ruta metodológica es la institucional, porque al margen de las instituciones, otros actores, con otros métodos y otras agendas siempre en Colombia hacen lo que haya qué hacer para lograr los fines del establecimiento. Se trata de la parainstitucionalidad, aquella que más o menos camuflada en los aparatos de inteligencia y de choque del estado, cuando no independientemente de ellos, se encarga del juego más sucio y menos visible, como la ejecución de más de sesenta líderes reclamantes de tierras asesinados en años recientes.

El libreto gubernamental ya mencionado, es cada vez menos eficaz. La proliferación de cámaras fotográficas y filmadoras en manos de manifestantes o simples ciudadanos con acceso a internet y a las redes sociales, sumadas a la prensa alternativa digitalizada, están planteando al periodismo tradicional vendido a los conglomerados político-económicos una batalla contra sus mentiras y sus verdades a medias, cuya primera víctima está siendo el libreto antiprotestas que los asesores estatales diseñaron para la guerra fría, pero que se les terminó de quemar en la efervescencia del paro campesino. Los medios alternativos pudieron retratar y filmar de cuerpo entero las violaciones a los derechos humanos y decir las verdades que siempre ocultaba la gran prensa.

Deberán los asesores del presidente Santos, idear sobre la marcha nuevas tácticas para enfrentar las movilizaciones ya agendadas, la de los estudiantes universitarios principalmente, a quienes menos podrá asustar señalando infiltraciones subversivas o negando por Caracol y RCN lo que miles de cámaras le mostrarán al país. Deberán el presidente y su ministra convencerse de que se quedaron sin libreto, y prepararse en cambio para dialogar con la sociedad y las comunidades educativas sobre los problemas de los colombianos y las colombianas que reclaman el derecho a una educación gratuita, crítica y de calidad.

El camino hacia la reelección del presidente Santos se ha inclinado hacia arriba. La apuesta por continuar habitando la casa de Nariño se hizo más costosa para los sectores de la oligarquía que siguen creyendo en el mandatario. Los índices de favorabilidad presidencial no se recuperarán fácilmente en un contexto de luchas sociales que no se cansarán de meter los dedos en las llagas más infectadas de su modelo de subdesarrollo, hecho de extractivismo, desindustrialización, demagogia y confianza inversionista uribista. El solo cumplimiento de los compromisos que ha firmado con los actores movilizados desde febrero, será una fuente de renovados conflictos para el presidente y sus ministros.

La negociación del conflicto armado es el otro frente que ofrece grandes dificultades al proyecto de reelección. Debilitado por el paro agrario y la solidaridad popular que recibió, Santos tendrá que jugar todas sus cartas para lograr un acuerdo definitivo hacia noviembre, mes en el cual tendrá que anunciar oficial y públicamente su nueva candidatura. Sin tales acuerdos además, quedará prácticamente con las manos vacías para adelantar su campaña y tendrá que adoptar un discurso autoritario perdedor, estará frente a un verdadero abismo político llamado “expresidencia” y al borde de un mal retiro para la estirpe que posee. Es en este escenario, donde la Unidad Nacional podría jugar la carta poco novedosa de otro heredero “legítimo” a la presidencia, es decir, un nieto de expresidente, el mismo Germán Vargas Lleras.

No nos extrañemos pues los colombianos, si la próxima competencia por la Casa de Nariño ocurre entre dos discursos autoritarios, cuál más que el otro; entre el Vargasllerismo y el uribismo, entre el paludismo y la malaria.

Pero la suerte del gobierno en esta coyuntura de movilización popular, pudo ser peor. La coincidencia del paro agrario con las negociaciones que transcurren en La Habana era una oportunidad quizá única de retroalimentación entre los dos fenómenos para avanzar en la dirección de la paz, la democracia y la justicia social. Tan solo unas semanas antes, los negociadores en Cuba habían alcanzado un acuerdo sobre el punto primero y más importante de su agenda, el tema del agro; de suerte que lo mínimo que se podía pedir en ese escenario a un movimiento nacional campesino y a los negociadores del conflicto, era abrir sus agendas políticas y hacer el debate nacional abierto que históricamente han evadido las oligarquías, el del modelo de desarrollo agrario. Santos salió bien librado en cuanto pudo negociar por separado con cada sector, y no todos entendían que resolver sus demandas en conjunto era un paso crucial hacia la pacificación del país.

Más allá del libre comercio y sus tratados leoninos, y la consolidación del gran empresariado rural bajo la sombra de la confianza inversionista, la movilización de la periferia profunda le recordó como otras veces a la sociedad su deuda histórica con el campo, la pequeñez de su dirigencia y el costo en sangre que seguirá pagando si no se decide a escuchar esa otra Colombia. Por ello, la negociación del conflicto armado con la insurgencia y la negociación del conflicto agrario con las organizaciones civiles campesinas, aunque muchos no lo entiendan o no lo acepten, son las dos caras de la misma moneda.

El tercer frente en que Santos tendrá que emplearse a fondo para alcanzar su reelección, es el de la lucha contra el expresidente que según el Tribunal Superior de Medellín, parafraseando a un director de El Espectador, se baña en las piscinas sin mojarse. Allí la confrontación parece menos comprometida para el presidente en ejercicio, pues su adversario antecesor tiene enemigo propio y legitimamente ganado a lo largo de toda su carrera política: es el sector del poder judicial que resistió su persecución y continúa abrazado al derecho, los jueces que lo han mandado investigar por la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía por delitos de paramilitarismo y conexos. El sistema judicial colombiano está diseñado para la impunidad de los presidentes, pero sí alcanza para que algunos segundones conozcan “cárceles” aunque sea de cinco estrellas. Es el caso de Luis Alfredo Ramos, quien a propósito, pocos días antes de su captura afirmó en un debate televisado que el paro agrario estaba infiltrado por las FARC y era subversivo: pájaros disparando a las escopetas.

Otros dos precandidatos presidenciales uribistas cargan con señalamientos de paramilitarismo, y el mismo Álvaro Uribe volvió a ser señalado el 6 de septiembre, esta vez, por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín. El juego político de esa fuerza se está reduciendo a lo mínimo y su apuesta máxima apunta hacia un fracaso de las negociaciones de paz que les dé aire para seguir instigando la guerra y extenderla a los “guerrilleros de civil”, que sigue viendo en todos los ciudadanos que se le oponen.

En la perspectiva de boicotear la negociación de la paz, el uribismo se esfuerza en deslegitimar por igual al gobierno, a las FARC y al proceso mismo. Enceguecido, ha posado de aliado de algunas de las causas campesinas, sin importarle que en sus dos cuatrienios se cocinaron los tratados de libre comercio y se despojaron a los campesinos centenares de miles de hectáreas. El Centro Democrático uribista le teme a un acuerdo de paz porque su existencia está ligada a la guerra; se alimenta del fracaso de la negociación de la paz en la administración Pastrana y aspira a que la actual corra la misma suerte, pues la firma de un acuerdo definitivo los dejaría sin programa y les plantearía el reto de inventarse una guerra nueva, ahora protagonizada por ellos mismos.

Los caminos de las reelecciones son siempre “culebreros”. Si no, que lo diga Uribe, quien para lograrla tuvo que reformar la constitución mediante un delito, el cohecho de la “yidispolítica” por el que algunos ya fueron condenados y otros siguen esperando la cárcel. Santos por lo menos encuentra el camino constitucional abonado, aunque sea mediante el delito de los uribistas, pero tendrá que hacer tantas concesiones a tantos actores que con seguridad la nómina burocrática y el presupuesto no le van a alcanzar. Ya lo vimos en la crisis ministerial reduciendo las cuotas de unos para ampliar la de los otros y creando fricciones nuevas dentro de la clase política que lo rodea a través de la Mesa de Unidad Nacional.

Todo se pondrá al servicio de la sagrada causa de la reelección, incluida la “suprapartidista” política internacional. Las promesas, compromisos y buenos propósitos del gobierno, están ya a la orden del día. Tampoco sería de extrañar que en este nuevo “bienvenidos al futuro” Santos haga rendir tanto la mermelada, que pueda untar el plato de algún uribista o algún “izquierdista” dispuesto a todo, de Garzones como los que ya ha incorporado a su proyecto en el intento de cooptar los movimientos sociales.

El nuevo auge de la movilización popular y democrática, la negociación del conflicto armado con las FARC y pronto con el ELN, y la oposición disminuída del uribismo, son los tres campos de batalla en los que se dirimirá la suerte de la reelección. El que plantea las mayores urgencias es indudablemente el de los diálogos de La Habana, salvo si las partes flexibilizan sus cronogramas y los independizan de la agenda electoral para 2014. Los otros dos elementos están estrechamente vinculados al anterior, pero de diferente forma: un fracaso de la negociación ampliaría la audiencia del relato autoritario de los uribistas, mientras que la firma de un acuerdo los dejaría como una fuerza marginal. Para los movimientos sociales y la protesta ciudadana, la apuesta es la contraria, pues un acuerdo de paz solo puede implementarse mediante reformas sociales y políticas que le reconozcan a la oposición su vocería legítima y a los excluidos sus derechos largamente conculcados. Un conflicto de más de medio siglo no puede estar hecho de retóricas sino de opresiones y vejámenes que han dejado huella en la historia nacional. Son estas las tres cartas que están en juego en el período que va desde el paro agrario hasta la posesión del próximo o del mismo presidente que hoy tenemos los colombianos.

12 de septiembre de 2013.