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Detrás del sector salud existen grupos económicos poderosos que financian campañas políticas, denuncia presidenta de Acesi

Por Tomás Aguirre / Confidencial Colombia

El sector de la salud viene en caída libre desde hace varios años. Para miles de manifestantes que han salido a marchar recientemente, la debacle inició con la Ley 100 impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, la cual cambió un derecho fundamental por un negocio. Confidencial Colombia habló con la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi- , Olga Lucía Zuluaga para que expusiera los pormenores de esta nueva reforma del Gobierno Santos.

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Por Tomás Aguirre / Confidencial Colombia

El sector de la salud viene en caída libre desde hace varios años. Para miles de manifestantes que han salido a marchar recientemente, la debacle inició con la Ley 100 impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, la cual cambió un derecho fundamental por un negocio. Confidencial Colombia habló con la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi- , Olga Lucía Zuluaga para que expusiera los pormenores de esta nueva reforma del Gobierno Santos.

Acesi se creó desde 1999 por la necesidad de agrupar a todas las entidades públicas entorno a intereses comunes. Olga Lucía Zuluaga lleva siete años a la cabeza de esta asociación y cree que no es lógico que luego de asistir a foros,  debates, reuniones, de entregar documentos; en últimas, según la doctora, el Gobierno saque una propuesta que realmente no soluciona la actual crisis.

Confidencial Colombia: ¿Cuáles son los problemas que esta nueva reforma al sistema de salud continúa sin poder solucionar?

Olga Lucía Zuluaga: Una de las grandes dificultades que tiene el sector es que el 70 por ciento de las aseguradoras, llámese EPS, están sin margen de solvencia y sin patrimonio. Esto quiere decir que se están entregando los recursos públicos a entidades que no cumplen con indicadores para continuar y tener permanencia en el sector. La Superintendencia debería actuar, tiene las herramientas, de hecho a intervenido con algunas pocas como Solsalud, entre otras. Qué pasa con entidades como Caprecom, que no cumple absolutamente con ningún indicador. Es la EPS que más debe, tiene en su junta directiva a tres ministros y no actúa precisamente para que la gente no se siga muriendo. Porque el problema es que se nos está muriendo la gente por falta de red o por falta de contrato.

En segundo lugar, si nosotros hablamos de una reforma es para mejorar, no para quitar derechos adquiridos que hoy en día tenemos. Ahora, nuestro sistema de salud está enfocado a la enfermedad, en donde a los hospitales y gerentes los evalúan y premian por el número de consultas que hicieron, por los pacientes que estuvieron acostados o por las cirugías que se realizaron. Si seguimos en este sistema Jamás van a actuar los recursos. Jamás vamos a tener unos perfiles de morbilidad adecuados. Es como decirle a una persona que tiene un montallantas, que se gana la vida porque las llantas se pinchan, que lo van a poner a barrer las calles para que no haya objetos que dañen las ruedas. No, a él le interesa es que se pinchen las llantas para poder facturar: así tienen a los hospitales.

Es más, hay un indicador que nosotros estamos cuestionando y pedimos la derogatoria del decreto 2509, porque están evaluando solamente a los hospitales por flujo de caja, ni siquiera por lo que facturan sino por lo que les ingresa, y con esta relación así puede gastar. Esto ha llevado a que varias clínicas, incluyendo las de Bogotá, no tengan cómo trabajar porque no tienen la forma para que les autoricen presupuesto ya que no les han pagado.

El no pago de las EPS se ve reflejado en que el año pasado apenas se recaudó un 60 por ciento de todos los prestadores públicos. Entonces, de cada 100 pesos se obtienen 60. Esto quiere decir que ese número recaudado es lo que realmente se pueden gastar, pero hay que seguir atendiendo al usuario. Entonces se debe pagar medicamentos, proveedores, profesionales, independiente que paguen o no.

C.C.: ¿Por qué cree que el Gobierno sigue insistiendo en una reforma que para ‘los embatados’ es totalmente nociva para el sector?

O.L.Z.: Lastimosamente no se puede desconocer que detrás del sector salud existen grupos económicos bastante poderosos, que de una u otra forma fueron los que financiaron las campañas políticas a todo nivel. A los grupos económicos que me refiero son la industria farmacéutica, los mismos dueños de las EPS. Por eso no podemos desconocer que ellos son precisamente los que manejan este país. Entonces, en la medida en que se les está quitando el negocio, ellos empiezan a ver que obviamente esto no les conviene.

De acuerdo con esto, hay que recordar que más de cien senadores se declararon con impedimentos. Incluso uno debería evaluar realmente si están todos los que debieran estar. Porque en últimas, cuando se revisa cómo fueron las financiaciones de las campañas, se puede ver que fue a los partidos políticos, desde El Partido de La U, de Cambio Radical, el Partido Liberal hasta el Conservador. Todos recibieron. Los únicos que no tuvieron recursos de las EPS, y está documentado, fueron el Mira y el Partido Verde. Del Polo Democrático Alternativo no tengo registro. De todas maneras esos números se conocen. No estamos hablando de 10 o 50 millones, estamos hablando de mil millones que por ejemplo recibió Cambio Radical.

C.C.: ¿Cómo ha sido el papel del ministro Alejandro Gaviria en el desarrollo de medidas para construir una verdadera reforma a la salud?

O.L.Z.: Ha sido un papel muy pasivo. Le ha entregado totalmente el protagonismo al ministro de Hacienda, cuando él no conoce realmente el entorno en el manejo de los hospitales. Un hospital no puede ser manejado, como lo ha dicho la Corte Constitucional, exclusivamente mirando ingresos versus gastos.

Hay una serie de causas y consecuencias para esta crisis que tienen que entrar a analizarse. La misma norma lo dice, hay que revisar el entorno para revisar precisamente las condiciones del mercado. Hoy en día, el 90 por ciento de las EPS no contratan el porcentaje mínimo que exige la ley. Hay EPS que ni siquiera están contratando con los hospitales y está en la ley. Si a los hospitales no los contratan cómo van a facturar.

Por otra parte están los subsidios de oferta. Hay hospitales que por muy eficientes que sean, por estar en zonas alejadas o con poblaciones muy dispersas, igual tampoco van a facturar pero sí deben tener todo el personal 24 horas por si llega un paciente. Con una vida que se salve, desde el punto social, es un ser humano que no muere. Desde la parte económica, es una pérdida para la institución, sobre todo por la forma en que nos evalúa en Ministerio.

En ese orden de ideas, la norma establece hace mucho tiempo atrás que ellos deberían estar financiándolo con subsidios de oferta para que esas instituciones estén abiertas 24 horas, cuando en eficiencia no pueden demostrar equilibrio financiero, eso no lo han hecho.

Para nadie es un secreto el tema de flujo de recursos, que es la principal talanquera. Entonces uno se pregunta: por qué si existen varias variables que deberían ser evaluadas cuando un hospital entra en crisis o tiene en rojo sus balances  no las evalúan. Resulta que solo están viendo una y les dicen: ‘Usted con sus ingresos no está garantizando sus gastos’.

Por ejemplo, nosotros tenemos hospitales como el de Abriaquí, Antioquia, en donde ya ordenaron su liquidación, su déficit es de 78 millones de pesos y la deuda que tiene con él es de 81 millones de pesos. Eso quiere decir que si le pagaran tendría cómo funcionar. Que es una población de dos mil habitantes: sí, pero entonces por qué se va a dejar desprotegida esa pequeña población.

C.C.: ¿Qué hay de cierto que las nuevas gestoras de salud van a ser diferentes a las criticadas EPS y qué cambios tendría este nuevo modelo?

O.L.Z.: Son tres grandes cambios, de los cuales hay uno muy significativo y beneficioso para las EPS y es que les quitan el riesgo financiero. Ya no lo tienen que asumir. De todas maneras no lo vienen asumiendo, aduciendo el no pago de Fosyga. En el día de mañana las gestoras ya no tienen ese riesgo financiero, pueden descansar por ese lado.

Otro tema que cambia, según la reforma, es que ya no van a recaudar, ni afiliar, ni manejar recursos, pero es curioso que esa función la vaya hacer Salud Mía. Esta va a empezar a funcionar a los dos años de empezado el proyecto, cuando las EPS cambien su ‘ropaje’ a gestora. Entonces uno se pregunta por qué después de dos años las gestoras van hacer recaudo, afiliación y manejo de recursos mientras actúa Salud Mía. Estamos hablando que dos años después de la creación todavía no va a tener la capacidad para manejar los recursos, dejando nuevamente ese manejo a las gestoras.

La tercera diferencia es que hoy en día las EPS cuando niegan un servicio, no autorizan un servicio, glosan una cuenta o no le pagan a un prestador se van quedando mes a mes con esa plata. Cuando se haga el cambio a gestora, no les van a pasar la plata. Hay un Banco que se va a llamar Salud Mía que va a tener la plata de las gestoras, sin situación de fondos. Van a tener una chequera y estas van a empezar a girar cheques. Ya de entrada, con eso, están trasladando recursos públicos a privados.

La explicación se da, a pesar de que el Fiscal General quiere disfrazar las cosas pero ya la Corte y la Contraloría aclararon, que las EPS tiene 100 pesos. De esos 8 son para mi administración y pueden hacer lo que bien tengan. Los otros 92 son exclusivos para el sector salud. Ellos desde la ley 1122 debieron manejar dos bolsillos aparte. Los manejaron en uno solo y por eso hicieron lo que hicieron: canchas de fútbol, Villa Valeria, básquet, etc.

Hoy en día ya tienen cuentas separadas. Los 92 pesos son exclusivos para salud, no lo pueden gastar para nada más y está claro en la ley. Qué hace el nuevo proyecto, deja esos 8 pesos como administradora de las gestoras y le deja en el banco Salud Mía esos 92 pesos. Cuando se termina el año fiscal, si quedó plata de lo exclusivo para la salud, por ser eficientes ese dinero se le van a entregar a las gestoras. En ese orden de ideas estoy trasladando recursos que no pueden usarse para nada diferente a la salud, lo estarían traspasando para que la gestora haga lo que quiera. Con un agravante: cómo pueden ahorrar y ser eficiente. Obviamente van a contratar los prestadores, van auditar las cuentas y van a decirle a Salud Mía cuánto pagan. O sea lo mismo que hace hoy una EPS.

Además, a pesar de que las normas se cumplen parcialmente, tenemos tanto la ley 1122 como el decreto 4747 que dice que si uno tiene un contrato por cápita me debe pagar el 100 por ciento anticipado. Eso es lo que ha permitido que los hospitales de primer nivel no estén cerrados, los que tiene cómo garantizar el mercado cuando los contratan. Las EPS no están pagando por debajo del 85 por ciento, tiene garantizado esos recursos. Y cuando facturan por evento, que es mediana y alta complejidad, cuando el paciente factura, deben pagar 5 días después el 50 por ciento y a los 30 días el 50 restante. Ese es el que nunca llega, está llegando solo el primero.

Qué está haciendo este nuevo proyecto, este dinero no  existe y dice: ‘usted gestora, siéntese con sus prestadores y defina el mecanismo de pago, cómo lo contrata y cómo lo paga’. Esto quiere decir que nos deja en peores condiciones. Por eso estamos diciendo que le da mayores poderes a las EPS, porque le da el sartén por el mango: el que tiene la plata, tiene el poder.

Confidencial Colombia.

 

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