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Denuncian en la ONU genocidio indígena en Colombia

El Espectador / AFP  

El texto enumera masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, sufridos por los wayúu.

Los indígenas en Colombia son víctimas de genocidio, afirmó Angélica Ortiz, dirigente de la comunidad wayúu, en declaraciones a la AFP, antes de presentar su denuncia ante la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos este viernes en Ginebra.

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El Espectador / AFP  

El texto enumera masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, sufridos por los wayúu.

Los indígenas en Colombia son víctimas de genocidio, afirmó Angélica Ortiz, dirigente de la comunidad wayúu, en declaraciones a la AFP, antes de presentar su denuncia ante la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos este viernes en Ginebra.

“Muchos de los más de cien pueblos indígenas reconocidos en Colombia somos víctimas de genocidio, a causa del ataque de los grupos paramilitares que se disputan territorios, el contrabando de gasolina de Venezuela y el narcotráfico” así como por los desalojos forzados y el despojo de tierras por la minería.

La Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de la ONU (1948) incluye los actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, y “la matanza de miembros del grupo”.

“Venimos a pedir que intervengan los mecanismos de la ONU para frenar las graves y continuas violaciones de los derechos humanos, con un conflicto interno que aumenta la violencia, en la que participan militares de Estados Unidos que vuelven de sus operaciones en Irak y Afganistán”, agregó el abogado colombiano Alirio Uribe Muñoz, que acompaña a Angélica Ortiz como miembro de la ONG Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

En el territorio del pueblo wayúu se están emprendiendo ocho megaproyectos mineros y energéticos autorizados por el gobierno de Juan Manuel Santos, explotados por multinacionales de Suiza e Inglaterra, entre ellos la mina a cielo abierto de carbón de El Cerrajón, la más grande de Latinoamérica, según un documento de trabajo de los dos dirigentes colombianos al que accedió la AFP. En esa zona hay 3.670 toneladas de reservas de carbón térmico, “particularmente atractivo para el mercado internacional, dado el bajo contenido de azufre y cenizas, calidad que coincide con la legislación ambiental europea”, precisa el documento.

El texto enumera masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados, sufridos por los wayúu.

Los indígenas reclaman el respeto de la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza “la consulta y el consentimiento previo, libre e informado respecto a actividades que puedan afectar sus derechos, tierras y recursos naturales”.

Los dirigentes afirman que esa Declaración ha sido ignorada por el gobierno de Santos, al que asimismo acusan de no mejorar la situación del país en cuanto a la violencia imperante, comparándola con la que prevalecía bajo su predecesor, Álvaro Uribe.

Indican que existen actualmente entre 3.500.000 y 5.500.000 de desplazados en virtud del conflicto interno, casi un 10% de la población del país, de acuerdo a una media de 300.000 desplazados anuales desde 1995, con unos 280.000 desplazados en 2010.

En ese contexto se inscribe la querella penal presentada en Zoug, Suiza, el 5 de marzo de 2012, contra la primera multinacional alimentaria del mundo, la helvética Nestlé, por su presunta “responsabilidad penal cooperativa por omisión”, ante el homicidio en Colombia del sindicalista Luciano Romero, quien trabajó en la empresa, concluyó el abogado Uribe Muñoz.

El Espectador, Bogotá, abril 27 de 2012.

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